La inseguridad ciudadana en tiempos de Alan García

“LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN TIEMPOS DE ALAN GARCIA” Jorge B. Hugo ÁlvarezAbogado Nunca antes la inseguridad ciudadana ha cobrado dimensiones gigantescas que hacen del común de los peruanos seres mortales que viven la peor de sus pesadillas como proterva realidad. La delincuencia es poco controlada e incentivada por la permisibilidad corrupta de las instituciones encargadas de combatirlas claramente fortalecida por inacción e ineficacia del Gobierno Central. Peligro real que puede ubicar a los peruanos optar por la seguridad antes que por la libertad; entonces, las condiciones objetivas y subjetivas afloran para felicidad y beneplàcito de los dictadores o autócratas de todo pelaje. El Gobierno pretende explicar estos altos índices de criminalidad como consecuencia del crecimiento económico que genera avidez, codicia, envidia de unos contra otros. Esta explicación simplista de nuestro ególatra Presidente no resiste un mayor análisis crítico; sin embargo, abierta queda una realidad fáctica de entender esta relación básica: a mayor crecimiento, mayor criminalidad; explicada, desde luego, no por la avidez o envidia, sino por la exclusión de sus beneficios a las grandes mayorías nacionales. No todo puede hacerse en favor de unos pocos privilegiados y mimados por el Gobierno Aprista (sector minero, petrolero, gasífero, banca y finanzas, AFPs, servicios, etc. controlados fundamentalmente por capitales extranjeros) sino fundamentalmente a favor de los pobres y del capital nacional.  Las buenas políticas económicas no pueden fallar por el lado de la inclusión y de la redistribución más equitativa de la riqueza nacional. No se trata de gobernar sólo para los ricos, tampoco contra los ricos; en todo caso para todos los peruanos en general; de manera que ningún ciudadano sienta que es excluido de las buenas políticas económicas. Esto es así porque la persona humana se relaciona por conveniencias e intereses (comunes y/o particulares) no a través de normas. Las normas solo regulan estas conveniencias e intereses. Por eso el derecho penal como ciencia de la sociedad no está determinado por la realidad normativa sino por la realidad de conveniencias e intereses regulados por el derecho de manera simétrica o asimétrica (justa o injusta). Históricamente se demuestra que en los momentos de crisis cuando las pugnas entre los antagonistas alcanzan el umbral de la hostilidad surgen los cuestionamientos a las reglas imperantes. Sin embargo, los problemas del momento y del futuro no pueden resolverse sólo a partir de relaciones normativas. Se hacen imperativas medidas alternas al Derecho Penal como política de Estado y no de Gobierno. Ninguna política criminal de gobierno tendrá el efecto esperado de combatir la delincuencia en sus raíces si ella no se combate así misma por el lado de la corrupción que todo lo corroe; tampoco, sino se aspira a construir una sociedad más simétrica entre sus componentes. La delincuencia se explica de alguna manera por las condiciones de miseria de las grandes mayorías nacionales, crisis de valores, corrupción de las altas esferas del Gobierno Nacional, Regional y Vecinal, etc. no se explica por falta de equipamiento de la Policía Nacional, sueldos paupérrimos, falta de personal policial entre otras sandeces. Es simple: Si se quiere ser eficaz en el combate de la criminalidad es fundamental reorganizar profundamente a la policía nacional (muy competente pero corroída por la corrupción) y luego articular sistemáticamente a todas las fuerzas de seguridad (policía, servicios de inteligencia, serenos, policía particular y vecinos en un sistema único de defensa ciudadana contra la delincuencia. No olvidemos que el peruano no nace delincuente se hace delincuente. No es permisible aceptar una relación deficitaria de policías en relación a la cantidad de población en un área determinada porque ello supondría reconocer que todo peruano es un potencial delincuente. Lo cual de por sí es insultante; la porción de delincuencia no es superior a la población en general sino minúscula y focalizada. ¿Como entonces una minoría de desalmados puede poner en zozobra a todo un país? Muy simple, porque hasta el delincuente se rige por las reglas del mercado: costo-beneficio y un menor riesgo alentado por arreglos con la autoridad. Esta ecuación malsana no hace posible avances contra la delincuencia. En todo caso, no todo es cuestión de policías, derecho penal, fiscal o jueces sino políticas inclusiva, sociedades más simétricas, redistribución de la riqueza nacional, justica social, políticas de Estado alternos al Derecho Penal, rescate de valores auténticos, fomentar el éxito personal dentro de los social y no de cualquier manera, etc.  Pues bien, al hablar de una sociedad asimétrica pensamos en un contexto en el que las reglas de juego reproducen una asimetría entre individuos y corporaciones dejando a expensas de un poder asimétrico los principios de igualdad de oportunidades, del reconocimiento justo de los derechos en general, sobre la autonomía sobre el cual se erigieron las justificaciones de un Derecho Penal garantista moderno para el siglo XXI. Las relaciones simétricas en una situación asimétrica suponen un reto al marco ideal de interrelación de un estado de derecho social entre individuos libres e iguales posibilitando así no se quiebre a favor de un lado de la balanza.”Existe actualmente un tremendo desequilibrio entre la toma de decisiones individuales tal como se expresa en los mercados y la toma de decisiones colectivas tal como se expresa en la política”[1].En estas condiciones nada es tan indigno para el peruano sufrir la violencia de la injusticia social porque ello le anula. Entonces siente la necesidad de exigencia de justicia social  para ejercerla en democracia porque forma parte de su humanidad al cual no puede renunciar cobardemente. Esta pretensión de liberarse de la injusticia, de la corrupción, de la delincuencia, es una imperativa de la hora presente que le anima su espíritu libertario.Adicionalmente a lo antes indicado es bueno tener presente las buenas políticas criminales que pueden cumplir una función de creación del Derecho penal positivo y de las nuevas instituciones de control social para prevenir y luchar contra la criminalidad. De allí la importancia de dar el nivel de importancia necesario a las decisiones valorativas de política criminal en el Sistema del Derecho penal pero sin sobredimensionarlas[2]. La génesis del hecho punible no es aislada sino interactiva o socializante. En tal sentido se hace necesario afinar todo el sistema nacional de control social como prevención del delito alternativo al Derecho penal. La reacción social debe ser planteada dentro de un plan general de medidas de política criminal que, en todo caso, respondan de manera sistematizada, racional, coherente a las expectativas de protección de la sociedad. No hay formas más eficaz que las políticas sociales, económicas y políticas inclusivas; lo cual no implica que se prescinda de medida concretas de naturaleza penal. El control social es una expresión concreta de la política general del Estado. No se concibe una sociedad sin control social que es la antípoda del caos; siendo la buena política criminal uno de los aspectos de la política general del Estado. En tal sentido, sólo aceptamos y podemos entender la política criminal como la ciencia que se ocupa de la mejor manera de configurar el Derecho penal de la manera más eficaz posible para que pueda cumplir con su función de protección de la sociedad; a los efectos de sus funciones tiene en consideración las causas del hecho punible e intenta comprobar la eficacia de las sanciones penales, pondera los limites hasta donde puede extender el legislador el Derecho penal, para coartar lo menos posible la libertad y las garantías ciudadanas; asimismo, permite establecer mecanismo garantistas de cómo redactar los tipo penales de manera expresa e inequívoca. Chaclacayo, 25 de diciembre del 2010.