Financiamiento y Corrupción en las campañas políticas

Pongamos los puntos sobre las íes. No nos rasguemos más las vestiduras endilgando las fuentes de corrupción siempre a los que se encuentran en el campo de al frente. Dejemos de ver la paja en el ojo ajeno. Expatriemos la actitud que nos lleva a decir que las manzanas podridas solo son los otros, pues de nuestro lado solo honradez y el acto probo puede haber. Aquí nadie puede vestirse de santo. En el Perú del año 2010, todos, ya sea por acción u omisión, somos responsables de los altos niveles de corrupción que el país sustenta más allá de lo que algunos puedan decir.

Todos, pues nadie tiene el coraje de señalar enfáticamente con el índice acusador donde se encuentra la razón que explica el hecho de que la llamada espiral de corrupción en la vida política, lejos de revertirse, se retroalimente sin cesar. Nadie. Esta, señores hay que decirlo, tiene que ver con la falta de mecanismos legales que contemplen con claridad el financiamiento de las organizaciones políticas en nuestra patria. Ya que no hay nada que estimule más la distorsión en la ejecución de los actos en la actividad política que la falta de un control exhaustivo de las fuentes de financiamiento.

Esto sobre todo en épocas electorales como la que nos toca vivir de miras a las elecciones regionales y municipales del 3 de octubre, y las presidenciales de abril próximo. Nos evitaríamos las resabidas frases que con mucho mayor frecuencia e insistencia escucharemos en los tiempos venideros: “Mi partido me paga un sueldo”, “mis seguidores generosamente me apoyan”, “recibo donaciones espontáneas desde dentro y desde afuera”, sin olvidar por último, el personalísimo y peruanísimo recurso que nos pinta de cuerpo entero que concierne al que “soy un profesional de éxito”. En fin...

Nos evitaríamos también sendas investigaciones, de un alto costo financiero para el erario público, que casi siempre -perdón, siempre-, derivan hacia los dominios de la inmediata impunidad o de la postrera prescripción. Es el momento pues, en medio de la euforia electoral que a todos nos involucra, de poner en la mesa de discusión las posibles alternativas de solución al acuciante problema que constituye el relajo moral y la práctica de los antivalores para acceder por fin al poder y, de encontrarse ya en el ejercicio, intentar perennizarse a cualquier precio.

Es la oportunidad para pensar en voz alta en torno a los canales de financiamiento de las llamadas organizaciones políticas en nuestro país. Necesitamos esclarecer y establecer la ruta y el origen de los fondos privados, así como aceptar la participación de un estado imparcial que favorezca a las instituciones con representatividad política por igual. No nos hagamos los tontos, entre gitanos no podemos leernos las manos: la susodicha virtud individual no sustituye a las reglas del juego, pues si bien es cierto que sin un mínimo de decencia nada bueno podrá hacerse, las instituciones son las llamadas a velar porque la decencia y virtud siempre prevalezcan.