La ola de protesta y descontento no se da sólo en nuestro país. Factores internacionales inciden en la inflación y en las alzas de la canasta familiar. Toda América Latina afronta la dificultad común para superar la pobreza, la inequidad y el aumento de la violencia en un contexto global poco favorable.
A ello se agregan situaciones particulares como la ineficacia o la demora para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 15 de agosto pasado. Es explicable el descontento pero también la complejidad para atender el masivo reclamo de miles de familias que quedaron en el desamparo. A la pobreza que ya tenían se agregó la furia de la naturaleza. De ahí la frustración ante la acción insuficiente del Estado gobierno.
VARIOS PAISES EN UNO
Mientras se afina la protesta el gobierno se afana por construir una imagen de progreso y avance. Vivimos en varios países distintos dentro de un solo país que alberga sectores que parecen no hablar el mismo idioma. El crecimiento motiva el reconocimiento internacional pero no el nacional, sus efectos no llegan a sectores que se sienten al margen de la bonanza que el gobierno proclama.
No hay milagros que logren que la equidad y la justicia social surjan de un año al otro y ningún voluntarismo ni conjunto de programas sociales en marcha podría sostener esa ilusión. Sólo pactos sociales nacionales podrían impulsar la acción nacional concertada que garantice estabilidad para mejorar y extender las oportunidades al tiempo de apostar por la gobernabilidad democrática. Fracturas y polarizaciones hacen poco favor al objetivo social, por el contrario dificultan la labor gubernamental y la posibilidad de efectivizar la ciudadanía política como económica y social. Las grandes fisuras políticas subsisten y desde los últimos comicios lamentablemente no han sido superadas.
A ello se agrega un Congreso dividido y sin mayoría que obliga a una presidencia hábil en la búsqueda de consensos sin ceder en principios ni mostrar tolerancia con la corrupción. El desapego ciudadano comienza con las figuras políticas y termina contaminando peligrosamente a las instituciones para alimentar fuerzas antisistema que pueden llegar a ser suicidas.
POR EL ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD CON EL ESTADO
El gobierno presenta cifras en azul pero la pugnacidad presidencial no ha logrado el reencuentro con la ciudadanía. Y en ello tienen su cuota de responsabilidad los partidos políticos y los mismos políticos que permiten que coyunturas adversas afecten la legitimidad misma de las instituciones democráticas.
La democracia no garantiza el buen gobierno pero permite reemplazar a los gobernantes por elecciones que posibilitan que la ciudadanía construya nuevas mayorías. En el continente prevalecen los regímenes presidenciales, la figura del jefe de Estado es crucial, está en el centro del poder con facultades muy amplias pero no es omnipotente. Si no tiene mayoría en el Congreso, como es el caso actual, se generan tensiones políticas que antes eran resueltas por la intervención, abierta o encubierta, de diversos poderes fácticos y que hoy son procesadas por el consenso democrático. Romper el marco constitucional lleva siempre al aislamiento político-diplomático y genera fuertes sanciones económicas.
Los sistemas presidenciales latinoamericanos tienen su soporte en una coalición o en un partido único. Encontramos gobiernos fuertes de coaliciones y de partidos. En Chile gobierna una coalición fuerte que le ha dado gran estabilidad al país desde 1990. A mitad del camino del presente régimen hay políticos que apuestan por la inestabilidad más que por la gobernabilidad a sabiendas que el interés nacional exige permanencia de los actuales logros de gestión económica. La estabilidad es una exigencia para la economía como para la política y a partir de este aserto se construye la gobernabilidad y el desarrollo.
