Pena de muerte en debate por enésima vez

¿Hasta qué punto un ser humano puede estar tan enfermo para ultrajar sexualmente a una bebita de tan solo siete meses de nacida? Esta atrocidad ha puesto nuevamente en debate el pedido de un gran sector de la población peruana: la pena de muerte.

¿Es posible que el Perú restituya la pena capital cuando está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe explícitamente restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido?

Como no existe imposible, el parlamentario Hildebrando Tapia, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ha planteado que el Estado peruano analice la posibilidad de un retiro parcial y estratégico de la competencia de la Corte, para que pueda aplicarse la pena de muerte en Perú por delitos graves como violación, secuestro y asesinato de niños.

Por lo pronto, a decir de la candidata presidencial Keiko Fujimori, su plan de gobierno contempla la pena de muerte para violadores de menores de siete años de edad. El ex alcalde de Lima y también aspirante al sillón de Pizarro, Luis Castañeda Lossio, concuerda con la fujimorista en esta iniciativa, al afirmar estar de acuerdo con la aplicación de la pena capital en casos excepcionales.

Sin embargo, ¿cómo lidiar con el temido error judicial? No puede dejar de mencionarse el caso del llamado “Monstruo de Armendáriz”, un vago y ladrón de poca monta que en 1957 fue fusilado por supuestamente violar y asesinar a un menor de tres años. Posteriormente, se descubrió que Jorge Villanueva Torres era inocente, pero ya era tarde: ya había pagado con su vida un delito que no había cometido.

O, peor aún, un delito que no existió, ya que investigaciones ulteriores demostraron que el niño Julio Hidalgo Zavala que fue hallado muerto en la quebrada de Armendáriz (zona limítrofe entre los balnearios de Miraflores y Barranco) no había sido violado, sino que fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga.

Tanto dio que hablar este caso que incluso el grupo NoseQuién y los NoseCuántos le dedicó una conocida canción cuya letra es fiel reflejo de la justicia peruana: “(...) Esta es la historia de un hombre injustamente condenado por el Poder Judicial, una persona que por error de hecho y de derecho fue injustamente condenada (...) Fue condenado, fue vilipendiado, fue torturado y fue asesinado. Pero le preguntamos a toda la sociedad si era ¿inocente o culpable? Esta es la historia del Monstruo de Armendáriz (...)”.

Más de medio siglo ha transcurrido desde aquel fusilamiento y el avance de la tecnología y el uso de la prueba de ADN pueden evitar en cierta medida el error judicial, pero no puede ser descartado del todo.

El problema radica en que el error judicial es irreparable. Como alguna vez lo dijo el periodista español José Martí Gómez en la sección “Diario de un reportero” en las páginas de La Vanguardia: “Solamente por la posibilidad de ejecutar por error a un inocente es por lo que la pena capital ya es un crimen”.

El error judicial no es potestad de los países tercermundistas como el nuestro. El británico Derek Bentley tenía 19 años y una edad mental de 11 cuando fue ahorcado tras ser acusado de asesinar a un policía, que en realidad fue asesinado por un amigo suyo. El día de su ejecución, su madre puso en la refrigeradora una botella de champán que abriría el día en que se probase la inocencia de su hijo, pero falleció sin poder abrirla, dejándole la posta a su hija Iris que luchó hasta el último día de su vida para demostrar la inocencia de su hermano.

Cuarenta y cinco largos años después de la muerte del joven Derek, su sobrina María Dingwall-Bentley (hija de Iris) pudo brindar con ese champán, tras lograr que un tribunal declarara oficialmente que se cometió un error judicial. Pero luego de más de cuatro décadas, era demasiado tarde para él.

No obstante, el sujeto Elvis Egoavil Julcamira, recluido ya en prisión por la violación de su bebita de siete meses, reconoció el macabro hecho e incluso confesó que quiso matar a la pequeña, no dejando dudas de su culpabilidad. ¿Debería aplicarse la pena capital en los casos absolutamente comprobables y en los que no exista duda de la culpa del acusado? He ahí la pregunta...