Martes 07 de abril 2026 | Contáctenos
Desde hace muchos años, la Av. Abancay se ha convertido en zona de conflictos entre la fuerza del orden y variopintos grupos de manifestantes que pugnan permanentemente por llegar a la sede del Legislativo a través de dicha arteria.
Que marchar por la vía pública es un derecho constitucional, es cierto, como también lo es que nadie puede bloquearla y causar desmanes en perjuicio de terceros. Y esto último es lo que está pasando con miles de locales comerciales ubicados en la zona del Centro histórico que se ven obligados a cerrar sus puertas debido a que las autoridades cierran todos los accesos a zonas como la Plaza de Armas, el Jr. De la Unión y calles aledañas que es donde están ubicadas la mayoría de las tiendas perjudicadas, amén de las que laboran en la misma Av. Abancay.
La Confederación Nacional de Comerciantes, CONACO, es consciente del enorme daño económico que sufren estas tiendas que pierden alrededor de 50 millones de soles al día y que por lo mismo se ven en la imperiosa necesidad de despedir a cientos de trabajadores, la mayoría jóvenes, porque dichas pérdidas las colocan en situación casi de insolvencia.
Los empresarios confederados ven con mucha preocupación como las autoridades no reaccionan adecuadamente frente a lo que consideran un duro golpe a la economía de muchos empresarios y, sobre todo, de familias que se ven perjudicadas por el desempleo.
Ante esta situación es necesario actuar con severidad y celeridad. No es dable que por culpa de un grupo de manifestantes, se mande a la quiebra a miles de empresarios que generan trabajo, pagan sus impuestos y sostienen el desarrollo del país.
Por ello, la CONACO, está realizando las coordinaciones del caso, tanto a nivel de gobierno local como del Poder Legislativo para que se declare como zona rígida toda la Av. Abancay y calles adyacentes.
Es tiempo de poner orden y acabar con actitudes que rayan más en el libertinaje que con el justo reclamo de las personas. Estamos de acuerdo con la constitución en cuanto a utilizar las vía públicas para organizar marchas, pero también exigimos que se respete el libre tránsito y la protección al bien público y privado, que también son derechos consagrados en nuestra Carta Magna.
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