Las visiones de país tanto del gobierno de Evo Morales y sus seguidores como la de la mayoría de los pobladores de las cuatro regiones más ricas de Bolivia son totalmente opuestas. Veamos por qué.
Por un lado, don Evo y su partido el MAS (Movimiento al Socialismo) que impulsan a través de medios de comunicación nacionales e internacionales, sin medias tintas, una nueva Constitución calificada como estatista e indigenista. Aprobada, con un costo de 400 heridos y tres muertos, en sesiones de la Asamblea Constituyente en Sucre y Oruro que no contaron con la participación de la oposición, pues le fue impedido el ingreso.
Por el otro, la llamada, por Morales, “derecha oligarca, fascista y racista”, encabezada por los “gobernadores” de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, a la que se suma Sucre con su prefecta, la indígena Savina Cuellar, quien defiende a rajatabla sus recursos logrados por impuestos a los hidrocarburos (IDH), hoy confiscados en un 30 por ciento por el gobierno “para los ancianos”.
En los cuatro departamentos mencionados se practica el libre mercado y la “democracia” que, afirman sus autoridades, se ejerció en las urnas -sin la aprobación del gobierno boliviano- para alcanzar su autonomía por una amplia mayoría. En fin… Pero, refirámonos al referéndum revocatorio (para ratificar o separar autoridades) llevado a cabo el pasado 10 de agosto. Y en el que Evo Morales logró el 67 por ciento de aprobación.
Lo único alcanzado con su realización es, hasta hoy, mayor confrontación entre bolivianos. Y es que, los cuatro “gobernadores” opositores también lograron altas votaciones en las ánforas. Aquel día, fueron revocados solo dos prefectos. Los de Cochabamba y La Paz. El de Oruro, representante del partido gobernante MAS, aunque desaprobado por la población, fue salvado por el gobierno.
¿El resumen? Hoy, decenas de personas pertenecientes al partido gobernante pelean en las calles por ocupar “transitoriamente” esos dos puestos, para cuyos titulares el Presidente debe convocar a elecciones en los próximos días. Sin embargo, ese no es hoy el tema que ocupa principalmente el tiempo de Evo Morales… ¡No! Es la vigencia, sí o sí, de la nueva Constitución del Estado.
Así lo hizo saber don Evo al amenazar a los departamentos opositores: “o dialogan –con condiciones-, o apruebo un decreto para llamar a una consulta popular y así aprobar la nueva Constitución”. Pero esto ya es una realidad, pues el mandatario boliviano promulgó el decreto supremo 29691, gracias al cual se convoca el "Referéndum Dirimitorio y Aprobatorio de la Nueva Constitución Política del Estado", que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, situación que divide aún más a Bolivia, ya que cinco departamentos no aceptan ni permitirán el referéndum en cuestión.
¿Cuáles son las condiciones del gobierno de Morales para “dialogar” con las autoridades de los departamentos “rebeldes”? Simple, aceptar el recorte del IDH y ceñir sus autonomías a lo que señala el nuevo texto constitucional aún no vigente. ¿Y las condiciones de los “gobernadores”, autodenominados así por los estatutos autonómicos, aprobados por la mayoría de sus poblaciones? Más simple aún: restablecer el IDH y reconocer su autonomía.
¿Posiciones incompatibles? Sí, tanto como lo que señala el titular de este “Punto de Vista”. Cabe tomar nota de que el esperado diálogo ya se dio tres veces. Sin embargo, por las posiciones antagónicas, obvio, no se obtuvieron resultados. Si el referéndum revocatorio puede considerarse catastrófico para la unidad de Bolivia, más aún lo fue la frase vertida por el presidente Morales, al reconocer que “si algo no es legal, yo le meto nomás…Y les digo a mis abogados, háganlo legal. ¿Para qué han estudiado?”.
Con estas palabras del Jefe de Estado de Bolivia, si las inversiones extranjeras escaseaban: hoy no hay. La seguridad jurídica, hasta hace poco en entredicho por la falta de un Tribunal Constitucional, y las palabras de Evo Morales ahuyentaron del todo. Generando que en algunos casos se adoptaran duras medidas. Como la tomada por Telecom Italia, a la que el gobierno expropió la Empresa de Telecomunicaciones Entel, y ante lo cual, durante varios meses, se negó a enfrentar un proceso de arbitraje en el CIADI. A lo que finalmente accedió.
Con ello, sin duda Evo Morales y su gobierno abrieron las puertas a muchos otros inversionistas “afectados”. De lograr sus empresas la aceptación internacional a sus demandas, ello ocasionaría a Bolivia más de 3,000 millones de dólares en perdida. Es decir, muchísimo más dinero del obtenido gracias a la expropiación. Pero, ¿qué dicen los más destacados analistas? “Ha comenzado la guerra”, así tituló un artículo hace un par de días, en el diario “La Razón”, un periodista boliviano que realiza los despachos para el Perú, a través de las ondas de Radio Programas del Perú.
Humberto Vacaflor, señala, preocupantemente, entre otros puntos, que “los cocaleros han ido adquiriendo en los últimos meses las características de un ejército que se moviliza por todo el territorio nacional a fin de cumplir tareas de presión en lugares específicos”. Y más adelante agrega: “este ejército de cocaleros tiene como referentes a las FARC de Colombia y a Sendero Luminoso en el Perú”.
Pero eso no es todo, Vacaflor también afirma que “los cocaleros bolivianos están llegando cada vez a lugares más alejados de su sede de operaciones. Podría decirse que han dejado de cultivar sus catos y ahora se dedican exclusivamente a las tareas políticas que les ha encomendado su jefe –quien por su voluntad es también presidente de las seis federaciones cocaleras-, es decir, el presidente de la República”.
Luego de otras graves consideraciones, Humberto Vacaflor finaliza diciendo: “Por lo tanto, ahora en Bolivia hay un ejército movilizado para atacar a regiones específicas. Es probable que en esas regiones surjan también grupos armados para defenderlas. Un ejército que ataca y otro que defiende. Esa es la historia de todas las guerras”. ¿Exageración? No, tristemente no. En Bolivia, la guerra está en cada persona, cada barrio, cada casa, cada raza…En cada lugar… Y tiende a agudizarse.
Por el momento, con las agresivas palabras del Presidente Morales y líderes opositores de las cuatro regiones autónomas, la solución parece estar muy lejos, como distante está el reconocimiento a los periodistas bolivianos, a quienes, desde el gobierno fustiga don Evo en cada una de sus intervenciones. Lo que obviamente está suscitando la reacción violenta de la población en contra de los hombres de prensa.
Las presiones de parte del gobierno, mediante palabras y hechos violentos, como gasificar y desalojar a los minusválidos, y las de las autoridades y población de las regiones “rebeldes”, como el bloqueo de las fronteras a la Argentina y Paraguay, no cesan…Se incrementan…Y se extienden... No parece estar demás decir: ¡Cuidado Latinoamérica¡ Tal vez es algo de lo poco que, heredado de Hugo Chávez de Venezuela, puede exportar ahora el gobierno boliviano…La pregunta, con respecto a la situación boliviana surge espontáneamente: si esto no es guerra ¿qué lo es?
