Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
A inicios de 1980 se produjo en Estados Unidos e Inglaterra un resurgimiento de políticas conservadoras que llevaron a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher al poder en sus respectivos países. El eje central de sus campañas electorales fue el de la lucha contra el delito, el problema de la criminalidad y parte central de su éxito electoral fue la manipulación profesional de la opinión pública, a la que se ofrecía mayor seguridad ciudadana mediante una represión firme de la delincuencia.
Nada creativas, las exigencias sensacionalistas de esta tendencia, conocida en Inglaterra como la del “neorrealismo de derecha”, se caracterizan por el énfasis en la necesidad de una seguridad y orden autoritarios, las que se han expresado recientemente en nuestra política criolla a través de Keiko Fujimory en las propuestas de aplicación de la pena de muerte en el caso de los delitos sexuales y en los llamados a la aplicación del principio de autoridad gubernamental.
Cada cierto tiempo se reeditan estas propuestas de populismo punitivo que nos recuerdan sus antecedentes demagógicos más cercanos tales como la iniciativa de castración química a los violadores que se presentó a la opinión pública por la congresista Cuculiza así como la vocación del Sr. Souza de la total eliminación de beneficios penitenciarios en algunos delitos.
El incremento de la tasa de criminalidad sirve muy frecuentemente a la consolidación de un sentido común que avala formas de intervención crecientemente autoritarias y que neutraliza el tratamiento de los factores estructurales de pobreza y de exclusión en la sociedad de la escasez que muchas veces se encuentran en la génesis de la infracción delictiva primaria.
Cuando la sociedad se polariza al grado que hay importantes sectores frente a los cuales el Estado no ha proporcionado servicios elementales como alimentación adecuada, educación o salud, se busca que el ciudadano de a pie, demande al menos seguridad, para salvar de este modo siquiera su integridad física y su tranquilidad. Se intenta así fomentar la cultura del miedo y de la inseguridad porque un ciudadano en esa situación es mucho más manejable políticamente.
Pero no podemos negar que en la opinión pública el tema de la seguridad ciudadana se percibe como uno de los problemas fundamentales de nuestro país habiendo superado últimamente incluso al tema de la pobreza en el imaginario social. Sin embargo, el concepto mismo de la seguridad puede tener muchas connotaciones y contenidos. De allí que una respuesta racional a la genuina demanda social de seguridad pasa por aclarar conceptos y deslindar con las tendencias autoritarias de control social porque la inseguridad y el miedo al delito pueden consolidar la exclusión y las prácticas autoritarias desde el Estado con el pretexto de velar por la seguridad.
Un enfoque reduccionista y equivocado es aquel que asimila la inseguridad sólo a la existencia de la criminalidad y que concibe que la solución implica un tratamiento normativoultrapunitivo acompañado solamente por el diseño de reformas de naturaleza policial o militar. Como bien señala el criminólogo argentino Eduardo Luis Aguirre(1) esta simplificación hace que el temor a ser víctima que tiene cada ciudadano sostenga un imaginario colectivo basado en que la sociedad está compuesta por una multitud de sujetos peligrosos contra los que hay que acometer antes que algo ocurra. El miedo se convierte así en una nueva forma de control social. De allí a la cíclica postulación del “derecho de matar” o a la hipercriminalización de la protesta social sólo hay un paso.Por eso se utiliza el hecho de que detrás del miedo a ser víctima del delito estén incluidos otros miedos no visibles tales como el miedo a la agresión, a la muerte, a lo desconocido y en general el miedo frente a la desprotección.
Esta orientación puede tener excelentes réditos en sociedades de escasa cultura política pero es inservible y demagógica frente al fenómeno de la criminalidad y es reveladora de la indigencia teórica que ostentan estas tendencias autoritarias en el ámbito de la política criminal. Porque en realidad ni el tratamiento serio de la criminalidad primaria ni el de la delincuencia convencional, si se asumen con seriedad, pueden exonerarse de la preocupación social por el empleo digno, por el derecho al trabajo, el deterioro del medio ambiente, el derecho a la salud, la necesidad de educación sentimental y sexual. el derecho a la alimentación y la aspiración a la vida en condiciones de dignidad. Por ello,reducir la política criminal solamente a las propuestas reactivas frente al delito y a la hiperinflación penal, es una apuesta por una modalidad de “gobierno a través del delito” que es corrosiva para la propia democracia y que sólo lleva al deterioro humano en las cárceles, a la asociación delictiva, al incremento de áreas urbanas de delincuencia y al desarrollo de la cultura del delito. Más cárcel y penas más duras no resuelven el tema de la seguridad ciudadana, por el contrario, agudizan el riesgo social y los márgenes de victimización.
De allí que sea necesario desentrañar detrás de conceptos aparentemente consensuales como “autoridad”, “orden”, “patria” y hasta “familia” elementos que se identifican con propuestas de regímenes políticos autoritarios que auspician posiciones de abandono de las garantías constitucionales básicas como el derecho a la vida, al debido proceso, a la imposibilidad de condena sin proceso previo, a la proporcionalidad en la aplicación de las penas, a la proscripción de penas crueles y degradantes. Porque en el fondo estas orientaciones no propugnan tanto el orden sino la exclusión de los diferentes, porque defienden no tanto la seguridad sino la intolerancia. En democracias de “baja intensidad” o “democraduras” el estigma de la propuesta “antisistema” pone por delante a la acción punitiva, a la exclusión de lo que no es tradicional o no corresponde a los intereses de las minorías, sobre la razón y la justicia, por ello se opta por la demagogia sobre la experticia, por el miedo sobre la necesidad de políticas sociales de largo plazo que sean fruto de una seria planificación estratégica contra el delito.
Se omite así analizar que el incremento de la delincuencia organizada y la mayor violencia que se vive actualmente es producto del narcotráfico en tanto nuestro país exhibe hoy prácticas delictivas tales como el sicariato o el desarrollo de la industria del secuestro como parte de un modelo de régimen político que si ya no es un narcoestado se encuentra en vías de serlo por la tolerancia gubernamental institucionalizada frente a esta modalidad delictiva.
De hecho uno de los retos de los gobiernos regionales y municipales será cómo dichos ámbitos de gestión pueden combatir el delito sin fortalecer un Estado policíaco o peor aún sin abrir escenarios a la militarización de las ciudades o regiones como ha acontecido en México, donde el enfoque represivo más que preventivo de la seguridad llevó a la aplicación de operaciones policíaco militares que sustituyeron a la ausencia de negociación política y a la aplicación de políticas sociales lo que condujo a la intervención del ejército en los estados afectados por la delincuencia organizada donde la criminalidad, en vez de retroceder, se consolidó y afianzó.
Esa ruta es, como bien afirma el estudioso mexicano Gabriel Regino, (2)más la de la seguridad del Estado que la de la seguridad ciudadana, ya que apuesta más al control político duro sobre las poblaciones de escasos recursos que a una visión de control social democrático.
Desde la perspectiva policial, su fracaso para implementar políticas integrales de seguridad ciudadana proviene de una ausencia de organización para prevenir el delito y de la no perseverancia en la reforma policial. Ser policía subalterno en nuestro país significa mayoritariamente proceder de estratos pobres optándose por esta ocupación como una manera de escapar de la exclusión social. Detrás del fracaso de la PNP en las tareas de seguridad ciudadana están la falta de capacitación especifica para esa labor, los escasos salarios, la ausencia de un régimen de seguridad social y de salud eficaz que les de tranquilidad para subsistir y los aleje de la corrupción . En vez de atender esas carencias apostando a una carrera policial seria, cuando la Policía fracasa por estos problemas de fondo que están aún irresueltos, la apuesta autoritaria tiende a la sobredimensión de la represión y a la ultrapunición penal que no son alternativas reales frente al delito.
¿Cómo enfrentar entonces la inseguridad que impacta profundamente en la vida de los ciudadanos, sobre todo en los más débiles, aquellos que no pueden aspirar a modalidades de seguridad privada?
Comprendiendo que aún siendo un problema de primer nivel no ha sido atendido de manera adecuada. Asumiendo que una verdadera política criminal alternativa consiste en una radical política de transformaciones sociales e institucionales para el desarrollo de la equidad y la igualdad, extendiendo la tutela penal a la defensa de los intereses colectivos como la salud, la alimentación, la seguridad en el trabajo y no a la sobrecriminalización de la trasgresión primaria. Defendiendo un poder público que actúe en defensa de los más débiles y vulnerables, desarrollando acciones de seguridad comunitaria o colectiva que comprendan a toda la sociedad civil y a las fuerzas democráticas y no sólo a la Policía, la justicia penal y el sistema penitenciario.
Entendiendo que las exigencias de mayor pena son el resultado de posiciones espontáneas sin reflexión y no el fruto de una discusión pública seria en una actitud ciudadana y política. Desarrollando estudios sobre opinión pública y criminalidad para sopesar el real nivel de incremento del delito y no optar por sondeos de opinión coyunturales que pueden estar sesgados por las necesidades de rating y publicidad. Haciendo intervenciones pedagógicas que apuesten a la organización de la población para tratar el Plan Local y Regional de Seguridad Ciudadana, el que incluya diagnósticos serios, así como mapas y observatorios del delito.
Consensuando las políticas de seguridad ciudadana, tanto en los organismos públicos como sociales, operativizando programas comunes de trabajo social por la seguridad ciudadana. Vinculando la labor de las comisarías, la Justicia de Paz y el sistema penitenciario con la universidad y las instituciones educativas. Trabajando en los temas de convivencia, paz y seguridad ciudadana relacionando seguridad con justicia social. Desarrollando estrategias y acciones que puedan presupuestarse, evaluarse con indicadores y de las que se pueda rendir cuentas teniendo como criterios enfoques geoterrritoriales realistas que identifiquen los delitos que se perpetran en cada localidad, de colaboración de los actores sociales y públicos, así como enfoques transversales para el desarrollo de políticas de educación, salud, urbanismo, transporte público y prevención en áreas vulnerables, que enfrenten la corrupción en todos los niveles promoviendo políticas de transparencia así como construyendo una cultura ética que haga parte de la identidad nacional. Diseñando desde la sociedad formas de afrontar las necesidades derivadas de una nueva clase de delincuencia. Dando un verdadero tratamiento en medio abierto a las faltas orientando a los jóvenes hacia la cultura del trabajo y de la solidaridad.
En fin, respondiendo de modo integral, desde la sociedad y desde el estado, con la articulación de políticas públicas coherentes, a la complejidad y creciente protagonismo del fenómeno delictivo.
(1)AGUIRRE, Eduardo Luis: “Acerca de la inseguridad y del miedo al delito”.RevistaElectrónica Derecho Penal. (http: //derechopenal online.com)
REGINO, Javier: “Seguridad Pública en México, una aproximación al holacausto”.Revista Electrónica Derecho Penal. (http: //derechopenal online.com)
