Fiscalía investiga a jueza prevaricadora en caso LAP

La jueza que cierta prensa considera que es muy proba

¿Recuerdan que “Correo” inventó que este diario estaba acusando por puro amiguismo a una jueza proba en el caso del desalojo del módulo de venta de artesanías del aeropuerto? Pues bien, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público del Callao acaba de abrir investigación a la doctora Dora Carhuamaca por presunto delito de prevaricato. Aquí nuevas revelaciones sobre el caso.El 19 de febrero de 1996, dos alegres parejas abordaron el vuelo de United Airlines con dirección a Estados Unidos. El simpático grupo estaba integrado por los abogados Luis Gilberto Vargas Valdivia y su esposa María del Rosario Matute Llaves, y Enrique Fernando Ramal Barrenechea y su esposa Elizabeth Alicia Matute Llaves. El 28 del mismo mes, los cuatro chequearon su regreso de Estados Unidos en el aeropuerto Jorge Chávez. Es decir se fueron y regresaron juntos como corresponde a un tour en familia. ¿Qué tiene de extraño este viaje de vacaciones de dos hermanas con sus respectivos cónyuges? En 1996, probablemente nada. El problema es que hoy en día el doctor Vargas Valdivia, famoso como ex procurador anticorrupción contra Fujimori, y tal vez menos conocido como patrocinador de empresas que hicieron buenos negocios en época de Fujimori, defiende los intereses de la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, LAP, en diversas causas, entre ellas, en un proceso de desalojo contra la empresa Cexport Exclusive que vende artesanías peruanas en el espigón internacional. Y su concuñado el doctor Ramal Barrenechea es vocal supremo en la Corte del Callao y el encargado de presidir la sala que verá la apelación de este caso, el que deberá dictaminar si los argumentos de su pariente tienen la razón. Esta insólita situación se ha producido, porque luego de observarse la presencia de una persona relacionada con el abogado de una de las partes dentro de la composición de la sala, los otros dos miembros declararon que reiteraban “toda su confianza” en Ramal, como si ellos fueran los interesados, ante lo cual el vocal cuestionado anunció que se quedaría en su puesto, imaginando que se trataba de una votación. Obviamente este es un gran contrasentido, que no puede seguir adelante sin invalidar la totalidad del proceso. Mucho más, en un momento en que por vía paralela se ha empezado a tambalear la resolución de primera instancia dictada por la doctora Carhuamaca que ordenaba el inmediato desalojo del módulo conducido por Cexport. DETALLELo que dice el Código Penal. El artículo número 3 del Código de Procedimientos Penales dice: “Cuando en la sustanciación de un procedimiento civil aparezcan indicios razonables de la comisión de un delito perseguible de oficio, el juez dará conocimiento al representante del Ministerio Público para que entable la acción penal correspondiente. En este caso, el juez suspenderá la tramitación civil, siempre que juzgue que la sentencia penal puede influir en la que debe dictarse sobre el pleito civil…”. Es decir cuando hay un proceso penal (usurpación y otros), sobre uno civil, el primero prevalece y suspende los efectos del segundo. Esto no ofrece dudas ni dobles interpretaciones.Raúl WienerUnidad de InvestigaciónFuente: La Primera