El paro amazónico se inició el sábado 9 de agosto, cuando el Comité de Lucha por el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas dio a conocer que adoptaba dicha medida de fuerza con el objetivo de hacer prevalecer “el respeto de los derechos colectivos de los territorios indígenas”.
Lo que exigían, en realidad, era la derogatoria de los decretos 1015, 1073, 1064, 1089 y 1090, que había promulgado el Ejecutivo al amparo de las facultadas legislativas otorgadas por el Congreso y que daban a las comunidades, entre otras cosas, la facultad de vender, alquilar, concesionar o asociar sus tierras ya no con el 66 por ciento, sino con solo el 50% más uno de los votos de sus integrantes, es decir por mayoría simple. Tal como se hace en las comunidades campesinas de la costa y de la sierra.
Por otra parte, tales decretos ampliaban a las comunidades nativas el concepto de comunero que se aplica a las comunidades de la sierra, lo que se prestaba a confusión al determinar la calidad de comunero con derecho a participar en las asambleas.
Según la interpretación de los nativos, esto podía permitir el traspaso de miles de hectáreas para actividades extractivas principalmente de empresas mineras, petroleras y de hidrocarburos. Para el Estado peruano, esto suponía darles facilidades a los indígenas para tomar sus propias decisiones e impulsarlos a un desarrollo sostenible mediante recursos propios.
Los nativos no lo entendieron así. Y tampoco se contentaron con emitir un comunicado de prensa. Ese mismo martes 9, decenas de nativos huambisas de la Amazonía tomaron la central hidroeléctrica El Muyo, en Bagua, neutralizaron a los guardias de seguridad y cerraron las compuertas de agua.
En días posteriores, miles de indígenas de otras decenas de tribus (hasta entonces enfrentadas) se dirigieron a Santa María de Nieva y cerraron también la estación Cinco de Petroperú. La unión hace la fuerza, reza un dicho popular, y esto lo entendieron muy bien días después los nativos machiguengas, que clausuraron temporalmente el Lote 56 de Camisea en San Martín.
De esta manera, ocupando centrales hidroeléctricas, petroleras y mineras, y amenazando con cortar el suministro de agua potable y luz a las principales ciudades, entre ellas Lima, los nativos lanzaban los primeros gritos de guerra, flechas en mano y con los rostros pintados, preparados para todo con el objetivo de defender el bien más preciado para ellos: sus tierras.
¿Cuál fue la réplica del gobierno? Enviar a la zona de San Lorenzo (Loreto), con el fin de dialogar con los rebeldes, a una “comisión de alto nivel” encabezada por el Ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, quien tomó sus maletas y el repelente contra mosquitos y trató de explicar a los dirigentes nativos los objetivos reales de los decretos en cuestión.
Pese a sus buenas intenciones, Brack dejó sentado antes de partir que “ninguna norma rechazada por nativos será derogada porque no ponen en peligro la posesión de sus tierras”. Posiblemente tenía razón, pero decirlo desde Lima, precisamente desde donde habían salido los decretos que incendiaron la selva, sin haber cruzado palabra con los nativos, quizás haya sido un grave error. Tal vez el primero cometido en los pocos más de 100 días que lleva a cargo de esta novísima cartera.
Y quizás por eso, también, fue desairado por el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, quien, tras levantarse de la mesa de diálogo el jueves 14, declaró pocos días después que en adelante dialogará “sólo con el dueño del circo y no con los payasos”. Y a pesar de que luego Pizango puntualizó que en ningún momento había querido llamar “payaso” a Brack, dejó en claro que los nativos ya tenían quien hablase por ellos (la Aidesep) y que no necesitaban que el ministro del Medio Ambiente les explicase nada, pues ellos lo entendían muy bien.
Requerido por la prensa acerca de por qué adoptaron medidas como la toma de estaciones de gas e hidroeléctricas y el bloqueo de carreteras, además del secuestro de policías, el dirigente nativo acotó que era la única manera que tenían de hacerse escuchar.
Este es uno de los principales problemas que parece haber surgido. La idea extendida de que la única manera de que el Estado preste atención a los reclamos de una o más comunidades o de cualquier colectivo al que se le antoje plantear una demanda, es mediante la violencia. No pasó la Ley de la Selva que temían los nativos, pero sí la que ellos han aplicado y con la que han puesto al gobierno contra las cuerdas.
Efectivamente. El viernes 22 de agosto a las 2:25 de la tarde, el Congreso aprobó la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, con 66 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención. El principal argumento es que dichos decretos legislativos incumplían el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto a la obligación que tiene el Estado de consultar a los pueblos indígenas sobre la viabilidad de las decisiones que afecten sus derechos o su situación legal.
Esto fue precisamente lo que habría molestado a las comunidades indígenas de la selva, incluso más que los propios decretos. Es decir, el hecho de que al gobierno no le hubiera interesado conocer su opinión antes de promulgarlos. Como dijo el dirigente Alberto Pizango: “Nosotros queremos ser consultados para que se conozca nuestra propuesta de desarrollo, porque somos los primeros interesados.”
¿Cuáles son los caminos que le quedan al Ejecutivo ante esta derogatoria del Legislativo que le enmienda la plana? El presidente de la República tiene 15 días para promulgar la ley u observarla. Si la promulga, entonces la derrota será absoluta. Si la observa, la ley retornará al Pleno para que este la debata nuevamente partiendo de dichas observaciones. En esta instancia, el Parlamento podría insistir en la ley o allanarse ante la observación. Eso dependerá, una vez más (como en el momento de la votación por la Presidencia del Congreso) de los acomodos y reacomodos entre las distintas bancadas. En cualquier caso, el debate tiene para rato.
Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en algún lugar de la selva, los nativos festejan. ¿Qué festejan? Que aún no poseen la facultad total de elegir sobre sus tierras.
