Implementación de las convenciones internacionales anti-corrupción

(*)Oscar Maúrtua de Romaña

 En todo el continente persisten importante retos que impiden el desarrollo pleno de las naciones, tales como el desempleo , la desigualdad , la inseguridad y la pobreza; problemas que conjugados propician la aparición de condiciones idóneas para que males sociales como la corrupción aparezcan atentando contra la estabilidad en la región y desvirtuando los logros alcanzados.

Estos factores generan un círculo vicioso, en el cual siempre que persista uno , existirá el otro, siendo por ello necesario erradicarlos a toda costa mediante una lucha incesante que culmine con un mejor nivel de vida para todo individuo y una mayor solidez para los gobiernos y sus instituciones.

La corrupción es un problema que sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los principales retos de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Por esa razón, en  1996 la OEA aprobó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, como parte de una estrategia que tiene entre sus objetivos reforzar la democracia. Este documento ha servido de inspiración para otros tratados internacionales con fines semejantes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, abierta a firma en Mérida, Yucatán, en diciembre del 2003.

Los Estados han adoptado dichos convenios para combatir la corrupción, pues ésta despoja de legitimidad a los gobiernos y quita  las instituciones los recursos para proveer servicios esenciales, diluyendo la posibilidad de tener que social y económicamente estimule la inversión de capitales y el crecimiento económico.

Muestra de ello son las cifras reveladas por el Foro Económico Mundial, que afirman que el costo anual de la corrupción mundial equivale a más del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, calculado en alrededor de 2.6 billones de dólares, constituyéndose en el mayor obstáculo para el desarrollo en el mundo.

Por ejemplo, en México, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), los emprendedores y empresarios que producen en el país destinan 10 % de su ingreso anual al pago de sobornos y cohechos, lo que a nivel macro significa el gasto de hasta 9% de PIB anual.

Debido a dichas implicaciones, que también tienen consecuencias sociales en todo el continente, nació mediante el “Documento de Buenos Aires” el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC) en el seno de la OEA,  el cual comenzó a operar en enero del 2002.Este Mecanismo fue establecido a los avances en la materia mediante un proceso  de evaluaciones reciprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos

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o requieran mayores avances, con respecto a los principios de soberanía, no intervención e igualdad jurídica de los estados.

El mecanismo ha realizado evaluaciones que confirman que las instituciones, los marcos jurídicos y las políticas públicas en esta materia son fundamentales y que, con frecuencia, las fallas en este frente pueden estar en el origen de muchos de los problemas que tenemos en materia de transparencia y probidad. Las evaluaciones revelan que, en algunos casos, los países no cuentan con leyes o medidas en los temas examinados; que, en algunos, las que existen no son suficientes para los propósitos de la convención; y que, en otros más, no se puede valorar su efectividad, pues no pueden conocer los resultados de ellas. Es decir, todavía se carece de reglas de juego claras que sancionen los actos tramposos y ventajosos propios de la corrupción y acto seguido, mecanismos de rendición de cuentas que permitan detener o cortar de tajo con la escalada de actos de corruptela.

Estos esfuerzos que vienen realizando la OEA buscan terminar con la corrupción en nuestra región ya que, constituye, como es reconocido  “una amenaza a la seguridad de nuestro continente”.

En este sentido , es necesario reiterar la exhortación que ha hecho la OEA para fortalecer la cooperación multilateral como compromiso de todos los Estados Americanos en la lucha contra la corrupción , la cual es ya imprescindible debido a que está amenaza con contaminar y dominar a todos los estratos de la sociedad.

Por ello es necesario enfatizar que hoy la lucha contra la corrupción es, probablemente más que nunca, vital para la supervivencia de las sociedades .Desgraciadamente los efectos de la corrupción permanecen en el tiempo por un largo periodo ocasionado problemas de credibilidad de las autoridades.

La corrupción también repercute en la confianza de la sociedad respecto de la democracia como la vía más idónea que posee el ser humano para satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos de realización individual y social; ya que al reducir a la democracia a su aspecto meramente formal sin llegar a consolidarse, termina cubriendo la pobreza, la injusticia, la inequidad, la impunidad y el debilitamiento estatal.

(*)Oscar Maúrtua de RomañaEx canciller del PerúDirector General de la Escuela de RelacionesInternacionales y Gobierno de la Universidad Tecnológicadel Perú (UTP).