BICAMERALIDAD, DECISIÓN TRASCENDENTAL

Algo concita la atención de la opinión pública peruana estos últimos días. En el meollo del asunto, una vez más el llamado primer poder del Estado, el Congreso de la República. Pues este jueves 3 de junio, desde muy temprano, nuestros llamados padres de la patria tendrán en pleno que discutir, esperemos largo y tendido dando la cara al país, sobre la pertinencia del retorno de la bicameralidad perdida hace poco más de 18 años el aciago 5 de abril del 1992, cuando el hoy reo Alberto Fujimori disolvió de golpe la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Concentra la atención, aunque no en la justa medida y en la forma que un tema de relevancia como tal merecería ante los ojos de la opinión pública. Ya que no hay nada más trascendental para un país que se proyecta democrático como el nuestro hacia el futuro que discutir en torno a los cimientos institucionales que nuestra sociedad requiere. Preocupa gravitacionalmente, en tal sentido, el inmenso desinterés que el ciudadano de a pie muestra con respecto al estadío de posible evolución de nuestro desprestigiado Congreso de la República.

Ardua es la tarea que les espera a nuestros tribunos. Pues, dejando de lado intereses partidarios y subalternos, tendrán, por una parte, que desplegar un esfuerzo extraordinario a fin de edificar el eje parlamentario de una nueva arquitectura institucional para el país, y por la otra, llevar a cabo una labor de reeducación social y cívica. Puesto que el peruano, seguros estamos, podría llegar a comprender la necesidad de la existencia de una Cámara de Senadores. Vale decir, una instancia de reflexión, evaluación y ponderación con criterio nacional de lo votado en la Cámara de Diputados.

Nada sería más pernicioso para el futuro de la democracia en nuestro país que la ciudadanía se sienta ajena y, por ende, continúe rechazando algo que al parecer, dada la correlación de fuerzas políticas en el seno del Congreso, será finalmente aprobado. No sería aconsejable entonces que una reforma constitucional de esta envergadura termine siendo aceptada por imposición de algún tipo en medio de una inacabable y contraproducente controversia social y política de consecuencias insospechadas para la estabilidad del régimen democrático en nuestro país.

Nuestra patria, seguros estamos, requiere del equilibrio armonioso entre los poderes a más alto nivel en el Estado. Ella exige sin a lugar a dudas de un Poder Ejecutivo fuerte y eficaz, de un Poder Judicial libre de corrupción y de presiones políticas y económicas de toda índole, pero sobre todo hoy de un Poder Legislativo bien estructurado, en consecuencia autónomo y capaz de legislar cohesionando a la nación. Permitiendo de esta manera que el peruano encuentre en este proceso una de las vías de reconciliación con el ejercicio de la política, cuyo objeto es velar por el interés general.