Drogas: legalizar o no legalizar

A pesar de la fuerte campaña por el “Sí”, el 53% de los californianos se expresó en contra del cultivo y la legalización de la marihuana para fines recreacionales, mientras que el 46% lo hizo a favor.

Stephen Gutwillig, director del Proyecto de Política de Drogas del estado de California y principal impulsor de la llamada Propuesta 19, declaró que, aún con la derrota, el alto porcentaje obtenido significaba un momento histórico en la lucha para terminar con décadas de prohibición.

“Las iniciativas de legalización de marihuana estarán en las papeletas de los votantes en varios estados en 2012 y sin duda California formará parte de ello", dijo.

Tim Rosales, quien encabezó la campaña por el "No", se burló de las declaraciones de su adversario, demostrando una actitud poco democrática. "Si creen que estarán de regreso en dos años, es que están fumándose algo", manifestó.

La Propuesta 19 habría permitido a los adultos mayores de 21 años tener legalmente una onza de marihuana, fumarla en lugares que no fueran públicos y cultivarla en espacios privados. Además, habría autorizado a los gobiernos locales a permitir el cultivo y la venta de marihuana.

En su artículo, el Premio Nobel de Literatura considera que la posición asumida por la mayoría de los votantes de California está equivocada. “La legalización hubiera (sic) constituido un paso importante en la búsqueda de una solución eficaz del problema de la delincuencia vinculada al narcotráfico que, según se acaba de anunciar oficialmente, ha causado ya en lo que va del año en México la escalofriante suma de 10, 035 muertos”, escribe.

Luego dice: (…) “Pese a las astronómicas sumas invertidas y la gigantesca movilización de efectivos para combatirla, el mercado de la droga ha seguido creciendo, extendiéndose por el mundo y creando unos carteles mafiosos de inmenso poder económico y militar que, como se está viendo en México desde que el presidente Calderón decidió enfrentarse, con el Ejército como punta de lanza, a los jefes narcos y sus pandillas de mercenarios, pueden combatir de igual a igual, gracias a su poderío, con Estados a los que tienen infiltrados mediante la corrupción y el terror”.

Esta es una verdad irrefutable. Se calcula que, en México, los carteles de la droga causan unas mil muertes al mes. Estas muertes no solo se producen como consecuencia directa de la guerra entre bandas organizadas de traficantes ni en enfrentamientos contra la Policía o el Ejército.

El 24 de agosto de este año, en Tamaulipas, al norte de México, asesinaron a 72 inmigrantes indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica porque no querían unirse a sus filas como sicarios. El 25 de octubre dieron muerte a 13 drogadictos en un centro de rehabilitación en Tijuana, donde hacía unos días la Policía había decomisado 106 toneladas de marihuana. 

Noticias como estas pueden leerse procedentes de México todas las semanas. A las miles de muertes se suman los cientos de casos de corrupción. El 30 de julio de este año, el Ejército de ese país detuvo a 48 policías y a siete ex policías acusados de trabajar para el crimen organizado.

En su artículo, Vargas Llosa dice al respecto: “Los cárteles pueden pagar mejores salarios que el Estado y de este modo neutralizar o poner a su servicio a parlamentarios, policías, ministros, funcionarios, financiar campañas políticas y adquirir medios de comunicación que defiendan sus intereses”.

Aunque todavía resulta una ligereza afirmar que en el Perú seguimos los pasos de México en el camino a convertirnos en un narcoestado, también tenemos nuestra cuota de muerte y corrupción.

El 30 de octubre asesinaron a Wilder Miranda Ordóñez, alcalde de Aucayacu, en el Alto Huallaga, de tres balazos a quemarropa. Las informaciones señalan que Miranda habría tenido vínculos directos con las bandas de narcotraficantes que operan en el lugar.

El 6 de noviembre, un policía cayó muerto y otro resultó herido como consecuencia de un ataque narcoterrorista en el distrito de La Pólvora, en Tocache. La emboscada se produjo cuando un grupo de efectivos resguardaba a trabajadores del proyecto Corah que realizaban labores de erradicación de cultivos de hoja de coca.

Lamentablemente, no son los únicos casos. Aunque hace más de dos años el gobierno anunció la implementación del Plan VRAE para combatir al narcotráfico y al terrorismo imperante en la zona, los avances conseguidos resultan insuficientes.

Mientras tanto, los cultivos de hoja de coca continúan creciendo en todo el Perú: en la actualidad superan las 60 mil hectáreas. No solo la hoja de coca, sino también la cocaína. Se calcula que Perú exporta más de 350 toneladas de clorhidrato de cocaína al año. Esta cifra lo ubica, según algunos estudios, como el segundo exportador mundial de cocaína después de Colombia, aunque otras investigaciones lo sitúan en el primer lugar debido a que Colombia decomisa mayor porcentaje de su producción.   

“La legalización no será fácil, desde luego (…)”, continúa Vargas Llosa en su excelente artículo. (…) “Pero el efecto más positivo e inmediato será la eliminación de la criminalidad que prospera exclusivamente gracias a la prohibición. Como ocurrió con las pandillas de gánsteres que se volvieron todopoderosas y llenaron de sangre y de muertos a Chicago, Nueva York y otras ciudades norteamericanas en los años de la prohibición del alcohol, un mercado legal acabará con los grandes carteles, privándolos de su cuantioso negocio y arruinándolos”.

No solo eso. Si la producción, la comercialización y el consumo de drogas como la marihuana y la cocaína se tornaran legales, los tributos e impuestos que pagarían las empresas que se dedicasen a ese rubro serían colosales y el Estado podría emplearlos para la prevención del uso de drogas y para la rehabilitación de los adictos. ¿Cuántos millones de dólares recibe el Estado anualmente de las empresas que producen y venden cerveza o cigarros?   

Vargas Llosa finaliza su artículo de la siguiente manera: “No veo por qué tendría el Estado que prohibir que una persona adulta y dueña de su razón decida hacerse daño a sí misma, por ejemplo, fumando porros, jalando coca, o embutiéndose pastillas de éxtasis si eso le gusta o alivia su frustración o su desidia. La libertad del individuo no puede significar el derecho de poder hacer solo cosas buenas y saludables, sino, también, cosas que no lo sean, a condición, claro está, de que esas cosas no dañen o perjudiquen a los demás. Esa política, que se aplica al consumo de tabaco y alcohol, debería también regir el consumo de drogas”.

No hay casi nada que agregar a lo dicho por Vargas Llosa en su artículo. Cabe preguntarse, quizás, si el dinero del narcotráfico es tan cuantioso que incluso puede comprar las conciencias y las opiniones de aquellas personas que, en las altas esferas del poder mundial, deciden los asuntos verdaderamente graves para la humanidad, como la problemática que gira en torno a las drogas.