Estos cambios legislativos, teóricamente, merecen un respaldo de los especialistas, quienes han llegado al extremo de afirmar que se fortalecerá la democracia interna de los partidos políticos; sin embargo, en la practica solo apuntan a beneficiar a determinadas agrupaciones partidarias y evitará la constitución de frentes o alianzas electorales. Veamos punto por punto...
1. El voto facultativo que se aplica en otras democracias sólidas viene logrando un extraño consenso legislativo en las bancadas parlamentarias, sin tener en cuenta que lo prioritario es fortalecer el sistema democrático y el Estado Constitucional de Derecho, para que la ciudadanía recobre la confianza en sus autoridades políticas y luego la misma población acudirá masivamente a elegir a sus representantes, sin que ninguna norma los obligue.
Los grupos parlamentarios no necesariamente son partidos políticos, ya que para su inscripción ante la oficialía mayor del Congreso, solo requiere un número mínimo de legisladores. Actualmente, la mayoría de las agrupaciones partidarias están muy desprestigiadas; parecen fábricas de candidatos a todos los cargos de elección popular y alimentan a los tránsfugas.
Los gobernantes terminan envueltos en temas de corrupción, los representantes se olvidan de sus electores, solamente los saludan o abrazan en campañas electorales. No tienen la capacidad de movilización masiva de adherentes para que acudan voluntariamente a las urnas; habría un ausentismo electoral.
Este tema ha sido evaluado por el APRA y los ‘compañeros’ saben perfectamente que con el voto voluntario solo ellos saldrían favorecidos, ya que son un partido debidamente organizado y disciplinado que puede lograr que sus militantes acudan a sufragar y esos votos serían suficientes para lograr una victoria electoral.
2. El voto preferencial ha sido duramente criticado por expertos en temas electorales y ha encontrado eco en dirigentes partidarios que consideran que se fomenta un competencia desleal y solo favorece a quienes cuentan con respaldo económico, perjudicando a los demás postulantes.
En realidad, solo pretenden fortalecer a las cúpulas de sus organizaciones, para que sean los líderes quienes elaboren las listas de candidatos, donde solamente algunos tengan opción a salir elegidos y los demás, prestarían sus nombres como adorno en árbol navideño durante la campaña. El problema se originará para las alianzas o frentes electorales, que congregan varios movimientos locales o regionales y tengan que conformar sus listas de postulantes al Poder Legislativo.
Quienes estén entre los primeros lugares tendrán mayor opción electoral; cada agrupación integrante de la sociedad-electoral pretenderá un espacio adelante. Por ejemplo, si en Lima donde una lista parlamentaria solo puede inscribir a 35 candidatos, se juntarán seis organizaciones partidarias; en caso de lograr una victoria electoral solo ingresarían, como máximo, los 16 primeros lugares; entonces, cada una solo podría lograr cuatro aspirantes.
Pero, si esa lógica la trasladamos al interior del país donde hay lugares que solo pueden inscribir tres o cinco candidatos, ¿cómo resolverían el problema?. En cambio, si el voto preferencial siguiera vigente, le permitirá a las alianzas o frentes electorales, incluso, a los propios partidos políticos, tener una mayor opción electoral para sus integrantes o adherentes y será la población la que escoja a sus futuros representantes.
Además, se entiende que los partidos políticos son responsables por los candidatos que presentan ante la Nación; los comités electorales elaboran las listas, evalúan a sus postulantes y los someten al escrutinio interno. En caso de alianzas o frentes electorales, cada grupo político debe responder por los aspirantes que propone, para lo cual el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe tener facultades para sancionar a los infractores, pudiendo llegarse hasta la anulación de la inscripción de las agrupaciones partidarias.
3. La sospechosa postulación de congresistas a cargos regionales o municipales debería ser explicada con mayor detalle, ya que la población no comprende por qué, a quien está ejerciendo un cargo de fiscalización, de control político a nivel nacional y de mayor jerarquía constitucional, se le ocurra dejar dicho mandato popular para convertirse, por ejemplo, en un respetable consejero regional o regidor. Tampoco resultaría creíble que un partido político le encargue esa tarea a un disciplinado militante que seguramente dirá que acata la decisión, sin dudas, ni murmuraciones.
No solo por la diferencia económica de los ingresos mensuales, ni por el cambio de una abultada remuneración por una dieta; sino por las tareas o funciones que se desempeñan. Esto nos lleva a pensar que existiría alguna maniobra política detrás de esta modificación, donde los fujimoristas podrían salir favorecidos con la candidatura de alguna legisladora a la alcaldía de Lima.
4. La pregunta latente sería, todo esto, ¿a cambio de qué?
