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REVISTA

La reforma judicial y su eficacia en Bolivia

La aplicación de la justicia en los países siempre ha sido una gran preocupación para sus habitantes. Nuestra hermana nación de Bolivia está pasando por una transición que podría terminar con la renovación del derecho indígena o, de lo contrario, con la mantención de una justicia centralista y poco pluralista.
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La reforma judicial y su eficacia en Bolivia

En este artículo, nuestro colaborador Eddie Cóndor nos da más detalle sobre la situación de Bolivia y nos explica cómo la Ley del Órgano Electoral Plurinacional podría cambiar el desarrollo de la justicia boliviana.

El proceso de cambios que viene atravesando Bolivia pretende avanzar hacia un modelo pluralista y democrático, en el que los pueblos indígenas, originarios y campesinos, tengan respuestas institucionales propias a sus grandes problemas y en el que el pueblo tenga protagonismo en la marcha de la justicia. La institución judicial no ha sido ajena a esos objetivos, que a la luz del modelo planteado por el presidente Evo Morales, busca resolver los viejos males de la justicia.

Sin embargo, entre la voluntad ejecutiva y la legislativa dista más de un paso. Pese a que los enfoques y el reclamo de la calle es a favor de una justicia inclusiva y pluralista, los actores políticos no han tenido la voluntad firme y decidida de llevar la norma a la realidad, esto es, que el supuesto de la elección popular de jueces, el deslinde jurisdiccional y algunos otros temas de la agenda ejecutiva se plasmen en una implementación efectiva, que le dé forma real al proceso.

Un ejemplo es la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 018 del 16 junio de 2010, que es la Ley del Órgano Electoral Plurinacional. Una vez promulgada por el Gobierno, la Asamblea Legislativa elaboró su reglamento así como un cronograma para que las Asambleas Legislativas Departamentales envíen ternas de candidatos a jueces.

Ellos debían ser elegidos por el pueblo en lo inmediato, por lo que el plazo final para el envío de ternas culminó el 4 de agosto. No se hizo así y se dejó sin piso una de las reformas fundamentales de la justicia. Conviene decir, no obstante, que la convocatoria se retrasó porque se demoró la designación de miembros de los Tribunales Departamentales Electorales.

Lo preocupante es que hasta la fecha en que trazo estas líneas, no se tiene esas instancias y por ello mismo no se puede organizar el proceso electoral. Asimismo, esta semana se han devuelto las ternas de candidatos a las Asambleas Departamentales, con observaciones desde el Legislativo. Esperamos que esta vez el proceso se oriente con una mayor diligencia.

Aunque se pretende aligerar el paso un poco tarde, el tema es que se observa una lentitud manifiesta de la decisión política y poco interés para darle viabilidad a las reformas constitucionales y legales, corriéndose el riesgo de que el proceso se burocratice y se paralice. ¿Cuál es, finalmente, el cambio real más allá de la Constitución en materia de Justicia? Incluso la llamada Ley Corta no se está cumpliendo.

Esta conocida como la ley de necesidad de transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, busca viabilizar la designación de magistrados que cubran las acefalías existentes. Pero la situación irregular se mantiene porque las autoridades encargadas de promover e impulsar estos temas no han sintonizado con ellos.

Para darle viabilidad al proceso se necesita autoridades comprometidas y de interlocutores válidos, incluso en los mismos pueblos indígenas. Se requiere una mayor dinámica social que presione a los funcionarios responsables a adoptar medidas de implementación urgente para que la reforma no colapse y se quede, finalmente, en el papel.

Hay instituciones sólidas, que vienen haciendo seguimiento de estos temas y que se han logrado vincular con las diversas autoridades de distinto nivel, especialmente en la sociedad civil, como es el caso de los líderes indígenas, las universidades, los jueces, los estudiantes de Derecho, los periodistas, que pueden incidir en la efectividad de la norma fundamental, articulándolos para que participen con propuestas y visiones que apuren la implementación y hagan de este proceso de cambios, uno más democrático.

Esperamos que pronto, la Constitución tenga un reflejo real en la reforma efectiva de la justicia.

Por Eddie Cóndor Chuquiruna

Coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática de la Comisión Andina de Juristas.

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