¿GUERRA POLÍTICA MEDIÁTICA TRAS LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?

El país sigue conmovido por los “petroaudios” que ya fueron entregados a la Fiscalía para las investigaciones de rigor. Pero nuevos audios aparecen y lo que comenzó como denuncia moralizadora va tomando la forma de una sostenida campaña que involucra y liquida a cada vez más personajes aún que para ello se utilicen medios vedados. La muy costosa campaña que vivimos ya más de veinte días, ha producido ya un cambio de gabinete y podría ser muy larga y desestabilizadora si tenemos en cuenta que habrían más de seiscientos audios y más de dos mil correos electrónicos.

Todos estamos contra la corrupción y no hay ninguna duda de que los culpables deben ser castigados ejemplarmente. Para ello está el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hay que sancionar e investigar también el delito de interferencia telefónica o “chuponeo”. Usando y abusando de dicho “método” nuevas pruebas surgen y se entregan a la prensa. Quienes están tras esta campaña saben dosificar las entregas, editar convenientemente audios y mails y hasta fabricar documentos electrónicos. Con ello se llena de ruido político el ambiente y se genera desconcierto y suficiente descrédito para el gobierno y para el partido de gobierno.

Sin ingresar al análisis sobre quiénes mueven esta campaña y que intereses políticos o económicos podrían inspirarla hay que decir que siendo indispensable la inflexibilidad y la firmeza en la lucha contra la corrupción llama a reflexión cuando la misma parece tornarse en perverso mecanismo de destrucción de un partido y de un gobierno. Estamos viviendo una campaña de denuncia pero también de confusión, de escándalo, de especulación. Con ello se hace daño al país, hasta el momento muy grande, y podría ser inmenso comprometiendo su gobernabilidad si no se actúa con mayor responsabilidad tanto en la política como en la prensa. Debe haber sanción para los culpables pero siempre pensando en un control de daños para la imagen del país.

La sanción no puede venir de apresuradas primeras planas periodísticas sino de quienes corresponde. Sabemos que la condena mediática es inmediata y poderosa. Se liquida a los personajes sin vuelta atrás. Se puede marcar de por vida e irresponsablemente a inocentes sólo para ganar la primicia o para demostrar rigor ante la corrupción. Lourdes Flores ha sido la primera en dar lección de seriedad y responsabilidad anunciando que su partido, el PPC, no opinará sobre lo que viene sucediendo hasta que no se llegue a conclusiones de la investigación judicial. Y tiene razón ética y jurídica.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Es una conquista del ser humano y viene desde el Siglo de las Luces. Figuró en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y desde allí está en muchas constituciones del mundo. Es una garantía dentro del debido proceso. Nadie discute teóricamente la presunción de inocencia pero en la práctica los medios de comunicación, audiovisuales y escritos hacen uso y abuso de su poder refiriéndose constantemente a presuntos asesinos, presuntos ladrones, presuntos violadores o presuntos terroristas afirmando que son presuntos culpables del delito hasta que no exista una sentencia firme, es decir consentida por las partes.

En realidad no hay nunca presuntos culpables porque culpable sólo es el que ha recibido sentencia judicial. La presunción nunca puede ser de culpabilidad, siempre es de inocencia. En el Libro de estilo que usan los periodistas del diario español EL PAÍS, al ingresar al concepto presunto o presunta se afirma: "Una persona es 'presunta delincuente' cuando se han abierto diligencias judiciales contra ella; si no se le han abierto todavía es 'supuesta delincuente".

Ello está equivocado. Quiere decir que los ciudadanos que no tienen diligencias judiciales abiertas en su contra podrían ser llamados por los medios "supuestos delincuentes". Nadie es presunto delincuente aunque esté bajo investigación judicial. Puede ser llamado encausado o procesado pero no delincuente hasta que el juez así lo decida con su sentencia.

La presunción de inocencia es una garantía de justicia al igual que el derecho a no declarar contra sí mismos. La defensa de esos derechos nos compete a todos tanto como la defensa del prestigio y la imagen de nuestro país. Sin abdicar de la lucha contra la corrupción debemos diferenciarla del aprovechamiento político o periodístico que genera distorsión, escándalo, especulación o liquidación política cuando los medios sancionan sin pruebas y sin contrastar con la versión de los acusados. Y sin reparar demasiado en el daño al país y al sistema democrático en momentos en que una crisis económica internacional de la mayor envergadura demanda los mejores reflejos políticos y la mayor lucidez nacional.