“Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida (…)”, reza un fragmento del primer artículo de la Ley de Medio Ambiente de junio del año 2005. Este que, para algunos podría parecer un cuento de hadas, es el texto regulador de la gestión medio ambiental y, por ende, del impacto que ejercen sobre el medio ambiente los diferentes actores en la sociedad.
Instrumento obligatorio a todo país que como el nuestro desea proyectar su crecimiento de forma sostenida, pero que al no contar con un ente orgánico que goce de autonomía ministerial, podría hacer que su contenido se reduzca a simple letra muerta. Ante ese hecho y al imperativo que ejerce la preservación y el respeto de la naturaleza, el gobierno de Alan García Pérez lanzó la idea de crear el Ministerio del Medio Ambiente el 20 de diciembre de 2007.
Fue el mismo presidente de la República, el encargado de anunciar la buena nueva proponiendo al Congreso de la República la creación de ese portafolio, en concordancia sin duda con las demandas del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos pocas semanas antes. “El acuerdo comercial ha significado para el Perú un llamado de atención fundamental para fortalecer la defensa de los derechos laborales y del medio ambiente”, señaló entonces el jefe de Estado.
Así, al concretarse la iniciativa, por primera vez en la historia republicana, el Perú contará con un ministerio que tenga como finalidad la preservación del medio ambiente. Un paso adelante, ya que si bien, no estamos desamparados en esa materia dada la existencia de organismos como el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), entre otros, no contábamos con una entidad con política y autoridad ambiental propia.
Pues resulta importante señalar que contar con una cartera como el Ministerio de Medio Ambiente implicaría que su máximo representante, es decir el Ministro de Medio Ambiente, tendrá autoridad y facultades de decisión, dado que su voz será escuchada en el seno del Consejo de Ministros. Característica que lo diferencia del Conam, Organismo Público Descentralizado (OPD) o institución intermedia que, dependiendo de la Presidencia del Consejo de Ministros, carece de voz y voto en las sesiones del gabinete ministerial. La agenda es vasta. Los numerosos temas son de urgente tratamiento.
MANOS A LA OBRA
Pero, ¿cuáles son los principales problemas que deberá enfrentar el nuevo portafolio? Uno ineludible, dada su apremiante situación, concierne a la minería artesanal informal. Problema que el futuro ministerio tendrá que abordar iniciando su labor, dado que este subsector de la minería peruana involucra a más de 42 mil mineros artesanales informales, quienes ocupan ilegalmente terrenos privados, contaminan el medio ambiente por el hecho de operar con técnicas inadecuadas –perjudicando así su propia salud y la de su entorno-, además de generar conflictos sociales, evadir impuestos y actuar irresponsablemente cuando se suscitan contingencias fatales.
La mayoría de estos mineros trabajan en condiciones extremadamente precarias, empleando a menores de edad para realizar labores que por su naturaleza deberían ser asignadas a personas adultas. No resulta extraño por ello ver niños mineros en los lavaderos de oro localizados en Guaypetro en la región amazónica de Madre de Dios, así como en el yacimiento El Toro situado en los cerros de Huamachuco en la Región de La Libertad. Las estadísticas nos enrostran que unos 5,000 menores de edad a nivel nacional son explotados en labores mineras.
Cabe señalar que las condiciones de trabajo de estos mineros artesanales informales son desde ya deplorables, pues en esas explotaciones no cumplen ni con las mínimas medidas de seguridad personal y medioambiental. Esto último, dado que durante el proceso de la explotación se arroja a los ríos sustancias químicas altamente tóxicas como el mercurio y el cianuro de sodio, perjudicando así a las poblaciones aledañas y desestabilizando el ecosistema local y regional.
En relación a esta modalidad de minería, un hecho nefasto y emblemático ocurre desde hace algunos años en Tambogrande de la Región Piura. Allí, el movimiento antiminero que impidió la explotación del yacimiento aurífero por la el empresa minera canadiense Manhattan Sechura, abrió sin saber la posibilidad a que mineros artesanales-informales invadieran zonas de los distritos de Suyo,
Sapillica -situados ambos en la provincia de Ayabaca- y el de Las Lomas en la provincia de Piura, contaminando el ecosistema y afectando gravemente a los pobladores de esa zona del país.
En esta hora de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, urge en principio estudiar este fenómeno para poder regular y controlar con eficacia la minería artesanal informal, cuya naturaleza escurridiza para el control de los organismos que velan por el interés público, hace que este ejercicio resulte muy difícil si lo comparamos con la fiscalización a la que pueden ser sometidas las grandes empresas mineras. Será responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente de llevar a cabo estas tareas.
LA ESCASEZ APREMIANTE
Otro problema a enfrentar por parte del futuro portafolio es el cada vez más alarmante problema del agua y su escasez. Sobre todo en la costa peruana que paradójicamente, siendo el más poblado del país, es también el más seco. Algo así como un páramo sin la esperanza de convertirse en jardín. Si no fuera por la bondad del Ande peruano, que concentra el 98% del líquido elemento, gran parte del cual es vertido a la costa a través de los deshielos y precipitaciones que bajan por los cauces costeños, vivir de cara al mar resultaría imposible.
No está demás decir, con el fin de dimensionar el problema que nos plantea la escasez del agua, que casi el 70 por ciento de la población peruana vive a lo largo de la costa, franja en la que se encuentra menos del 2 por ciento de los recursos hídricos del país. Como también señalar que nuestra querida capital, la ciudad de Lima, la segunda ciudad más extensa en el mundo asentada sobre un desierto después de El Cairo, concentra aproximadamente al 30 por ciento de la población peruana. Todo un reto a nivel de la planificación y gestión en el uso del recurso agua.
Pues al hecho agravante que significa que más de ocho millones de personas se aventuraron a vivir en una ciudad en el desierto, hay que añadir el hecho que los recursos acuíferos de esta megalópolis en la que se ha convertido Lima sean cada vez más escasos. Lo que exige de sus autoridades esfuerzos adicionales a los que viene realizando a fin de subsanar esta deficiencia a futuro, pues de lo contrario se correrá el riesgo de que un día en que resulte inviable abastecer con el líquido elemento a la población limeña.
Esto no es una mera especulación, ya que la sequía que se produjo en el año 2004, prácticamente terminó con las reservas de agua de que se disponía en ese momento en la capital. Pues como señalan los expertos, se puede decir que de producirse durante dos años consecutivos el mismo fenómeno de sequía, las consecuencias podrían ser fatales para los habitantes de la urbe capitalina. Un panorama sin duda alguna desolador. Esto, sin el agregado de que Lima es la ciudad que cuenta con menos reservas de agua en toda Latinoamérica.
La suerte está echada, el Perú contará con un nuevo ministerio que marcará las líneas directrices a seguir con el fin de preservar nuestro medioambiente y ecosistemas. Dependerá, en este nuevo escenario, que los encargados de este organismo hagan que se convierta en un fiel guardián de la salud ambiental. O, por el contrario, pase a engrosar la larga lista de instituciones públicas que no colman las aspiraciones de la población. Con el agravante que de no tomarse las medidas necesarias, no solo enfrentarían a la repulsa social y popular, sino que quizás se enfrenten a la peor de las protestas, el inmisericorde castigo de la naturaleza.
