URI BEN SCHMUEL: ¿QUIÉN CONTROLA A LA CONTRALORÍA?

Portada del diario La Razón del 6 de febrero de 2009 

Después de la monumental metida de pata de la comisión Webb y el papelón de Ingrid Suárez, el debate en torno a la Contraloría se enfoca en la búsqueda del candidato adecuado para suceder a Matute. Pero, con toda la obvia importancia que esto tiene, el tema de fondo es otro: si el gobierno quiere acometer una reforma del Estado exitosa, debería colocar en lugar prioritario de su agenda la necesidad de replantear los procedimientos de la Contraloría.  

No se trata de poner en tela de juicio la misión de este organismo, porque es de suprema importancia velar por la calidad del gasto público en el contexto de planeamiento estratégico y programación de las acciones del Estado. Pero para ello la Contraloría debería efectuar un trabajo rápido, inteligente e imparcial, características que no son precisamente su fuerte.   Es necesario cambiar la estructura de la Contraloría y modificar el enfoque que actualmente utiliza para la supervisión del gasto público. En el aparato estatal, este organismo es percibido como una especie de Gran Inquisidor para el cual todos los funcionarios están bajo sospecha y son culpables de algún delito hasta que se demuestre lo contrario.   Una serie de engorrosos procedimientos y regulaciones para la evaluación periódica del gasto lleva a una parálisis que demora la implementación de proyectos. Los mandos medios arrastran los pies y lo piensan no una sino veinte veces antes de tomar decisiones, por temor a las consecuencias legales posteriores.   Una verdadera reforma del Estado –a todas luces necesaria para lograr un aparato de proporciones adecuadas y con empleados calificados y efectivos que estén interesados en mejorar significativamente la ejecución del gasto público– debe pues encontrar un método para que, sin renunciar al control, se puedan adoptar decisiones ejecutivas y rápidas sin temor a posibles consecuencias legales futuras.   Recordemos cómo hace un par de años, Genaro Matute, en reunión en Palacio de Gobierno, se dio el gusto de reprochar al Ejecutivo una supuesta ineficacia en el uso de los recursos destinados al “shock” de inversiones. Lo que se cuidó de mencionar fue que la lentitud es en buena parte causada justamente por la maraña de procedimientos engorrosos del ente que encabezaba, y que reclama a gritos una modernización.   El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso para blindar a los funcionarios que ejecuten el plan anticrisis (del que damos cuenta en la página 8) es un paso en la dirección correcta. Porque la Contraloría dificulta la toma de decisiones. En vez de ser parte de la solución, se ha convertido en parte del problema, en momentos que el país reclama a gritos la rápida ejecución de los numerosos proyectos diseñados para aliviar la clamorosa situación en que viven millones de peruanos. Y de nada servirá encontrar un genio para dirigirla si no se hinca el diente a este asunto.

Fuente: La Razón

Germán Arciniegas difundiendoprensa@hotmail.com