¿Corrupción en los acantilados?

¿Corrupción en los acantilados? (*)

Hace unos meses, conversando con unos indignados vecinos, tomaba nota del patrón de comportamiento, usual en anteriores gestiones del Municipio, utilizado para facilitar la edificación en zonas protegidas como la Costa Verde, los acantilados o diversas zonas monumentales en Barranco.

El modus operandi es el siguiente: se presenta la solicitud de construcción en una zona excepcional. El municipio demora en responder, tanto que por la ley de silencio administrativo la falta de respuesta se interpreta como un permiso para construir. Como los vecinos se indignan, el municipio procede a suspender la obra pero no se digna en anular la licencia como corresponde. Para ello tiene un año desde el momento de otorgada la licencia, pero el municipio duda tanto que nunca lo hace. Vencido el plazo la constructora judicializa oportunamente el percance. Pide una acción de amparo al Poder Judicial. Por esas cosas del destino el PJ deriva el caso a un juez (que resulta ser siempre el mismo), el cual, a velocidad envidiable, otorga la acción de amparo con lo cual la empresa constructora puede continuar su nociva labor del aniquilamiento de la urbanidad del distrito barranquino.

Las diversas construcciones en los acantilados de Barranco son indignantes. No solo porque mutilan el paisaje urbano de Lima, sino porque han sido construidas en zonas declaradas como intangibles por el Instituto Nacional de Cultura, o sin la autorización de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. Aquí hay un grave problema que involucra a varias instituciones: el INC, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, el municipio de Barranco y la Municipalidad de Lima Metropolitana. Con la indiferencia de estas instituciones se ha procedido de manera irregular a construir edificios en varias zonas de los acantilados, lo cual demuestra que hay serios indicios de corrupción que la Contraloría debería investigar.

Algunos expertos indican que estas construcciones habrían debilitado a los acantilados de Barranco. De allí el deslizamiento de piedras asesinas que ya han ocasionado gravísimos accidentes. Sin embargo, Defensa Civil no se pronuncia sobre las consecuencias que tendrían estas construcciones en caso ocurriera en Lima un terremoto de gran magnitud. Se ignora, en ese sentido, las advertencias de ingenieros de primer nivel, como Javier Piqué, que se han pronunciado valientemente sobre las obras sin supervisión.

En estos momentos, me comunican los vecinos barranquinos, hay una obra en medio de los acantilados paralizada en su construcción. La municipalidad de Barranco tiene plazo hasta el 26 de diciembre para anular la licencia que la anterior gestión, del investigable exalcalde Antonio Mezarina, otorgara a último momento. Ignoramos el porqué a la fecha no se procede a la anulación de la licencia si todas las evidencias demuestran lo inapropiado e irregular de la construcción del pasaje Sucre, enclavado en el corazón de los acantilados.

Barranco no merece este proceso de destrucción sistemática. Desde la gestión de la exalcaldesa Fina Capriata, Barranco empezó un proceso de deterioro y mutilación de áreas y memoria urbana. Esperamos que la Contraloría colabore con la actual gestión municipal de Barranco para desmontar un nefasto patrón de comportamiento que tanto daño le ha hecho al distrito.

(*) Artículo publicado en la edición correspondiente al 21 de diciembre de 2011 del cotidiano Diario 16