"NO DEBE HABER ESTABILIDAD LABORAL ABSOLUTA"

El debate de la LGT está estan­cado y son preocupantes las críticas en su contra, como, por ejemplo, que no promoverá la generación de empleo y que fomen­tará la informalidad. ¿Qué tan realis­tas son estas preocupaciones?

En efecto, este es un proyecto de ley que se denomina "Ley General de Traba­jo" pero que en mi concepto no debería ser "general" sino una "Ley laboral de la Gran y Mediana empresa". Esta no es una ley para la pequeña y micro empresa, tanto así que también se discute la necesidad de hacer modificaciones a su norma con la finalidad de incentivar la formalización de este importante sector empresarial (media­na y pequeña empresa), el que genera más puestos de trabajo en el país y que sin em­bargo es informal en un 98 por ciento, no reconoce derechos ni beneficios sociales, ni la posibilidad de incorporarse a la seguri­dad social, lo que es vital.

Entonces, la LGT empieza mal desde su propio nombre…

Comencemos por la denominación. La LGT no es una ley general, sino pensada so­lamente para la gran y mediana empresa que son las que podrían estar en capacidad de asumir la rigidez de esta norma. El problema es que hay determinados temas, fundamen­talmente el de la estabilidad laboral, donde no se ponen de acuerdo y nunca lo harán, pues el empleador, por naturaleza, no está de acuerdo con la estabilidad laboral abso­luta que existe solo en dos o tres países del mundo, sobre todo en una época de gran competencia internacional y globalización que obliga a las empresas actuar de manera rápida y a adecuarse a los cambios. La es­tabilidad laboral absoluta atenta contra esta posibilidad de rápida adecuación.

¿Sería mejor entonces que se ela­boren distintas leyes para la gran, mediana y pequeña empresa?

Considero que sí porque son realida­des distintas. Las medianas y grandes empresas ya están consolidadas con un mercado adecuado que puede hacer fren­te a mayores exigencias en lo que res­pecta a derechos y beneficios sociales. Por el contrario, una micro empresa tiene usualmente un escaso capital y requiere un apoyo inicial en capacitación, acceso a financiamiento, facilidades administrativas y obviamente el tema laboral. La pequeña y micro empresa requieren un tratamiento especial desde el punto de vista laboral, hay que ser realistas, es preferible que un trabajador tenga acceso a determinados derechos mínimos a que no tenga nada y que se pase toda su vida laboral con solo el dinero que le pagan por el trabajo reali­zado. Hay que preguntarnos ¿qué pasará si se enferma?, ¿qué pasará cuando sea mayor y sin soporte de seguridad social para tener una pensión?, ¿quién cargará con eso? Obvio, el Estado. Hay que ser realistas en este tema.

¿Y qué tan cierto considera cuan­do dicen que la LGT traerá estabili­dad laboral absoluta?

Sí, es verdad, y mucho peor que la es­tabilidad laboral actual. Hoy tenemos una estabilidad laboral absoluta impuesta por el Tribunal Constitucional a través de fallos vinculantes. Es más, uno de los problemas que tiene esta ley es que por su rango, no podría modificar lo ya establecido por el Tribunal Constitucional que ha dicho, des­de mi punto de vista, valiéndose de una in­terpretación errada de la Constitución, que corresponde al trabajador, frente a un des­pido sin causa, decidir la forma de resarci­miento que puede ser por reposición o in­demnización, que es justamente lo que en el Perú se conoce como estabilidad laboral absoluta. Pero lo que trae esta LGT es peor aún, porque ante estos casos efectivamen­te el trabajador tiene derecho de decidir por una reparación o reposición, pero además el empleador está facultado para ofrecer mejores condiciones de indemnización o beneficios alternativos para convencer al trabajador de desistir en su reposición. Con esto, el despido se encarece increíblemen­te, porque actualmente puede llegar a 12 remuneraciones y con este cambio podrían pedir 40 o 50 sueldos, ¿qué empresa po­dría pagar ese precio?

Teniendo en cuenta esta realidad, ¿cómo se puede sacar del estanca­miento a la LGT y mejorar su conte­nido?

Sinceramente es muy difícil, ya que el tema de la estabilidad laboral está muy ideologizado, y ese es el problema. Ade­más, desde mi punto de vista, este tema es muy poco realista respecto a los trabajado­res, quienes deberían pedir más mercado y oferta de trabajo, porque lo que se nece­sita son fuentes de empleo y no que este sea permanente y para toda la vida. Para esto necesitamos que el país crezca, que invierta. Es un tema en el que hay mucha ideologización de por medio.

Y en esta carrera trunca, por lo que usted llama una ideologizada es­tabilidad laboral, se afecta más a los jóvenes que no conocen lo que es gozar de derechos laborales. ¿Esta situación evidencia que el Estado no se está proyectando en este tema?

Este es un problema serio porque cada año se incorporan al mercado laboral aproximadamente 400 mil personas, mu­chas de ellas jóvenes, que requieren un empleo decente. Para mí, uno de los temas fundamentales del país es la lucha contra la informalidad y considero que el gobierno debe adoptar como una política de Estado enfrentar de manera directa esta realidad. No es fácil, porque debe ser una lucha mul­tisectorial, se tendría que formar una supra comisión, en la que todos los esfuerzos se aúnan y se diseñe una sola política para enfrentar la informalidad que no solamente ataca de manera impresionante a la micro empresa, sino que son millones de traba­jadores peruanos que ni siquiera reciben la remuneración mínima vital.

Pero esta informalidad también ataca a otros sectores…

Efectivamente, la informalidad va as­cendiendo, porque también la hay en la mediana y gran empresa. Cuando la gran empresa contrata personal bajo locación de servicios, a sabiendas que es un con­trato de trabajo, ya es una manera de irse informalizando. Es más, cuando el propio Estado que debe dar el ejemplo, contrata bajo servicios no personales y tiene 60 mil servidores públicos bajo este tipo de ser­vicios sin más derecho que su paga, en­tonces eso nos está diciendo que hemos llegado a una situación penosa y que se re­quiere de un gran esfuerzo del Estado para diseñar una gran política, ejecutarla y ha­cer lo que se deba hacer, incluso cambios constitucionales, porque de lo contrario no saldremos de este entrampamiento.

Pero, ya son más de cuatro años que la LGT está estancada. ¿No hay voluntad política para resolver los te­mas pendientes?

Siempre se dice: tenemos un consenso del 90 por ciento, pero precisamente el 10 por ciento restante incluye los temas más álgidos y sensibles. Frente a una situación así, se debería decir "que el gobierno deci­da", pero el problema es que la Comisión de Trabajo del Congreso es una comisión muy ideologizada que, desde mi punto de vista, no responde a los criterios modernos que requiere el país. El país está yendo por un lado y estos señores tienen el pensamiento del siglo pasado, no compatibilizan. Supon­go que el gobierno se dará cuenta de que así no se va a ningún lado y optará porque esta norma no se promulgue, porque de sa­lir mal es preferible que no se promulgue.

De otro lado, ¿cuán positiva puede ser la eliminación de los contratos temporales para la exportación no tradicional?

En este tema hay que tener mucho cui­dado. No se puede dejar de decir que la ex­portación tradicional ha tenido un trato de privilegio desde el punto de vista laboral. En la época del presidente Morales Bermúdez existió la estabilidad laboral absoluta, pero cuando se dieron cuenta que nos habíamos quedado sin reservas, y que la única forma de recuperarlas era exportando, decidieron que esta estabilidad permaneciera, excep­to en las empresas de exportación, a las cuales se les permitió que todos los contra­tos de trabajo del personal, dedicado a la producción de bienes y servicios de expor­tación, sean a plazo fijo y sin límite de tiem­po. Era obviamente el mejor de los mundos para estos trabajadores, una situación de privilegio que tiene ya más de 20 años. Per­sonalmente pienso que se debe ir al núcleo del asunto: no debe haber estabilidad la­boral absoluta. El empleador no es un loco para despedir a la gente sin razón, porque crear un puesto de trabajo cuesta dinero, y si resulta supernumerario se le despide, se le paga una indemnización adecuada, así el tema se finiquita como sucede en todos los países del mundo, y esto lo señala la propia OIT.

RECLAMOS Y UTILIDADES

¿Qué opina sobre las diferencias sur­gidas entre el gobierno, las empresas y empleadores sobre las modificaciones en el reparto de utilidades?

Este tema siempre ha sido promovido debido a algunos excesos ocurridos en la actividad mi­nera, en la que se permite que sus actividades sean realizadas a través de contratistas. Lo que sucede es que los trabajadores de estos con­tratistas, que son la mayoría y prestan servicios en la unidad minera, no perciben utilidades. An­teriormente nadie las percibía, pero, ahora que ven el boom de la minería y que los precios han subido, consideran injusto que las utilidades se las lleven los empleados administrativos de la empresa principal, porque finalmente ellos son los que se exponen a las enfermedades traba­jando en los socavones y sacando los minera­les. Desde ese punto de vista, es justo su pedi­do, pero la solución que se quiere dar a través de un proyecto de ley que está en el Congreso es antitécnica, puesto que las utilidades están pensadas para ser repartidas entre los traba­jadores de la empresa, y si ahora se permite la tercerización se debería exigir que los con­tratistas sean verdaderos empleadores para que puedan afrontar el pago de utilidades. El problema es cuando estos contratistas mineros solo proveen de personal para la actividad y no tienen margen para generar utilidades sino solo de subsistencia.

Entonces ¿qué sería lo técnico?

Que la inspección de trabajo establezca cuá­les son verdaderas empresas contratistas y cuá­les no. Sin embargo, por no solucionar el proble­ma de fondo lo que quieren hacer es que todas las empresas que tercerizan sus servicios o los intermedian repartan sus utilidades con todos los trabajadores. Eso sería un desastre porque, por ejemplo, en la gran minería tendrán que mezclar las utilidades de sus operaciones menores con las principales, las centrales con las merceriza­das. También habría distorsiones en las ganan­cias, ya que un sector de trabajadores percibiría más que el otro, dependiendo de la unidad de la empresa a la que pertenezcan. Estas son algu­nas de las inconsistencias, legislar es muy bonito pero cuando se legisla con inconsistencias técni­cas comienzan los problemas.

¿Considera que hay una intención de cubrir este problema de manera superfi­cial?

Superficialmente, pero que a su vez va generar más problemas. El hecho es que por querer solucio­nar los problemas que aquejan un sector se afecta a todos los sectores de la producción del país.