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REVISTA

¿HASTA CUÁNDO?

Accidentes de tránsito?
Una madre que llora a sus hijas, una abuela que tendrá que hacerse cargo de su nieto huérfano, un hijo que entierra a su padre y hermano, una esposa que vela a su compañero de toda una vida. Así como estas, cientos de familias peruanas han sido tocadas por la desgracia de enterrar a los suyos, víctimas de un accidente en las carreteras.
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¿HASTA CUÁNDO?
Hace unos días, mientras esperaba el inicio de una conferencia de prensa, conocí a una colega de una agencia de noticias extranjera; una jovencita risueña y carismática, natural de Florida (Estados Unidos). Nos pusimos a conversar y en medio del diálogo, le pregunté si ella escogió realizar sus prácticas periodísticas en Perú o si había sido una decisión que no estuvo en sus manos.
Su respuesta fue inmediata: “He leído mucho acerca de este maravilloso país y fui yo quien escogió venir aquí, entre todas las propuestas que la universidad me ofrecía”, me dijo en su perfecto español, enumerando a continuación todo aquello que le había llamado la atención.
Con un sentimiento de orgullo, tras escuchar a la residente de una gran potencia decir lo maravilloso que le parecía mi país, procedí a preguntarle qué aspectos negativos había leído antes de su llegada al Perú. Sin vacilar, esto fue lo primero que me contestó: “Leí acerca de las killer combis (combis asesinas)”. Mis oídos no me engañaron, la mala fama de nuestro transporte público ha traspasado nuestras fronteras. “Hasta ahora no me he subido a ninguna porque tengo algo de miedo, pero antes de regresar a mi país, lo haré”, agregó la norteamericana algo vacilante.
Razones para temer no le faltan. La informalidad y la mal utilizada viveza criolla que reina en el país han hecho de nuestro sistema de transporte rural, urbano e interprovincial, uno de los más peligrosos de la región. Y la autora de esta nota lo afirma por experiencia propia.
En mi época de estudiante me ayudaba económicamente trabajando en un ‘fast food’ y mi horario de salida era más que tarde. La peor parte era tener que esperar “mi carro” en el llamado óvalo Santa Anita. Además de cuidarme de la delincuencia nocturna que rondaba en el paradero, mi mayor inquietud era conseguir un vehículo conducido por alguien prudente que me lleve a mi destino sana y salva.
Pero la mayoría de las veces era todo lo contrario. No fue en una, sino en varias oportunidades, que en plena Carretera Central, el chofer se tiraba –literalmente- en un asiento a descansar y el cobrador (muchos carecen de licencia de conducir y por eso trabajan de cobradores) tomaba la posta con un cigarro en una mano -pese a la prohibición de fumar en lugares públicos- y el timón en la otra. Mis protestas caían en saco roto: “Si no le gusta señorita puede bajarse y tomar otro carro”, me dijeron muchas veces. Con indignante resignación me quedaba en el vehículo, pues consideraba más peligroso descender en medio del camino.
Tres veces fui partícipe de un accidente de tránsito: la primera vez en una ‘coaster’, la segunda en una ‘combi’ y la tercera en un taxi. En las tres oportunidades, los accidentes se produjeron por negligencia de los choferes que conducían los respectivos vehículos. Aunque no hubo muertos ni heridos graves, mis médicos atribuyen a uno de los accidentes, la ruptura de la barra de titanio que tengo en la columna producto de una intervención quirúrgica, y que ahora tendré que retirarla con otra operación.
Pero mi testimonio no se compara en nada a los cientos de historias de dolor escritas como consecuencia de los accidentes que han teñido de sangre las pistas del Perú. Solo en la primera mitad del año, según cifras oficiales, ya se ha superado con creces el millar de fallecidos, ya sea atropellados, o por choques o volcaduras. A esto se suma un número superior de heridos.
EN LA CAPITAL
A decir de un informe dado a conocer por la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte  de Lima y Callao, las principales causas son la negligencia e impericia de los conductores, la irresponsabilidad de los peatones y el mal estado del parque automotor, lo que se suma a la inoperancia de las autoridades municipales y policiales.
Tras un minucioso estudio, solamente en Lima se han determinado 2,276 “puntos negros o peligrosos”. Uno de los distritos que encabezan la lista negra es San Juan de Lurigancho, identificándose a la Av. Wiesse-Paradero 5 como la más peligrosa de esa jurisdicción. Le sigue Santiago de Surco, cuya avenida Próceres es la que consigna el mayor número de peatones arrollados en la ciudad capital. El moderno distrito de San Isidro no se queda atrás, al registrar un alto índice de accidentes, sobre todo en Paseo de la República.
Pero es el Cercado de Lima el que lidera esta nefasta lista, ya que es en ese sector donde se ha registrado la mayor cantidad de accidentes. Y paradójicamente la comuna limeña es la que preside el Consejo de Transporte.
Así, es importante señalar que la responsabilidad de la vigilancia de las arterias principales de la ciudad recae directamente sobre la Municipalidad de Lima, mientras que las vías de menor flujo vehicular les compete a los concejos de cada distrito y a la Policía local, lo que echa por tierra que el alto índice de accidentes sea de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tal como muchos equivocadamente suponen.
MEDIDAS EXTREMAS
Justamente, durante su presentación ante el Congreso para responder un pliego interpelatorio sobre el particular, la ministra del sector, Verónica Zavala, sostuvo que es urgente articular de manera coordinada con todos los gobiernos regionales y locales para hacer realidad el objetivo nacional de reducir los accidentes vehiculares.
Anunció la presentación de una iniciativa de ley que busca crear un organismo especializado que se dedique en forma exclusiva a la fiscalización del transporte. Entre otras medidas, su portafolio fijará los estándares mínimos para los vehículos que transportan pasajeros, además de reforzar el programa de señalización vial y promover la puesta en funcionamiento de las escuelas de conductores.
Mientras, el Parlamento acordó por unanimidad, agravar las penas para los choferes que conduzcan en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, quienes tendrán que cumplir penas que fluctúan entre los dos y cuatro años de cárcel. Y si el conductor presta servicios de transporte público de pasajeros o de carga, la sanción oscilará entre los cuatro y seis años de privación de libertad.
Para combatir esta racha fatal, la representación nacional acordó modificar la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre(Ley Nº 27181), que consigna la cancelación definitiva de las licencias de funcionamiento a empresas infractoras y causantes de accidentes de tránsito con resultados fatales. También se incluyen acciones de prevención consistentes -según el nivel de la infracción- en la retención de la licencia de conducir y hasta del vehículo.
Todo suena muy bien. El gran reto radica en que estas disposiciones no caigan en saco roto. ¿De qué sirve tener una elaborada ley si no se exige su cumplimiento a cabalidad o si los infractores tienen las puertas abiertas para librarse del castigo que debería ser impuesto? La respuesta es simple, no serviría de nada. ¿Hasta cuándo permitiremos que dure esta racha fatal de accidentes? Es hora de ponerle freno.
Si bien es cierto las autoridades competentes tienen la responsabilidad de tomar medidas preventivas y correctivas, de cada uno de nosotros depende mejorar la situación al usar el puente peatonal en lugar de cruzar la avenida por zonas prohibidas, respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, no manejar cuando llevamos encima unas copas demás, preferir líneas urbanas e interprovinciales formales y no optar por las llamadas “piratas” para ahorrarnos unos cuantos soles, entre otras acciones… Solo así contribuiremos a reducir los accidentes de tránsito en nuestro Perú.
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