Si algo ha puesto en evidencia la Ley Nº 29602 que consagra a la imagen del Señor de los Milagros como Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica del Perú, rubricada por el Presidente Constitucional de la República Alan García Pérez en medio del estremecido fervor de miles de devotos que se dieron cita a inicios de esta semana en el histórico centro de Lima, es la flagrante contradicción entre dos, hoy más que nunca, relevantes artículos de la Constitución Política del Perú que fue promulgada hace más de tres lustros, a fines del año 1993.
Los artículos actores de esta polémica antinomia son: el segundo que contempla en su segundo inciso que “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley” y que, por lo tanto, “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”, y el cincuentavo que nos dice que “dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”.
Nuestros padres de la patria primero, 67 entre ellos, encabezados por la legisladora Hilaria Supa, representante de la organización política Unión por el Perú, quien preside la multifacética Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, y luego, tal como da testimonio lo sucedido hace tan pocos días, Alan García Pérez, escogieron resolver esta dialéctica constitucional optando apoyarse y avalarse, que duda cabe, en el artículo cincuenta que se presta sobre manera para servir de tamiz a iniciativas de esta índole.
Así las cosas, cabe preguntarse por los motivos que hicieron que una mayoría simple de legisladores, sin necesidad de ir a segunda votación, el 7 de octubre del presente elevaron a la venerada imagen del Cristo de Pachacamilla al rango de Patrono de un sector que aunque mayoritario en lo que concierne a la representatividad espiritual, excluye a por lo menos un 20 por ciento de ciudadanos que no se identifica, haciendo uso de su libertad de culto, con la creencia cristiana católica en nuestra patria. Emitiendo así una ley que atentaría contra el carácter general que debe contemplar por esencia toda ley.
Y cuestionarse también por qué el Presidente de la República quien es la máxima autoridad de la sociedad organizada que es el Estado y que, por ende, más allá de las diferencias de diverso índole que coexisten en nuestra sociedad, debe unificar a todos los peruanos, garantizando las irrestrictas libertades a nivel individual, ha dado este controvertido paso. Uno que lleva incluso a pensar que se han soslayado sutilmente la riqueza y el aporte de otras confesiones en el proceso de elevación espiritual de nuestro pueblo... Algo, que de no rectificarse, y estamos a tiempo, podría fragmentar a una sociedad que lo que necesita es justamente lo contrario: la Unidad.