ALAN GARCÍA PODRÍA SER ACUSADO

¿Cómo califica la sentencia impuesta a Fujimori?

Tenemos que resaltar la naturaleza histórica de la sentencia. Nunca un presidente en el Perú había sido juzgado y condenado por delitos contra la humanidad. La justicia peruana ha demostrado que se puede juzgar crímenes de Estado cometidos desde las esferas más altas del poder, llevar a cabo un proceso impecable y resolver el tema de la impunidad en el Perú. Me parece también que es una sentencia significativa en cuanto a la importancia otorgada a un informe exhaustivo como el que presentara en su momento la Comisión de la Verdad. Además es un avance en cuanto al manejo, la utilización y la valoración de la prueba indiciaria.

¿Cuáles han sido las principales pruebas halladas durante el juicio?

Hay un cúmulo importante de evidencias presentadas y debatidas largamente durante el juicio. Precisamente, una de las características de este proceso ha sido la intensidad de la actividad probatoria. No se ha discutido meros asuntos jurídicos; la discusión central ha girado alrededor de los diversos elementos de prueba. Una de estas pruebas, por ejemplo, fueron las declaraciones de los integrantes del destacamento Colina, a quienes por primera vez el Perú entero escuchó en vivo y en directo por televisión.

Otra prueba son las declaraciones de los comandantes generales del Ejército de ese entonces, que dieron cuenta de cómo recibieron un encargo oficial del presidente de la República que ellos simplemente trasladaron en este caso al grupo Colina por intermedio del SIN de Montesinos. Otra es la presentación de los manuales de inteligencia militar para la lucha contrasubversiva elaborados y publicados a inicios de 1991. Además, las órdenes emitidas por Fujimori, demostrando que era un presidente que ejercía mando y comando sobre las Fuerzas Armadas y que por lo tanto tenía poder sobre militares en actividad al más alto rango. También las declaraciones de Martin Rivas, el jefe del destacamento, que dio cuenta de lo que significaron las decisiones políticas al interior de este grupo, que para él se convirtieron en órdenes de carácter militar.

La defensa alegó precisamente que en ningún momento se halló un documento firmado por Fujimori donde ordenase al grupo Colina cometer estos asesinatos y que solo se le condenó por declaraciones de terceros.

Esa fue una pretensión de la defensa de Fujimori, que la Fiscalía o la parte civil presentaran un documento firmado por Fujimori ordenando los asesinatos. Eso no existe. Sin embargo, como lo declara la propia sentencia, estamos frente a crímenes de Estado. Por lo tanto, son crímenes que se ejecutan a partir de una decisión política tomada desde lo más alto del poder, que, en este caso, consistió en impulsar un determinado tipo de guerra contrasubversiva con determinados métodos.

Además, se presentó la experiencia internacional de los Balcanes, de Chile, Argentina, Uruguay y de otros países donde hubo conflictos armados internos, y la conclusión fue que en ninguno de estos casos era posible pedir un documento escrito donde el responsable político ordenase asesinatos. Nakazaki quería el fax emitido por la presidencia, dirigido a la oficina del destacamento Colina ordenándoles asesinar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta con nombres y apellidos. Eso no iba a ocurrir, precisamente por una característica de la autoría mediata que condenó a Fujimori. El autor mediato no tiene por qué conocer siquiera al ejecutor material de los crímenes. Justamente para eso funciona todo un aparato organizado que traslada sus decisiones políticas a quien corresponda y que va a ser el que garantice que los autores materiales las cumplan.

Es decir, Fujimori no fue condenado con pruebas directas porque no existían, sino con pruebas indirectas razonables y sólidas.

Así es. Pedir documentos firmados era irrelevante. Como lo dice la propia sentencia, a pesar de que no existen pruebas directas de los crímenes, por la propia naturaleza de estos, sí existen una gran cantidad de pruebas indiciarias o indirectas. El proceso está repleto de este tipo de evidencias que dejan en claro que Fujimori tomó una decisión política que impulsaba y alentaba una política contra subversiva alterna que ejecutó el destacamento Colina.

Hablando de esta doble política contrasubversiva, ¿cree usted que para luchar contra un grupo terrorista como Sendero, que atacaba y se escondía, era necesario aplicar esta estrategia invisible a través del grupo Colina?, ¿o bastaba con la estrategia visible de fortalecer la inteligencia policial y dotar de mayores recursos al GEIN?

La guerra se acabó con la captura de Abimael Guzmán, no con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Estas muertes no incidieron en absoluto en el curso de la guerra. La inteligencia policial, en cambio, sí. Por ejemplo, cuando Fujimori entra al penal Castro Castro, el 6 de mayo del 92, la información policial dice que, de los 19 miembros del Comité Central de Sendero, 14 estaban en esa prisión. ¿A cuántos había capturado el destacamento Colina? A ninguno. Es decir, Colina no sirvió para nada, solo para crear mayores problemas en torno a las violaciones de derechos humanos en el país. Pero, a la larga, ¿qué le aportó a la victoria contra la subversión? Nada.

¿En qué elementos de juicio se basó el tribunal para afirmar que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no tenían vinculaciones con grupos terroristas?

Se basó en la inexistencia absoluta de información oficial sobre investigaciones realizadas a ese respecto con anterioridad a los hechos. En el juicio han comparecido Marco Miyashiro, Benedicto Jiménez, Ketín Vidal y John Caro; es decir, cuatro de los personajes más importantes de la Dirección contra el Terrorismo de esos años. Los cuatro han sido testigos tanto de la defensa como de la Fiscalía y de la parte civil, y a los cuatro se les ha preguntado si esta dirección tenía alguna investigación abierta contra las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Todos respondieron que no. Entonces la conclusión a la que llega el tribunal es consecuencia de la inexistencia de información oficial respecto de investigaciones abiertas a estas víctimas.

Sin embargo, ¿cabe la posibilidad de que existieran nexos entre las víctimas y Sendero? En esos años, casi todas las universidades nacionales estaban prácticamente copadas por subversivos.

Cabe la posibilidad de que existieran vínculos entre Sendero y las víctimas en la misma medida que cabe la posibilidad de que existieran vínculos entre Sendero y cualquier persona que hubiera sido estudiante en esos años de La Cantuta, San Marcos, la UNI, San Cristóbal de Huamanga, etc. En esa época había una suerte de cliché. Eras sanmarquino, cantuteño, huamanguino y prácticamente te convertías en terrorista. El asunto es cómo esa sospecha general se convierte en algo específico contra las víctimas. La defensa no ha presentado evidencias al respecto. En realidad, después de 17 años de ocurridos los crímenes nadie ha presentado ninguna evidencia que confirme que estas víctimas estaban ligadas a Sendero. Más allá de la presunción a la que fatalmente llegaron los miembros del destacamento Colina.

Algunos analistas sostienen que Fujimori debió ser condenado por corrupción pero no por delitos contra la humanidad, ya que por el contrario el "humanizó" la lucha contraterrorista tanto en el campo como en la ciudad. ¿Tiene algún asidero esta afirmación?

Es la tesis de Jaime de Althaus. Lo que sucede es que en el juicio se han valorado hechos concretos. No se ha efectuado una valoración política sobre el gobierno de Fujimori. En el juicio se ha demostrado que hubo una doble estrategia. Es cierto que Fujimori terminó con la violencia indiscriminada en las comunidades serranas, la "tierra arrasada" que los militares aplicaron en los 10 primeros años de guerra. Pero lo hizo porque en esos años en que los ataques eran cada vez más frecuentes en Lima, consideró que su gobierno necesitaba definir una nueva estrategia. No era posible aplicar la "tierra arrasada" en Miraflores, en Lince, en San Isidro. Era preciso hacer uso de aparatos de inteligencia cuya misión fuera eliminar personas de manera selectiva. Eso fue lo que ocurrió y quedó demostrado en el juicio.

Es decir, ¿aplicó una doble estrategia: una oficial y otra clandestina?

Efectivamente. Durante los casi 16 meses de proceso, se demostró que en esos años hubo una estrategia oficial que figuró en los discursos, en los documentos escritos, en las directivas, etc., pero también existió una política clandestina que de igual manera fue impulsada por el presidente de la República de ese entonces y cuyo encargo recayó en el SIN al mando de Montesinos, y que significó, en los tres primeros años del gobierno de Fujimori, más de 1,800 víctimas entre muertos y desaparecidos. Se demostró, además, que Colina, en un lapso de 15 meses, ejecutó una docena de operaciones militares en las que mató a unas 50 personas. Se demostró que, además de Colina, otro destacamento de idénticas características operó en Ayacucho. Se demostró que en la Universidad Nacional del Centro hubo un patrón de desaparición de personas. Esos no son hechos aislados llevados a cabo por un grupo de militares. Eso se debió a la aplicación de una política de guerra.

¿Podría ser acusado Alan García por las matanzas del Frontón y Lurigancho como autor mediato?

Podría ser acusado, sí. Sin embargo, hay que resaltar que son dos situaciones distintas. Fujimori fue juzgado como autor mediato, pero la sentencia dice que es autor mediato por haber controlado un aparato organizado de poder, el SIN en este caso, que fue el que aplicó las políticas de guerra contra subversiva. No es el caso de García. Si García mereciera algún tipo de imputación por el caso del Frontón -creo que sería el caso más sólido en su contra, aunque no está procesado por eso-, sería juzgado como autor mediato pero no por haber dirigido un aparato de poder organizado que se hubiera dedicado a este tipo de crímenes.

¿Cómo qué podría ser juzgado García, entonces?

Como autor mediato, porque es a partir de una decisión política suya que se ejecutan las operaciones en el Frontón. Con la salvedad de que él no dirigió un aparato de poder dedicado a estos crímenes.

¿Qué sentencia contemplan las leyes peruanas en este caso?

En el año 86, la máxima pena para este tipo de asesinatos era de 20 años. Sin embargo, García ha sido excluido de las investigaciones en los casos de El Frontón y Lurigancho.

¿Usted cree que será incluido?

No lo sé, sinceramente.

¿Fujimori podría ser indultado?

En este caso nos enfrentamos a prohibiciones de carácter internacional. El Perú está adherido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque sus fallos tienen carácter vinculante en nuestro sistema de justicia. La CIDH ha sido muy explícita al señalar que en crímenes contra los derechos humanos no cabe un indulto presidencial. Por este motivo, es improcedente un beneficio de esa naturaleza.

FUJIMORI SALDRÍA EN 18 AÑOS

¿Qué beneficios penitenciarios corresponden a Fujimori?

Le corresponde el 2x1 por homicidio calificado, pero por secuestro el 7x1. Según los cálculos, Fujimori estaría saliendo en libertad en unos 18 años y medio aproximadamente.

Pero Fujimori ha interpuesto recurso de nulidad.

La Corte Suprema tiene que revisar el recurso de nulidad, remitirlo al Ministerio Público para que este emita una opinión y finalmente remitirlo a la Primera Sala Penal de la Corte Suprema. Este tribunal llamará a una única audiencia en donde hablarán los abogados y también es probable que lo haga Fujimori si la defensa lo solicita. Recién entonces la Corte Suprema emitirá una sentencia definitoria. Yo estoy seguro de que va a ser una sentencia confirmatoria.

La sentencia del tribunal presidido por el juez San Martín desmenuza con detalle los alegatos de la defensa y los destruye uno por uno, por inconsistentes, por irrelevantes, porque no resisten un análisis jurídico probatorio. El tribunal se ha encargado de dar cuenta no solamente de su propia valoración de los hechos, sino de enumerar la gran cantidad de evidencias que existen para confirmar estas conclusiones.

¿Qué otros procesos le esperan a Fujimori?

Primero, por los 15 millones de dólares que le pagó a Montesinos por CTS. En este juicio se va a confirmar, además, el vínculo estrechísimo entre ambos. En su última intervención dijo que le dolían "en el alma" los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, pero eso se contradice con la jugosísima indemnización que le otorgó a uno de los principales implicados en las matanzas. Eso refleja la doble cara que existió en el gobierno de Fujimori. Decir una cosa y hacer otra.

¿Cuántos años pide la Fiscalía por este caso?

Ocho.

¿Qué procesos siguen después?

Después vienen los procesos por los congresistas tránsfugas, el ‘chuponeo’ telefónico y la compra de Cable Canal de Noticias.

Históricamente, para el país y América Latina, ¿qué tan importante es este fallo?

Yo creo que va a marcar un precedente en el caso de Perú, pero también a nivel internacional, más allá incluso de América Latina, en una doble dimensión. Primero, el mensaje es que una democracia puede juzgar a un violador de derechos humanos, aunque sea un ex presidente, llevando a cabo además un juicio impecable como el que hemos visto. El segundo mensaje es jurídico y se encuentra relacionado al juzgamiento de crímenes contra la humanidad, a la responsabilidad penal de los jefes de Estado, el tema de la autoría mediata y del "hombre de atrás", sobre los cuales también se marcan precedentes sumamente importantes. Creo que es un aporte fundamental de la justicia peruana en esa dirección.

Los fujimoristas afirman que la matanza de 14 soldados en el VRAE acontecida dos días después de la sentencia, está conectada de alguna manera con esta.