Retrocesos gubernamentales

¿Cuál era el ‘pecadillo’ de esta norma que regulaba la aplicación de normas procesales por delitos de violación de los derechos humanos de policías y militares? Simple y llanamente que podría haber favorecido a los miembros del ‘Grupo Colina’ y cerrar casos emblemáticos como la matanza de El Frontón, la de 25 campesinos en la localidad de Cayara, entre otros.

Si bien el presidente Alan García Pérez negó que Mario Vargas Llosa tenga “tanto poder” para que su dimisión haya provocado que el Ejecutivo solicite la derogatoria del Decreto Legislativo 1097, lo cierto es que inmediatamente después de que el escritor presentó su carta de renuncia, el Gobierno tomó tal determinación y el Parlamento le siguió el juego.

García Pérez se excusó diciendo que el Consejo de Ministros ya venía evaluando enviar un proyecto de ley al Congreso de la República para anular dicho mecanismo, pero lo evidente salta a la vista.

Y es que no es la primera vez que la administración de García retrocede. No hace mucho, el presidente de la República le concedió al ex empresario televisivo José Enrique Crousillat –juzgado por corrupción- el indulto por razones humanitarias.

Pero luego de que la administración aprista determinara que el indulto a Crousillat "no estaba a la altura de la gracia presidencial", el Gobierno retrocedió y lo anuló, mientras el ex empresario televisivo pasaba a la clandestinidad. El Poder Judicial emitió una orden de captura que hasta la fecha duerme el sueño de los justos puesto que Crousillat ha logrado evadir a la justicia y sigue en libertad.

Y aunque la decisión de liberarla no fue del Ejecutivo, tampoco cayó bien la liberación de la ex integrante del MRTA, la estadounidense Lori Berenson. Finalmente, luego de una andanada de críticas, nuevamente hubo un retroceso y la justicia peruana revocó la libertad condicional que la magistrada Jessica León Yarango le había otorgado.

Pero volviendo a lo actual, es claro el retroceso dado por el Gobierno, que comete errores y en el camino intenta maquillarlos. Un atribulado ex ministro de Defensa, Rafael Rey, confesó sentirse “abandonado” pero con la conciencia limpia, puesto que a diferencia de algunos de sus ex colegas, él sí defendió hasta el final lo que había aprobado en la sesión del Consejo de Ministros, dígase el cuestionado decreto.

Rey dejó en evidencia su incomodidad al negarse a asistir a la juramentación de su sucesor, Jaime Thorne, para no avalar con su presencia –en sus propias palabras- la injusticia que se está cometiendo al hacer caso a campañas calumniosas en vez de defender la veracidad de los temas, en alusión al ahora derogado Decreto Legislativo 1097.

¿En los meses que le queda en el poder, volverá el segundo Gobierno aprista a dar un paso en falso?, ¿seguirá tomando el Ejecutivo decisiones de las que luego se arrepentirá?, ¿otorgará beneficios que luego revocará? Preguntas cuyas respuestas solamente conocen a ciencia cierta los que tienen las riendas del poder.