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Comparado con el 2009, en el 2010 las cifras pintaron mejor para la banca peruana que, en conjunto, embolsó utilidades por S/. 3,763 millones. Este monto fue 16% mayor a los S/. 3,247 millones levantados en el 2009, en plena crisis. Los préstamos empresariales, inmobiliarios y de consumo se dispararon. Y aumentó el tiraje de tarjetas de crédito que, según ASBANC, hoy suman 6.6 millones. Unos por necesidad y otros engatusados con el señuelo de "Compre Ahora. Pague Después" hacen posible tal incremento.
La banca tiene el derecho a llenar sus alforjas, pero no a costa de abusivos intereses, cargos, comisiones, portes y sobrecargos que hinchan el hígado cada mes y adelgazan los ingresos de la gente. En el último Congreso Internacional de Consumidores efectuado en Hong Kong por Consumers International y el Banco Mundial, en Mayo 2011, se concluyó que la equidad económica se ve frenada por una débil protección financiera al consumidor.
Recuérdese que la crisis del 2008 fue provocada por la angurria desbocada de los grandes bancos y aseguradoras de EE.UU. Por eso, en muchas partes la gente viene levantando lanzas contra la prepotencia financiera.
En Julio 2010, el presidente Obama firmó la Ley de "Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor" (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), que ha puesto candados a futuras jugarretas especulativas de los bancos. Dentro de tal ley, se ha creado la Agencia de Protección Financiera al Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau), que abrió fuegos el 21 de Julio 2011.
Por su lado, la poderosa Consumers International (que agrupa a 220 organismos defensores del consumidor en 115 países), prosigue incansable su "Campaña por Servicios Financieros Justos", lanzada a escala global desde su sede central en Londres. Incluso está machacando a los países del G-20 para que vigoricen la defensa del consumidor.
El tsunami contra el maltrato financiero recala en todas las playas. En Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) anunció el 31 de Agosto 2011 que llevará a la justicia a seis bancos, por dar a los clientes información falsa sobre el costo de los créditos y cobrarles por seguros que no contrataron.
Desde inicios de los 90s INDECOPI funge como perro guardián (watchdog) de los derechos del consumidor. Pero le faltan dientes para imponer la ley con la bravura que se ve en otras latitudes. Ni en sueños pondría la mano dura como lo hace SERNAC, pese a que en Perú los intereses de las tarjetas de crédito sobrepasan el 44%, aparte de "muertos y heridos".
INDECOPI nació hace 20 años. Desde entonces la economía, el comercio, los productos y los compradores han cambiado de piel varias veces. Además, sus funciones son diversas y, claro, el que mucho abarca poco aprieta. Ni siquiera en su partida se menciona la letra "protección al consumidor". Revisando la Ley N° 1033, artículo 2° "Funciones del INDECOPI", los incisos a), b), c) no dicen ni pío sobre el consumidor.
Recién se puede exclamar eureka! al leer el inciso d) "Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo." Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ahora es INDECOPI la autoridad de competencia primaria y alcance nacional. Le toca ajustar las clavijas a quien se resbale en las normas de dicho Código, incluyendo el Capítulo V "Productos o Servicios Financieros".
Hay que podar las prácticas mañosas de algunos bancos que agujerean el bolsillo de las personas. No se trata de dar un decreto fijando los intereses. Se propone dialogar con los banqueros y concluir un acuerdo de reducir comisiones y demás hierbas amargas que nos suben la presión cada fin de mes. El libreto concertador de "Siomi", que arrancó 3,000 millones de soles a los mineros, bien podría replicarse. Si la banca cede, entonces la gente contará con decenas de millones de soles que, al gastarse, empujarán la rueda de la economía nacional. El gobierno puede jugar una buena baza y repetir los vítores del respetable, por la faena con los mineros.
Pero hay un reto formidable: formar a los consumidores del futuro. Ello requiere una entidad especializada. La experiencia internacional ofrece ejemplos contundentes. España tiene el Instituto Nacional del Consumo; Brasil, el Programa de Orientación y Protección al Consumidor; México, la Procuraduría Federal del Consumidor; Panamá, la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia; Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC); República Dominicana, ProConsumidor; etc.
En Perú algunos manejan la defensa del consumidor azuzando el tono litigante entre proveedor y consumidor. Digámoslo sin ambages: hay que fundar una institución con enfoque moderno, cuya meta (core business dicen los eruditos) sea precisa y maciza: proteger los fueros del consumidor a todo trapo y, de carambola, perfeccionar el mercado, mejorando la eficiencia empresarial, tal como explica Porter en su "Diamante de la Competitividad".
César Huamanchumo Plasencia fue Vice-ministro de comercio a fines de los 80s. Desde allí dispuso la formulación del primer anteproyecto de ley de Protección al Consumidor. Luego, creó la Dirección de Defensa del Consumidor, designando como titular a Jaime Delgado Zegarra, actual congresista de la República.
