El domingo 17 de agosto un hecho reveló hasta qué punto la violencia política está ganando terreno en Ecuador. El presidente Rafael Correa salía de dar un discurso en una universidad en Guayaquil, cuando una turba de jóvenes opositores le lanzó palos y botellas en protesta por el Proyecto de Constitución que promueve su gobierno y que irá a referéndum el próximo 28 de setiembre. Correa –que en sus ojos reflejaba el pánico- salió ileso gracias a la protección de su cuerpo de seguridad…
La nueva Constitución, de 444 artículos, fue elaborada por una Asamblea Constituyente que estuvo dominada por el movimiento oficialista Acuerdo País, que copó el 80% de los 130 escaños que integraban el foro. Desde el inicio, su trabajo estuvo plagado de críticas por parte de la oposición que acusó a los asambleístas de ser títeres del Ejecutivo, y que este obedecía los designios del “mayor de los demonios”, el presidente venezolano Hugo Chávez.
Para los opositores -entre los que se encuentran los sectores empresariales y la Iglesia Católica- el objetivo de Correa siempre fue cambiar las reglas de juego por las que llegó a la presidencia en las elecciones del 2007 y aumentar su cuota de poder. “Ha sido un continuo proceso de concentración de poder. Correa pasó de una situación de debilidad política, sin representantes en el Legislativo, a tener total control de una Asamblea Constituyente con plenos poderes”, declaró el investigador ecuatoriano Juan Machado, del Instituto del Desarrollo de la Universidad de Sussex, Inglaterra.
“Ecuador se encuentra a las puertas, mediante un proceso referendario, de aceptar o rechazar este nuevo proyecto de Constitución, que entre las críticas que se le han hecho es que es bastante excluyente”, resaltó. Machado también se mostró de acuerdo de que la nueva Carta Magna le otorgaría poderes absolutos al presidente.
GUERRA SANTA
Uno de los sectores más críticos al gobierno ha sido la Iglesia Católica que se declaró en guerra por la defensa de los principios morales que ve amenazado en el proyecto constitucional. En uno de sus artículos, catalogado de tinte socialista, se plantea que el Estado reconocerá y garantizará la vida desde la concepción y reconoce a la familia en “sus diversos tipos”, así como la unión, sin matrimonio, entre parejas de homosexuales.
La jerarquía católica puso el grito al cielo y calificó de ‘ambigua’ la redacción en el caso del aborto, condenando también la intención de equiparar a las parejas del mismo sexo a un núcleo familiar “natural”. “La familia es una institución universal basada siempre entre la atracción de un hombre y una mujer”, declaró monseñor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), para la satisfacción de los sectores más conservadores de la sociedad ecuatoriana.
El enfrentamiento con el Ejecutivo ha llevado a utilizar los cientos de púlpitos y tarimas de las iglesias en todo el país para que los sacerdotes hagan campaña por el ‘No’ en el referéndum. A entender de los analistas, esta es una de las armas más poderosas que tienen contra el Mandatario si se tiene en cuenta que la Iglesia Católica posee un alto nivel de aceptación entre la población, en detrimento de la clase política.
Correa, un católico practicante de izquierda, ha dicho que se siente traicionado por la Iglesia y la ha acusado de aliarse con la oligarquía y los partidos tradicionales para boicotear la revolución que dice liderar, aunque se abstendrá de represalias. Sin embargo, un fiscal abrió una inédita investigación contra monseñor Arregui por violar tratados suscritos entre el Estado y la Iglesia Católica, que prohíben la participación de religiosos en política. Se espera que el Vaticano no tarde en responder a esta agresión.
UN MODELO FRACASADO
Otra de las grandes críticas que formula la oposición a la nueva Carta Magna es el hecho de que, como en la década de los setenta, el Estado vuelve a tener el manejo exclusivo del petróleo, la energía y la telefonía, y minimiza así la participación de la empresa privada. La misma figura que se da en Bolivia y Venezuela, cuyos gobiernos, con Evo Morales y Hugo Chávez a la cabeza, acostumbran a nacionalizar sectores estratégicos en aras de profundizar sus revoluciones socialistas.
“Correa intenta copiar un modelo fracasado –el socialismo del siglo XXI de Chávez- y su proyecto no hace más que cerrar las puertas a los inversores que nunca pondrán su dinero en un lugar donde no hay reglas claras de libre mercado”, señaló la asambleísta Anabella Azín del partido Prian (derecha).
“Todos los órganos de control ahora tienen un nombre, Alianza País”, expresó por su parte el legislador Roberto Ponce del Prian, quien indicó que las inversiones “están fugando porque no se toma en cuenta que el trabajador mantenga sus puestos”. “Estamos convencidos de que esto va a generar más pobreza”, anotó. Mientras tanto, Azín alertó sobre el peligro que corre la democraciaecuatoriana. “La Asamblea Constituyente ha sido un espacio concentrador del poder y al final del camino tenemos un documento que es el reflejo de una solo visión: la de Correa”, indicó.
INDÍGENAS Y ESTUDIANTES APOYAN
Pero han habido dos sectores que se han mantenido fieles al proyecto del presidente ecuatoriano: los estudiantes y los indígenas. El primero, congregado en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) ha formalizado su respaldo al “Sí” en el referéndum. Mientras que los segundos ha dicho que lucharán con todas sus fuerzas para que la Constitución sea aprobada.
Los indígenas, que representan el 35% de la población total, han alabado el carácter reivindicativo de la Carta Magna que habla de un Estado plurinacional, que reconoce a los diferentes pueblos ancestrales del país. “Esta Constitución prohíbe la privatización del agua, declara la función social de la tierra y hay facilidades para que los indígenas puedan acceder a las universidades”, resaltó Humberto Cholango, presidente de la organización indígena Ecuarunari, la más importante de la sierra andina de Ecuador.
Cholango no descarta que los indígenas, que han tenido una importante participación en la vida política del país, salgan nuevamente a las calles para defender a Correa, e incluso a marchar a Guayaquil, principal ciudad opositora del gobierno.
“Al igual que Bolivia, en donde las zonas indígenas –La Paz, Oruro, y El Alto– apoyan a Morales, en Ecuador, Quito es el principal bastión del presidente. Y las posibilidades de que haya una fractura entre la costa y la sierra se acrecientan”, señaló para Generacción el periodista ecuatoriano Carlos Orías. “Una lástima si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces, los gobiernos acuden a la reforma de la Constitución para curar heridas del pasado y exclusiones sociales. Sin embargo, (al final) terminan más divididos que nunca”.
