A nadie parece ya sorprender que solamente 9 mil de las 114 mil toneladas de producción de hoja de coca se utilicen para el llamado consumo legal. Las 105 mil restantes van, según estadísticas oficiales, a parar al narcotráfico. Sin embargo, no pocos en nuestro país sostienen lo contrario. La lucha es abierta y frontal, sobre todo después de que la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) de las Naciones Unidas, emitiera un informe en el que sugiere la erradicación del masticado de la hoja de coca en Perú y Bolivia.
Gener@cción en su afán de contribuir en el debate sobre este espinoso problema, fue en busca de Javier Antezana, sociólogo e investigador experto en temas de narcotráfico. En la entrevista que, de seguro alimentará la controversia, señaló que la tendencia al consumo de la hoja de coca con propósitos de masticación sigue su rumbo descendente; esto debido al crecimiento de las urbes, a la migración y, por qué no decirlo, a los resultados de las investigaciones en curso que “desterrarían el mito de las propiedades magnificadas de este producto”.
¿El informe de la JIFE es producto del incremento del narcotráfico y del uso ilegal e indiscriminado de la hoja de coca?
Lo que sucede es que la JIFE se pronuncia anualmente y elabora un informe como producto de un seguimiento y hace una serie de recomendaciones tomando como punto de partida los acuerdos anteriores. Sin embargo, cuando habla de la prohibición del chacchado o picchado (masticación), no toma en cuenta lo que se deriva de la Convención de 1988 sobre las sustancias psicotrópicas, en la que se reconoce la especificidad del caso boliviano y peruano respecto del consumo tradicional de la hoja de coca; o lo que se llama también, la demanda legal en su consumo mas difundido, es decir el masticado. Aunque el Perú, por razones que obedecieron a la Convención de Viena del año 1961, había asentido la intención de erradicar en 25 años el uso de la hoja de coca.
¿Se podría decir que la JIFE ha faltado el respeto a los acuerdos tomados anteriormente, desconociendo el uso tradicional de la hoja de coca en nuestro país?
En este caso la JIFE no ha faltado el respeto, simplemente está actuando sobre las bases del acuerdo de una convención. Reconoce que hay una demanda legal, como sucede también en Bolivia, pero también hace hincapié de que es un producto que está sujeto a control, es decir no se debería producir libremente. La oferta de la hoja de coca debe corresponder a la demanda legal que es la que se respeta, no es posible que se pueda producir mucho más coca en el Perú que la que se demanda. Las 9 mil toneladas permitidas para el consumo legal incluyen el consumo tradicional, es decir el proveniente del chacchado, el ritualístico y el esotérico, así como el orientado a la industrialización en forma de mates, infusiones, energizantes y caramelos, además del que se destina a la producción farmacológica como los anestésicos.
Pero si hay un acuerdo y cifras que lo avalan, que muestran además que lo lógico es no producir más hoja de coca que la que se consume legalmente, ¿por qué entonces el grito al cielo por parte de algunos parlamentarios y personajes?
Porque la JIFE recomienda que el Estado estipule normas para controlar el chacchado de la hoja de coca y eso no se puede hacer cuando el Perú acepta que hay una demanda tradicional, popular y, cuando además, se atribuyen propiedades medicinales y también alimenticias a esta hoja. Es muy difícil que el Estado pueda aceptar la recomendación de prohibir el chacchado; el Perú está por una posición de respeto a las tradiciones. La JIFE tiene todo el derecho de solicitar la erradicación, la abolición, sin embargo nosotros podemos aceptar o no esas recomendaciones. En ese sentido, el Estado ya asumió una posición, aunque es respetuoso de la normatividad de los acuerdos internacionales. Nosotros no tenemos ningún debate con la JIFE, porque el Perú está en ese camino, respetando las convenciones internacionales referente a este tema.
¿Qué papel juegan el consumidor campesino y las comunidades que practican ritos ancestrales? ¿No hay acaso un clima de indiferencia por las tradiciones al pensar en una abolición que se daría por un discurrir natural del tiempo y las costumbres?
En ese sentido, la hoja de coca no ha sido un elemento de consumo a lo largo de nuestra historia, en el Imperio Incaico, su uso estuvo restringido a los ritos mágico religiosos; el habitante común, es decir, la mayoría no la consumía. El periodo en el que se difunde el chacchado de la hoja de coca es en la Colonia. Fueron los españoles quienes generalizaron su uso y consumo para las labores del campo, haciendo frente al cansancio y al hambre, gracias al alcaloide y otros elementos de la hoja. Por ello es necesario deslindar y decir que no es una practica milenaria, sino ancestral. Otro elemento importante es que a partir de la década de los 50, el Perú sufrió una transformación por las migraciones y el crecimiento de las urbes; esto dio origen a que hubiera un descenso en el consumo de la hoja, pues los habitantes rurales, alto andinos y amazónicos abandonaron sus ciudades y pueblos y con ellos sus costumbres. Al establecerse estos en Lima comenzaron a desterrar las tradiciones de sus padres y abuelos.
¿Considera que hay algún tipo de idealización o mitificación respecto a la hoja de coca, que la ha convertido en intocable para algunos sectores?
Definitivamente sí. Hay claros intereses. Imagínese, en un país en donde se puede consumir legalmente 9 mil toneladas, se tiene una producción de 114 mil, entonces, ¿de qué estamos hablando? Las cifras son contundentes. Existen 105 mil toneladas que van al narcotráfico. En el Perú no hay una política de “coca cero”. Más allá de eso, hay que decir también que hay sectores que están hiperbolizando los atributos medicinales y alimenticios de los que realmente tiene la hoja de coca. Hay una idealización de este producto. Lo que se debe hacer es tratar de desmitificar las propiedades de la hoja de coca y esto solamente se podrá demostrar con estudios e investigaciones pertinentes. Que tiene proteínas, es cierto, pero no se pretenda creer que la hoja de coca y su ingesta directa tiene un enorme valor nutritivo y propiedades para curar hasta el cáncer. El Estado tiene a ENACO para este control, pero frente a la ilegalidad, a la informalidad hay toda una lucha interna a nivel gobierno central, asunto que no pueden asumir los gobiernos regionales como algunos pretenden hacerlo. Las prácticas ancestrales no se pueden prohibir, se tienen que ir extinguiendo poco a poco.
