¿Espía o chivo expiatorio? Las razones subyacentes de la debilidad del sistema de inteligencia

La semana pasada se ha hecho de conocimiento público el caso del suboficial FAP Victor Ariza Mendoza, que habría vendido secretos militares a Chile, tales como planes de repotenciación de aeronaves, relación de oficiales de inteligencia, información sobre la base aérea de La Joya, etc. Frente a esto el comando de la FAP actúo de manera adecuada, al trasladar el caso al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones pertinentes.En este contexto creemos que, antes de hacer escarnio de un caso en particular, lo que habría que analizar son las condiciones estructurales que permitieron que este sub oficial, presumiblemente en complicidad con varios otros, cometiera este delito. Sin lugar a dudas una variable a considerar son los bajos sueldos de los miembros de las fuerzas armadas, que se encuentran rezagados en el mercado laboral con respecto a los de otras profesiones. Esto motiva que baje la moral entre los oficiales y muchos opten por pasarse a la actividad privada. Pero también puede impulsar a algunos a complementar sus ingresos con actividades reñidas con la ley, como pudimos apreciar en el caso de Bussines Track. Esto de ninguna forma justifica los casos de corrupción o, como en este caso, la traición, pero si es un elemento que puede ayudar a explicar dichas conductas. Otro elemento a tener en consideración para explicar esto es la crisis de valores entre el personal de los institutos armados, que es la misma crisis de valores que vive la sociedad en su conjunto. Esta crisis solo se podrá superar a largo plazo, reforzando la formación ética de oficiales, suboficiales y personal de tropa. Pero al mismo tiempo se deben tomar medidas en el corto plazo, tales como el fortalecimiento de los sistemas de contrainteligencia militar, y continuar con la profesionalización de los servicios a través de la unificación de las escuelas de inteligencia. En este sentido algo se avanzó durante la gestión de Allan Wagner en el Ministerio de Defensa, cuando se emitió Resolución Ministerial 355-2007-DE/SG, que establece que el personal militar y civil de las direcciones, oficinas y órganos de inteligencia de los institutos armados esta prohibido de laborar y prestar servicios permanentes o eventuales en actividades de inteligencia privadas, ya sea a favor de personas naturales o jurídicas. Junto a los mecanismos institucionales para evitar este tipo de fugas de información, también se deben pedir las explicaciones pertinentes al gobierno chileno por este inamistoso incidente. Sin embargo, este suceso no debe ser excusa para escalar el conflicto diplomático con Chile y abandonar la propuesta peruana de un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación, con el fin de limitar los gastos en Defensa y las compras de armamento en Sudamérica. Este escenario solo beneficiaría a los traficantes de armas y a los que lucran -económica o políticamente- con los conflictos entre los pueblos.