No se debe permitir que jueces y fiscales cometan abusos o atropellos contra sus propios colegas de profesión, ni que esa situación afecte a la población, creándose una inseguridad jurídica. El ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL)debería tener una participación más activa en la defensa de los derechos gremiales de los letrados...
Hay magistrados que maltratan a los abogados, no guardan el respeto para quien ejerce el elemental e irrestricto derecho de defensa; incluso, esto sucede, también, en el Ministerio Público y en las delegaciones policiales, donde bajo el pretexto de que las investigaciones preliminares son reservadas, le impiden a los letrados tener acceso a los expedientes, conocer lo actuado y hasta conversar con sus patrocinados.
Llegan al extremo incalificable de notificarles, por escrito, a los detenidos que solo pueden comunicarse con sus abogados, después que han sido comunicados de la privación de la libertad. Eso significa un total abuso de autoridad, donde el Ministerio Público no actúa de oficio en defensa de la legalidad, sino, al contrario, convalida la conducta de las autoridades policiales.
Incluso, en algunos locales policiales hasta graban las conversaciones para enterarse de estrategias legales. Igualmente, en los centros penitenciarios existe un sufrimiento para entrevistarse con los reclusos y limitaciones para participar en determinadas diligencias. No hay lugares destinados a las conferencias entre detenidos y sus abogados; y la institución gremial que debería apoyarlos no dice, ni hace nada.
Parece que guardaran un silencio cómplice, para que los policías, fiscales y jueces no se molesten, ni se incomoden en el desempeño de sus funciones. Por otro lado, hay algunos profesionales del derecho que equivocadamente consideran que lo más beneficioso para ellos es no enfrentarse, ni denunciar a los jueces o fiscales involucrados en corrupción; tienen la idea equivocada de una “amistad” con el magistrado y esperan que eso repercuta favorablemente en el resultado de las causas judiciales.
Aquellos letrados, afirman que los jueces nunca se equivocan; siempre tienen la razón. Además, sus fallos reflejan una opinión jurisdiccional y por ello no pueden ser sancionados; en otras palabras, terminan siendo cómplices de un delito contra la administración de justicia.
Por ello, a cualquier ciudadano le resulta difícil hacer una denuncia contra jueces o fiscales; igual sucede con los abogados, quienes a pesar de tener conocimientos jurídicos y legales, no encuentran respaldo en su gremio. Hay temor por la represalia y en muchos casos el denunciante termina asustado por lo que hizo contra determinado magistrado.
La población no encuentra apoyo en las autoridades encargadas de investigar y sancionar a los malos jueces o fiscales. Hay casos escandalosos, divulgados por medios de comunicación donde inmediatamente empiezan las pesquisas con dureza e incluso se produce la separación del cargo; sin embargo, al poco tiempo nos enteramos que no pasó nada, que todo está archivado, que no hay ningún sancionado y que el involucrado continúa administrando justicia a nombre de la Nación.
El ilustre Colegio de Abogados de Lima necesita que sus representantes no solo se dediquen a publicar avisos, realizar diplomados gratuitos, regalar libros o a recabar firmas para determinados temas que adolecen de importancia en el desarrollo de los procesos judiciales. Hay que encontrar soluciones inmediatas para el desarrollo de la profesión, en los tribunales de justicia donde los letrados deben ser tratados en igualdad de condiciones y en las diversas diligencias o actuaciones judiciales.
Además, todos hablan de la necesidad de la reforma de la administración de justicia, de la capacitación de los jueces y fiscales, de la mejora en sus remuneraciones y de la necesidad de aplicar el novísimo Código Procesal Penal, como una herramienta legal para el combate a la corrupción.
Los postulantes a la directiva prefieren obsequiar almanaques, calendarios o lapiceros, en lugar de estar luchando en defensa de la profesión y de visitar los lugares donde difícilmente se ejerce la profesión para conocer la realidad. La mayoría de los abogados se sienten abandonados por su institución; no hay una identificación plena con los acuerdos adoptados por los directivos, ya que existe un divorcio entre los integrantes del gremio más importante en materia jurídica del país.
Necesitamos el compromiso de los directivos del CAL para luchar frontalmente contra la corrupción y sancionar ejemplarmente a quienes cometen graves ilícitos penales abusando de su condición de letrados en ejercicio profesional libre o desempeñando labores en el órgano jurisdiccional o tareas en el Ministerio Público.
Hay que tener cuidado con quienes pretender convertir la institución en un club social, alejado de la problemática nacional o en aquellos que solo aspiran al cargo para posteriormente saltar en búsqueda de algún puesto público. Los abogados deben conocer sus obligaciones y sus derechos, así como contar con una institución gremial que los respalde en sus labores profesionales y que no permita que se cometan abusos y atropellos.
