En lo particular, es necesario precisarlo, creo que Magaly Medina es una persona que ha hecho mucho daño desde la televisión con sus intromisiones en la vida privada; pero ello de ninguna manera justificaría que sea condenada porque simplemente alguien pagó un soborno asesorado por algún mal abogado. Eso realmente es monstruoso y merece la máxima sanción.
Siempre se dijo, y esto es necesario recalcarlo, que la condena a cinco meses de prisión, por las características del delito y por los antecedentes de la condenada, era rotundamente exagerada. Por eso es que se pensó que era una cortina de humo, un elemento distractivo del gobierno; sin embargo, aún así, por el ensañamiento se dijo que la pena era sobredimensionada.
En el momento de evaluar el por qué la jueza María Teresa Cabrera había sido tan radical y extrema con la condena a Medina, nunca salió el tema dinero, soborno. Las razones son fáciles de entender: en el imaginario ciudadano sería realmente monstruoso que una persona vaya a la cárcel como consecuencia no de la justicia sino de un soborno.
Por eso es que la denuncia de la señorita Margareth Huamán –ex secretaria judicial de María Teresa Cabrera- debe ser investigada a fondo. No puede pasar desapercibida ni tratarse como si fuera un asunto de farándula.
Este, por las características del mismo, puede ser un caso emblemático para dar con una red de abogados sin escrúpulos que plantean soluciones con atajos (y por tanto corruptas) a denunciantes para terminar con fallos a su favor, a la medida.
Aquí, en esta grave denuncia, se debe investigar a los abogados implicados, a los magistrados (se habla de María Teresa Cabrera y otros testigos), a la denunciante Margareth Huamán y -cómo no- a los padres del futbolista así como al mismo Paolo Guerrero.
En los últimos días estamos asistiendo con indiferencia a una serie de hechos cuestionables en el Poder Judicial (PJ) que van desde acciones de amparo que favorecen extrañamente a constructoras hasta fallos exagerados como el de la señora Magaly Medina. Este deterioro de la institucionalidad no se puede permitir en un país que pretende ser desarrollado.
No es un tema farandulero. Que un denunciante, gracias al dinero que corrompe, pueda tener fallos judiciales a la medida, es algo que debe ser investigado.
No solo es cruel, sino monstruoso que una persona llegue a la cárcel no como consecuencia de un fallo objetivo de la justicia sino como una exigencia corrupta que nace de un soborno. Eso es lo que tiene que investigarse. Más aún cuando se ha puesto de moda que algunos individuos con indicios de corrupción respondan a las denuncias de periodistas y ciudadanos con juicios "por difamación".
Hace poco el ministro de Justicia, Dr. Víctor García Toma, dijo lo siguiente: "Hay que decirlo claramente, que hay un sistema judicial que aún se comporta como Ripley o como Saga, incluso hasta pueden haber ofertas ‘dos por uno’”. Lo dijo indignado por la aparición de un nuevo audio de Alberto Químper sobre, digamos, transacciones en el Poder Judicial.
No contento con ello, el ministro agregó que "lamentablemente hay operadores (abogados) que entienden la sentencia como parte de una transacción comercial y existe alguien que desde el aparato judicial accede a ello”.
No hay duda de que en el Poder Judicial hay jueces y fiscales honestos y probos, que no merecen de ninguna manera manchar su buen nombre por culpa de algunos inescrupulosos. El caso Magaly Medina, que denuncia una ex secretaria en estos días, podría ser emblemático para acabar con una red de corrupción que busca sentencias ‘a la medida’.