La Descentralización, concebida como política de Estado no debió ser un proceso de largo alcance tal y como fue concebida desde su norma de creación; ello fue entendido por el actual gobierno que la ha dotado de voluntad política y disposición económica en el inmediato plazo, por cuanto de su efectiva ejecución depende el desarrollo de los pueblos más necesitados del país; con ella las regiones podrán diseñar y ejecutar sus propios planes de desarrollo, priorizando sus necesidades. La articulación entre los tres niveles de gobierno Central, Regional y Local, permitirá que los problemas se conozcan en su real dimensión para planificarse y ejecutar su solución.
Para lograr los objetivos previstos en la descentralización, las regiones vienen percibiendo sustantivos ingresos producto de las transferencias que efectúa el gobierno central para ese fin; asimismo se viene ejecutando la transferencia de funciones y competencias de los distintos sectores (Salud, Vivienda, Educación, etc.) para que estas diseñen sus proyectos de desarrollo regional. Sin embargo la incapacidad de gasto demostrada por la gran mayoría de las regiones durante la ejecución presupuestal pasada demuestra la necesidad de ofrecer a estas de los mecanismos necesarios para la oportuna toma de decisiones.
La Mancomunidad, como proceso de asociatividad refleja la preocupación estatal por consolidar el desarrollo de los pueblos del interior, bajo un requisito ineludible, que el esfuerzo principal de los pueblos asociados radique en la postulación y solución de los problemas de sus comunidades.
Bajo el lema “La unión hace la fuerza” los pueblos del país deberán unir esfuerzos para solucionar sus problemas más inmediatos, contando para ello con beneficios adicionales en la postulación de financiamiento para sus proyectos de desarrollo; urge intervenir con mayor eficacia en aquellos lugares donde la inversión pública se hace esperar, aunándose a ello el atraso y postración de los pueblos altoandinos, ahondados por el problema de la dispersión como componente de carestía en los proyectos formulados para ejecutarse en nuestra serranía.
Sabido es que las comunidades altoandinas se caracterizan por su dispersión, haciendo excesivamente onerosos los proyectos que pretendan ejecutarse bajo esas circunstancias; verbigracia si ejecutáramos el mismo proyecto en otra realidad social (me refiero a la composición de la comunidad) su costo sería mucho menor, por cuanto solamente en ahorro de materiales y mano de obra reduciríamos enormemente el costo del proyecto, haciendo posible una mayor prestación de servicios a la comunidad por parte del Estado y a un menor costo.
Para ello se requiere de la asociatividad, como mecanismo que permita el trabajo conjunto de los pueblos en la búsqueda del desarrollo comunal, asimismo dicha labor de gestión debe ser apoyada por todos los actores sociales, entiéndase (población, docentes, médicos, paramédicos, ministerios, gobernadores.), quienes indistintamente de sus posiciones políticas deben participar en el desarrollo de sus pueblos.
Debe destacarse la dación del D.S. Nº 002-2008-PCM, que crea la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales, la cual luego de su reglamentación deberá continuar con el objetivo previsto en su norma de creación.
No olvidemos que el principal problema de nuestra nación radica en la ausencia de un paradigma de Estado que englobe la solución a los problemas que aquejan a todo el país, debemos trabajar en la construcción de un proyecto nacional que comprometa a toda la nación y partiendo de ello se tracen metas y objetivos a corto mediano y largo plazo.
Por: Marco Antonio Heredia Timaná
Cargando...
