Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
Históricamente, la economía nacional se ha sustentado en la explotación de los recursos naturales cuya rentabilidad favorece a determinados grupos empresariales. Este sistema -permitido por la administración del Partido del Pueblo- de extracción ilimitada y carente de planificación impide promover procesos de transformación industrial y darle valor agregado a nuestra diversidad biológica.
Todos coincidimos en que el crecimiento económico es esencial para disminuir la pobreza. Los efectos negativos causados por este ascenso, afortunadamente, pueden reducirse si se destinan medios para lograr una mejor ordenación ambiental.
La política ambiental de Gana Perú debiera enmarcarse en el marco del Acuerdo Nacional que resume un conjunto de consensos que deben optimizar la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad nacional del ambiente, las atribuciones sectoriales y los diversos niveles de gestión descentralizada, con la finalidad de delinear políticas y programas ambientales en los sectores productivos.
Dentro de este contexto, esta temática exige un grado de participación multidisciplinaria e incluye a múltiples sectores de la sociedad organizada. Es prioridad fortalecer el Ministerio del Ambiente con la dación de competencias que le faciliten cumplir funciones de control y sanción, como sucede en las naciones desarrolladas. Además, dotarlo de una partida presupuestal para culminar su implementación a fin de contar con una instancia gubernamental capaz de enfrentar los desafíos de los tiempos actuales.
Los hechos han demostrado que la constitución del Ministerio del Ambiente (2008) no respondió a una real decisión de incorporar el quehacer ambiental como eje del desarrollo. Como lo dijimos en su momento, su creación evidenció el agudo olfato político y mediático del jefe de Estado en vísperas de la V Cumbre de ALC-UE. Pobres resultados y contradicciones entre las políticas gubernamentales y las acciones de esa cartera, así lo acreditan.
Creemos en la trascendencia de la inversión extranjera. Igualmente, es imprescindible respetar las manifestaciones culturales de las colectividades que habitan los territorios en donde se encuentran los recursos naturales no renovables motivo de tan aguda confrontación que impide concertar políticas en donde el Estado, las comunidades y los inversionistas hagan prevalecer anhelos nacionales.
El 50 por ciento de los conflictos sociales a nivel nacional se deben a razones ambientales. Principalmente, enfrentamientos ocasionados por la posible presencia de empresas mineras, petroleras y gasíferas. Muchas de estas confrontaciones han derivado en episodios de violencia que facilitaron conocer una compleja y distante realidad que el Poder Ejecutivo no alertó por carecer de vocación de diálogo y capacidad concertadora.
Es prioridad integrar nuestra biodiversidad en la agenda de los pobres. Se necesita una Ley de Consulta Previa a los Pueblos Originarios u Indígenas y otras disposiciones complementarias de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que enfatiza la contribución de los pueblos tribales a la diversidad cultural, la armonía social y ecológica.
Los poblados amazónicos y altoandinos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte –de alguna manera- sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y tierras que ocupan y, además, de conducir su propio destino.
En el ámbito andino se debiera estimular la activa participación de las comunidades con el propósito de fortalecer su economía con iniciativas que posibiliten aliviar su nivel y calidad de vida. Por ejemplo, tienen en sus pastos la mayor población mundial de vicuñas, un recurso poseedor de la lana más fina y valiosa del mundo, que, sin embargo, no contribuye a generar la rentabilidad que posibilite salir de la miseria a miles de familias dedicadas a su conservación y usufructo.
Hemos perdido la oportunidad de elaborar telas de vicuña provenientes de la esquila de animal vivo para convertirnos en exportador de materia prima y favorecer, de esta manera, a empresas textiles europeas. Se deben implementar mecanismos concertados, con la participación del Estado, la inversión privada y las entidades campesinas, que nos coloque como productor de confecciones textiles con su lana.
El uso eficiente de la oferta ambiental puede contribuir -de forma inequívoca- a reivindicar a los sectores rurales a quienes no ha favorecido el aumento de la economía de los últimos años. Sus peticiones fueron ignoradas por quienes gobernaron de espaldas a sus expectativas.
Dentro de este contexto, es indispensable que el Estado peruano consolide instituciones, resguarde intereses nacionales y cumpla el precepto constitucional por el cual: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Por Wilfredo Pérez Ruiz
Docente, conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.
http://wperezruiz.blogspot.com/
http://www.facebook.com/wilfredoperezruiz
Foto: Karla De Rojas Guedes