Jueves 7 y viernes 8 de agosto, la ciudad de Lima queda a merced de las tinieblas. Un apagón de grandes proporciones deja a oscuras a 27 de los 43 distritos de la capital peruana, afectando a más de un millón de personas. Imágenes del pasado se precipitan abruptamente en la mente de los limeños.
El gobierno salió presuroso a averiguar la causa del corte del suministro eléctrico, considerado el peor de los últimos 15 años, y se dio con la sorpresa de que el sistema había colapsado por la falta de gas que permite el funcionamiento de las centrales termoeléctricas. La noticia cayó como un baldazo de agua fría para las autoridades que no previeron que el ascendente consumo en la industria y en la población provocaría una crisis en el sector gasífero del país.
Sin embargo, aunque esto no debe servir de consuelo, el Perú no es el único país con este tipo de problemas. En términos generales, la mayoría de naciones de Sudamérica atraviesa por dificultades en el plano energético. La causa: todos se están volcando hacia la barata “alternativa del gas” como fuente de energía sustituta del petróleo y sus derivados, cuyos precios se incrementaron sostenidamente durante los primeros siete meses de este año, hasta alcanzar niveles nunca antes registrados.
Bolivia en picada
El caso de Bolivia grafica sobremanera esta situación. Considerado como el típico “mendigo sentado en un banco de oro”, el país altiplánico posee reservas de gas natural -entre probables y probadas- de unos 48.7 trillones de pies cúbicos (TCF), las segundas más grandes de Sudamérica después de los 151 trillones de Venezuela. Sin embargo, las constantes crisis políticas y sociales de los últimos cinco años, sumadas a la ola de nacionalizaciones del presidente Evo Morales, han espantado a los inversionistas extranjeros, los únicos con el suficiente dinero para mantener activa y moderna la industria gasífera.
Peor aún, una investigación de la empresa British Gas reveló este mes que las reservas probadas de gas cayeron de 24 a 18 TCF desde el 2005 y que Perú está a punto de desplazarlo a un tercer lugar. “En 20 años Bolivia tendrá sólo 10 TCF, mientras Perú trepará a 21 TCF en el 2009”, explicó el experto brasileño Marcos Tavares, responsable del estudio. “Perú explorará 400 pozos a mediano plazo y Bolivia planea entre 10 y 15 pozos con ayuda venezolana. La diferencia es gigantesca”, explicó por su parte Álvaro Ríos, ex ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
Empresarios chilenos ven con ansias la posibilidad de comprar gas boliviano para sus empresas, pero la exigencia de La Paz de una salida soberana al océano Pacífico frustra el negocio. Fuentes diplomáticas en Lima señalaron a Gener@cción que la salida al mar para Bolivia podría darse por Arica –antiguo territorio peruano– pero antes debe solucionarse el diferendo limítrofe entre Perú y Chile, que se ventila actualmente en el Tribunal Internacional de La Haya. “El fallo no se daría antes del 2010”, señalaron. Mientras, el tiempo corre en contra de Bolivia que necesita al menos US$ 7,000 millones para duplicar su capacidad de producción gasífera. Todo un desafío.
El famélico Chile
El caso chileno es quizá el más preocupante pues se trata de un país que debe mantener una economía desarrollada pero tiene escaso –por no decir un nulo– potencial energético. La zona desértica del norte -donde florece su poderosa industria cuprífera- y la región de los amplios valles en el centro del país, donde se concentra la población y el sector agro-industrial, necesitan gas urgentemente a fin de sostenerse.
Según estimaciones, Chile importa de Argentina el 90% del gas que consume. Una dependencia que se profundizó durante el último quinquenio debido a las prolongadas sequías que desabastecieron de agua a las pocas centrales hidroeléctricas que dispone nuestro vecino del sur.
Ante esto, Argentina anunció en julio pasado el aumento al doble del impuesto a las exportaciones de gas a Chile que pasaron de US$ 7.8 a US$ 15.9 por millón de BTU (la unidad térmica que se utiliza para medir su comercialización). La noticia enfureció al Palacio de La Moneda que sabe que tendrá que pagar más de US$ 20 por millón de BTU, si adicionamos costos de transporte y otros insumos. Es decir, el 80% del valor del gas chileno se va en tributos, uno de los más caros del mundo.
Con una economía en desaceleración, una inflación en alza y los precios de los alimentos por las nubes, el ciudadano chileno resiente esta nueva carga a sus bolsillos, por más que el gobierno intente subsidiar el gas. Para agravar la situación, las bajas temperaturas registradas en el centro y sur del país durante este invierno generan una demanda mayor de energía por parte de las calefacciones de los hogares, algo que difícilmente puede evitarse.
El gobierno presidido por Michelle Bachelet baraja otras posibilidades para evitar la dependencia del gas argentino. Entre estas contempla impulsar fuentes alternativas como la energía eólica, la geotérmica y nuclear. También se proyecta asignar US$ 300 millones durante los próximos tres años para la exploración de petróleo y, especialmente, gas que se encontraría en la Zona Austral de Magallanes, aunque analistas consideran que los primeros resultados tardarán por lo menos una década en hacerse realidad.
Mientras tanto, la minería chilena se ha visto obligada a asumir costos de US$ 850 millones debido a la compra de diesel. Organizaciones ecologistas han denunciado que para enfrentar la crisis energética Chile está quemando carbón y petcoke –subproducto de la refinación del petróleo que contiene elementos cancerígenos como níquel y vanadio–, contaminando las regiones norteñas de Tocopilla y Mejillones. El gobierno chileno consideró en un principio comprar Gas de Camisea al Perú, alternativa poco probable debido al diferendo marítimo.
Argentina, Brasil y Perú
Por el lado argentino, el problema radica en el hecho de que el gas se está agotando, obligando a su gobierno a aumentar sus importaciones provenientes de Bolivia, Brasil y fundamentalmente de Venezuela. En ese contexto, los inversionistas extranjeros tampoco ven con entusiasmo al sector gasífero debido a que el gobierno mantiene congeladas las tarifas desde hace años a fin de evitar la furia popular, un obstáculo para recuperar a mediano plazo su dinero.
Mientras, Brasil, el gigante sudamericano, quiere acabar su dependencia gasífera con Bolivia que provee el 70% de la energía que consume Sao Paulo, motor industrial del país que produce un tercio del PBI nacional. Para ello está ampliando su red energética que incluye retomar la construcción de una tercera planta nuclear, impulsar el consumo de biocombustibles como el etanol –del que es líder mundial– y continuar también con las exploraciones que se llevan a cabo en la placa continental en búsqueda de combustible.
Hasta ahora el proyecto va por buen camino. En el último año, la empresa estatal Petrobrás encontró tres importantes reservas de gas libre (no asociado a yacimientos de petróleo) frente a las costas de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, así como también en la región amazónica.
En Perú, lo paradójico es que a pesar de que el gas natural sobra, no se cuenta con la infraestructura necesaria para su distribución. El grosor del gasoducto que lleva el gas del yacimiento de Camisea, 500 kilómetros al sudeste de Lima, a la capital es insuficiente causando la saturación de la red. El propio presidente Alan García señaló que la demanda, impulsada por el vertiginoso crecimiento económico de los últimos años, superó el 11% anual cuando estaba preparado para suministrar menos del 7%.
El gobierno ha informado que destinó US$ 400 millones para la ampliación y expansión del gasoducto pero las obras no empezarán hasta agosto del 2009. Lo que no dijo el Ejecutivo es que, según cálculos de expertos, la demanda energética aumentará a 15%.
¿Qué se hará hasta entonces?
García ya adelantó a las mineras que reducirá un fondo estatal que subsidia el diesel - insumo clave para generar energía a la red nacional a falta de gas– y que ellas pueden costearlo gracias a las ganancias que obtienen por los altos precios de los minerales en el mundo. Sin embargo, este cambio de reglas afectará a un sector responsable del 60% de las exportaciones del país.
Mientras tanto, la población tendrá que soportar más cortes de luz, un fenómeno que como hemos visto puede repetirse en varios países de la región.
