“La democracia ha sacado lo mejor de Bolivia… y también lo peor”. Con estas palabras Lucio Jiménez –natural de La Paz, indígena de 56 años y padre de cinco hijos– muestra su alegría y su pesar por los resultados del referéndum constitucional que se celebró el pasado domingo.
Una jornada que, si bien resultó histórica por reivindicar el papel de millones de indígenas, ahondó la división del país andino por ser un documento que repudia una minoría importante de este país mediterráneo de América Latina.
Según los datos de la Corte Nacional Electoral (CNE), el “sí” se impuso con el 59.6 por ciento de los votos en cuatro departamentos –La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba– y el “no” llegó a 40.36 por ciento en otras cuatro regiones –Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando–. Mientras, en Cochabamba los resultados están tan ajustados que no se puede hablar de un claro ganador.
Los resultados evidencian una clara fractura social, económica y política de Bolivia que se ahondó con la llegada al poder en el 2005 del presidente Evo Morales, un aymara y dirigente cocalero que habla de refundar el país.
Desde el comienzo el mismo término “refundar” causó escalofríos en la elite política tradicional que veía a Bolivia como un país consumado, oleado y sacramentado, en donde todo estaba dicho respecto al modelo político y económico –el neoliberal–, heredado de la década de los noventa.
DEUDAS QUE SALDAR
Sin embargo, con más de 180 años de historia republicana, el país tenía muchas deudas que saldar, en especial con los pueblos originarios, cuyas tasas de pobreza, analfabetismo y desempleo sobrepasaban el 50 por ciento.
Pese a ser el 70 por ciento de la población, los indígenas eran los marginados de la minoría mestiza y blanca y tenían menos posibilidades de conseguir mejores trabajos por la baja calidad de su educación. Si es que la tenían.
Esta segregación racial, heredada del pasado colonial español, fue el caldo de cultivo para el resentimiento social que llegó a su clímax con la elección de Evo Morales a la presidencia, quien hablaba de una reivindicación de los oprimidos indígenas.
Evo, quien adoptó la pose mesiánica gracias a los consejos de su amigo y guía ideológico, el presidente venezolano, Hugo Chávez, responsabilizó desde el comienzo al sistema capitalista de ser el “tirano del siglo XXI” y se encargó de demoler sus bases.
Así, en estos tres años que lleva en el poder, el presidente ha formado una poderosa alianza entre grupos que eran vistos anteriormente como “antisistemas” –indígenas, campesinos cocaleros, sindicalistas y estudiantes– y ha hecho de la recuperación de los recursos del subsuelo su bandera de lucha.
“El gas y el petróleo es sólo para los bolivianos”, ha proclamado el mandatario en cada acto de nacionalización de empresas que estuvieron a manos de transnacionales extranjeras, con los vítores de las masas como telón de fondo.
El objetivo final, según el gobierno, es implantar un régimen socialista en donde el Estado vuelve a recuperar el liderazgo para solucionar las injusticias sociales y no el “chorreo” que prometía la economía de mercado.
Pero esta vuelta a las políticas populistas y estatistas, tan en boga en la década de los setenta, no ha sido compartida por la población del oriente del país, llamada “media luna”, donde la nueva Constitución ha sido rechazada contundentemente.
OCCIDENTE VS ORIENTE
Aunque se tiende a pensar en Bolivia como un país étnicamente homogéneo, donde la imagen del indio es la que prevalece, lo cierto es que las comunidades quechuas y aymaras se concentran en las sierras del Occidente pobre y subsisten gracias a la sobre explotada minería y el cultivo de hoja de coca.
En el Oriente, las familias tienen un origen amazónico y europeo, producto de las olas de inmigrantes del viejo continente, por lo que es común encontrar más blancos y pelirrojos de lo que podríamos hallarlos en La Paz. La región es rica por su agroindustria –la soya es el producto estrella– y contiene los yacimientos de hidrocarburos más grandes de Sudamérica, después de Venezuela.
Mientras que el Occidente abraza las ideas socialistas, el Oriente mira al capitalismo como la herramienta responsable de su desarrollo. “La iniciativa privada, las inversiones extranjeras, y en general, el libre mercado, son necesarios para crear empleo y expandir las exportaciones y eso Evo no lo entiende”, sostiene Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz. “Él cree que el Estado nos sacará de pobres y nosotros creemos que, al contrario, es un causa de la pobreza. Allí está el origen del conflicto boliviano”, destaca.
Es este conflicto el que ha impulsado a las regiones de la “media luna” a aprobar, en buenas y malas formas, estatutos de autonomía que los protegerían de las polémicas medidas del gobierno central, que los acusa de separatistas.
Con el fin de unificar un proyecto nacional que garantice las transformaciones y reivindicaciones sociales es que Evo Morales luchó por elaborar una Nueva Constitución, la décimo sexta del país.
El texto que se sometió a referéndum es el fruto de un acuerdo político alcanzado en el Congreso Nacional en octubre entre el oficialismo y parte de la oposición, que permitió “pacificar” el país tras semanas de conflictividad cuyo episodio más grave fue la matanza ocurrida en el departamento amazónico de Pando (norte).
Para lograr ese acuerdo, el oficialismo aceptó modificar más de 100 artículos del proyecto aprobado por una polémica Asamblea Constituyente, que finalizó sus trabajos en diciembre de 2007.
En aras a ese consenso, Morales tuvo también que ceder en sus posibilidades de reelección y se comprometió a presentarse solo una vez más a los comicios presidenciales, que se celebrarán de forma anticipada el 6 diciembre de 2009.
PRINCIPALES OBJECIONES
Sin embargo, ni los gestos de Morales han calmado a los gobernadores de las regiones “rebeldes” que señalan que no fueron incluidos en los acuerdos con el Ejecutivo y que la nueva Carta Magna pone en peligro sus aspiraciones autonomistas.
Por ejemplo, según los líderes de la oposición, la Constitución aprobada establece cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, lo que podría causar confusión de competencias.
El texto reconoce, además, la organización comunitaria de 36 etnias bolivianas y la potestad de sus líderes, algo que de todas formas ocasionará una superposición de jurisdicciones con las autoridades ya establecidas.
De otro lado, la Carta Magna le confiere al sistema judicial de aymaras, quechuas y otras comunidades el mismo estatus que a la justicia ordinaria, lo que podría causar un conflicto de competencias con los tribunales del Estado.
Ello supone un peligro, dicen los opositores, porque legitimaría castigos colectivos como linchamientos y lapidaciones, que se han vuelto más comunes en los últimos años. ¿Recuerda Ilave en Puno?
Las regiones de la “media luna” también rechazan el fortalecimiento del rol del Estado en la economía, la redistribución de la tierra –porque afecta a los hacendados de la zona– y la nacionalización de los recursos naturales.
Según los empresarios de Tarija, departamento con una de las mayores reservas de gas del país, el Estado no tiene ni el dinero ni la tecnología que se necesitan para la exploración y explotación de nuevos yacimientos. Lo que es peor, espantan a aquellos que quieren invertir en el negocio como los estadounidenses o europeos.
Así las cosas, la puja entre estas dos visiones tan antagónicas llevarán a Bolivia al fondo del precipicio, sobretodo en momentos en que el mundo se sumerge en la peor crisis económica desde la Gran Depresión en los años treinta.
La gran batalla se dará, en especial, en el Congreso que tiene que aprobar un centenar de nuevas leyes que hagan posible la implementación de la nueva Constitución. El proceso será difícil si tenemos en cuenta que el Senado está controlado por la oposición, lo que haría gobernar al presidente Morales por decretos leyes hasta noviembre en el que hay elecciones generales.
La oposición ha dicho que dará la batalla y propone al gobierno un “gran pacto nacional” porque “no es moral ni posible” imponer un documento en una regiones que las ha rechazado masivamente.
Morales ya ha descartado cualquier modificación y pidió a las “regiones rebeldes” plegarse a la voluntad de la mayoría nacional o atenerse a las consecuencias. El futuro se torna gris, entonces, para la empobrecida Bolivia que ve como un “empate catastrófico” en el referéndum lo convierte en un Estado fallido por la fragmentación regional.
