Los derechos de las personas con discapacidad: El gran desafío de su aplicación efectiva

Juego de nueve fotografías que simboliza la diversidad de escenarios (las actividades formativas, el trabajo organizativo, las movilizaciones, los foros internacionales) en los que la RIADIS considera que deben estar presentes las organizaciones de personas con discapacidad, en la lucha para hacer efectivos los derechos humanos.

En octubre reciente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH) y la RIADIS, celebramos en Cartagena de Indias, Colombia, un seminario centrado en la implementación y monitoreo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En esta actividad, la RIADIS –a partir de un reciente estudio que realizó—, señaló que todavía no se ha empezado a implementar, en forma efectiva, el tratado en la región y peor aún, que en la gran mayoría de los Estados, todavía no se vislumbran acciones que indiquen que se están creando las condiciones necesarias para la implementación de la Convención. Esto se refleja, de manera muy clara, en que ni el inciso 1, ni el 2 del artículo 33 del tratado, han sido temas abordados en los países de la región, cuando en su gran mayoría ya entró en vigor nacional el tratado y en buena parte también internacionalmente.

Cabe recordar que el inciso 1 le plantea a los Estados el imperativo de designar la o los organismos gubernamentales, encargados de la implementación de las disposiciones del tratado y la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación que facilite el proceso de implementación. El inciso 2, por su parte, plantea a los Estados Partes, la obligación de designar o establecer “a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención”.

No vemos todavía una víspera de compromiso que nos anticipe un día de cumplimiento efectivo.

Estos dos importantes temas (implementación y monitoreo nacional de la Convención) fueron discutidos, desde la visión de expertas y expertos de distintos lugares del mundo, en Ginebra, Suiza, a finales del mismo mes de octubre. La OACDH organizó un foro sobre estos temas, con el fin de elaborar un estudio temático, que presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo venidero.

Confluyeron en el importante foro internacional, diversas experiencias, visiones y preocupaciones, que se orientan a que la letra y espíritu del tratado, se convierta en práctica viva, que se refleje en un cada vez mayor goce pleno de los derechos, por parte de las personas con discapacidad y en un mejoramiento sostenido de sus condiciones de vida, en todas las latitudes

Sin embargo, al pasar revista de lo que sucede en los países de nuestra región, comprobamos que la aplicación de la Convención y, en general, de los derechos de las personas con discapacidad, no es un tema para los Gobiernos, Parlamentos y otras instituciones estatales. Debemos ser claros y realistas ante lo que sucede para no auto-engañarnos. Contamos hoy con mejores normas en derechos de las personas con discapacidad pero su aplicación, se sigue postergando, en condiciones más difíciles o que tienden a empeorar.

Lo que está sucediendo en Argentina y México constituyen dos ejemplos relevantes, que en diversos temas y ámbitos se repite en otros países latinoamericanos.

En Argentina, organizaciones de personas con discapacidad, entre las que se destaca la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), organización miembro de la RIADIS, han denunciado la postergación de la aplicación, por cinco años más, de una norma que obliga al Gobierno de la capital a contratar, al menos, a un 5 % de sus empleados entre las personas con discapacidad. Esta norma ya fue postergada hace cinco años y hoy, después de que el Estado argentino ratificara la Convención, la Legislatura de Buenos Aires, repite la misma decisión discriminatoria y excluyente.

De esta manera, el derecho al trabajo para un grupo cuyos niveles de desempleo superan el 90 %, se convierte en derecho postergado e incumplido. Consecuentemente, lo expresado por la Convención (artículo 27) y otras normas argentinas, son convertidos en letra muerta.

De México proviene otra noticia negativa, relacionada con la situación de los derechos de las personas con discapacidad. Dos activistas con discapacidad, María Teresa Fernández y Carlos Ríos Espinosa, a través de un concienzudo estudio, denuncian un drástico recorte en el Presupuesto Federal para el 2010, en varios rubros (en algunos hasta en un 92 %), que afectan severamente a programas relacionados con la atención de las personas con discapacidad.

Así las cosas, el Gobierno mexicano que jugó un papel tan activo en la promoción del proceso de la Convención y en las negociaciones de Nueva York, muestra hoy una postura en que se destaca su evidente inconsecuencia. Bien lo dice el refrán popular: “Candil de la calle, oscuridad de su casa”.

Es seguro que si vamos, país por país, nos encontraremos con situaciones similares de incumplimiento y retroceso en materia de los derechos de las personas con discapacidad.

Ante este estado de cosas, las personas con discapacidad de América Latina y El Caribe, debemos de tomar clara consciencia que el cumplimiento efectivo de nuestros derechos y la implementación de la Convención, no se van a dar fácilmente y de manera activa, espontánea, por parte de los diferentes estamentos de nuestros Estados.

Se va a requerir de la participación activa y organizada de cada vez más personas con discapacidad y de familiares de las personas con discapacidad, que no se auto-representan. Va ser necesario que las organizaciones, que representan nuestros intereses, elaboren demandas y propuestas y definan acciones de incidencia política, que hagan que los problemas y necesidades de las personas con discapacidad, se conviertan en políticas públicas y programas, que hagan avanzar sostenidamente los derechos de las personas con discapacidad.

Ya lo hemos dicho, reiteradamente, por este medio electrónico: “Sin acción, no hay derecho”. La experiencia histórica de otros movimientos sociales, enseña que sin la lucha organizada de los sectores y grupos interesados, no se logran avances significativos en las condiciones de vida y los derechos de las y los excluidos. El camino para lograr avances en los derechos humanos pasa inevitablemente por la lucha firme de quienes son afectados por violaciones de sus derechos.

Por último es pertinente recordar que a partir de junio del 2010, muchos Estados deberán de empezar a entregar sus correspondientes informes sobre el estado de la implementación de la Convención al Comité Internacional de Seguimiento del tratado. Ya pronto los Estados que ya son parte del tratado –como México y Argentina, por ejemplo—deberán empezar a elaborar esos informes.

Las organizaciones de personas con discapacidad y sus aliados, deberán estar vigilantes velando para que esos informes muestren la realidad del incumplimiento y no las mentiras adornadas de medias verdades o las verdades a medias, que buscarían mostrar avances inexistentes o tan incipientes como reversibles. Este es también un escenario de trabajo y de lucha, en el cual debemos de incidir políticamente desde ya.

Todo esto nos debe hacer concluir que la agenda de lucha en derechos de las personas con discapacidad es ancha pero nunca nos debe ser ajena, a las organizaciones representativas. Tal es el gran desafío para alcanzar progresos sostenidos en el goce efectivo de nuestros derechos.Fuente: RIADIS