Sábado 20 de abril 2024 | Contáctenos
Apenas iniciado el año, el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro, manifestó con mucho entusiasmo que “el 2010 será un año clave para la lucha contra el narcotráfico, ya que muchas de las medidas adoptadas a combatir este flagelo darán resultados más concretos”.
Sin embargo, dos últimos informes internacionales no concuerdan con su vaticinio; por el contrario, advierten al Perú sobre el mal funcionamiento de su estrategia antidrogas.
El primer informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el 24 de febrero, resalta el preocupante incremento de 45% de cultivos de coca entre 1999 y 2008 (de 38,700 a 56,100 hectáreas), y de fabricación de cocaína en 72.6% (de 175 a 302 toneladas), “exhortándonos” a intensificar las actividades de erradicación y poner coto al creciente cultivo ilícito.
El segundo, del Departamento de Estado de EE. UU. del 1 de marzo “Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos”, igualmente advierte sobre el incremento del cultivo de coca y de producción y exportación de droga. Y, además, que estamos entre los principales importadores de sustancias químicas usadas en la producción de cocaína y no destinamos recursos suficientes para la lucha antidrogas.
Contrariamente a las metas y objetivos de la estrategia antidrogas 2007-2011 del gobierno (reducir en 40% el cultivo ilícito de coca y disminuir significativamente la producción y tráfico ilícito de drogas), estos aumentan sostenidamente, principalmente en las regiones de Huánuco, Ayacucho, Cusco, Junín y en la zona del río Putumayo en la frontera con Colombia y Brasil.
No obstante, es mínimo el presupuesto que asigna el gobierno. Sumado a la ayuda estadounidense, el total anual bordea los US$ 300 millones, contra US$ 20,000 millones que mueve el narcotráfico.
En este contexto, la estrategia nacional de lucha contra las drogas del gobierno no ha funcionado y debe ser urgentemente reformulada. Principalmente en los aspectos presupuestal, social, vigilancia de la vía marítima, control de insumos químicos al VRAE, así como protección legal a las fuerzas del orden para luchar eficazmente contra un nefasto narcotráfico que engendra peligrosas derivaciones como corrupción, convulsión social, violencia, lavado de activos, distorsión de nuestra economía y desarrollo, contaminación de ríos y suelos por residuos químicos y la destrucción de más de 2.5 millones de hectáreas de nuestros bosques para cultivos ilícitos de coca.