Demandan mayor asistencia para tres millones de peruanos en el extranjero

En el marco de la gestión iniciada por la doctora Beatriz Merino como Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial Nº 146, “Migraciones y Derechos Humanos.Supervisión de las políticas de protección de los derechos de los peruanos migrantes”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.   Tras analizar el marco normativo y organizacional a partir del cual el Estado está atendiendo los desafíos de la migración internacional, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ejecutivo la necesidad de que formule y proponga ante el Congreso de la República una ley–marco que defina los principios, objetivos y lineamientos de la política migratoria nacional, así como fortalecer la capacidad institucional del Estado a partir de un sistema estructurado, multisectorial y multinivel, que facilite la coordinación de los sectores gubernamentales respectivos y con la participación de los migrantes en sus distintas formas de organización.   En el curso de la supervisión –realizada entre marzo del 2008 y febrero del 2009–, la Defensoría del Pueblo visitó 11 consulados peruanos (en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador, y se recabó información de otros 6 ubicados en las ciudades de Miami, New York, Madrid, Tokio, Milán y Caracas). Esta supervisión permitió verificar que las principales demandas de los peruanos en el exterior están relacionadas con la necesidad de obtener orientación legal y ayuda en situaciones de extrema necesidad, por lo que se concluye que también es importante fortalecer los programas con que cuentan actualmente las Oficinas Consulares, a fin de que acopien mayores recursos humanos y económicos que permitan atender convenientemente a las comunidades peruanas en el exterior.   Adicionalmente, el Informe recomienda al Estado ratificar los Convenios de la OIT N° 97 y N° 143, referentes  a “Los trabajadores migrantes” y “Las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migratorios”, respectivamente. Del mismo modo, exhorta al Estado a aceptar la competencia del Comité de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares.   Con este Informe, la Defensoría del Pueblo busca aportar ideas–fuerza al debate público para el establecimiento de una política migratoria inclusiva e integral, inserta en el enfoque de derechos y acorde con los principios constitucionales que orientan a nuestra democracia.CARLOS ANDRADELA PAZ - BOLIVIA