Intervino la Policía, llevaron detenido al hijo del jardinero, le pidieron dinero para dejarlo salir, pero como el joven no tenía plata y sus familiares directos estaban en Lima, entonces se quedó recluido No había gravedad y menos podía considerarse un delito, se trataba, tal vez, de una falta contra la persona que según el Código Penal merece una pena de prestación de servicio comunitario o determinada cantidad de días-multa.
Sin embargo, el fiscal provincial, defensor de la legalidad y de la sociedad, lo denunció, Y el juez, lejos de analizar lo sucedido, ordenó su reclusión en un centro penitenciario. El humilde jardinero, con mínimos ingresos económicos, debe viajar todas las semanas llevándole alimentos y ropa para que pueda sobrevivir; ha buscado un letrado de la zona, pero los días transcurren y la privación de la libertad continúa.
La familia vive un calvario; la preocupación adicional es la condena moral por el solo hecho de haber estado preso, ya que esa situación le limitará muchas oportunidades de estudio y trabajo.
Esta violencia cotidiana la sufre, también, un poblador de San Pedro de Lloc que está desesperado ya que su hijo fue detenido en el distrito limeño La Victoria, por efectuar una broma callejera con sus amigos, quitándole el ‘chullo’ a una persona que transitaba por el lugar. Los denunciaron por robo agravado y ahora todos permanecen recluidos en el penal San Pedro, ex Lurigancho.
En Arequipa, desde hace 28 años, un ingeniero mecánico jubilado viene librando una batalla legal en el Poder Judicial para poder divorciarse por causal de adulterio, tras enterarse que su cónyuge le era infiel, ya que sorpresivamente apareció embarazada cuando él se había efectuado la vasectomía.
Y en el Cusco, un ciudadano entabló una acción constitucional de amparo contra una prestigiosa entidad bancaria y los magistrados se inhibían de conocer la causa. Transcurrió más de un año y ni siquiera le admitían la demanda; ya no habían vocales superiores hábiles para pronunciarse, tuvo que presentarse una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
En Huaraz, un fiscal provincial anticorrupción inició una sospechosa pesquisa preliminar contra un trabajador del gobierno regional de Ancash, inducido por el alcalde de Nuevo Chimbote; lo cita para una ampliación de su declaración, pero antes de esa fecha, lo denuncia formalmente ante el Poder Judicial y comprende, también, a otros personas a las que ni siquiera había notificado ni escuchado sus descargos. A pesar de estas irregularidades, extrañamente el juez inició un proceso penal.
Y en el 38 Juzgado Civil de Lima se presentó una acción de habeas data contra el secretario general del Ministerio de Defensa para obtener una información pública respecto a una problemática de los trabajadores civiles de los institutos armados. Han transcurrido 18 meses y aún no se dicta sentencia.
Hace más de un año, el juez verificó que toda la actuación procesal era correcta y se llevó a cabo el informe oral. Sin embargo, extrañamente la diligencia se anuló porque uno de los defensores del Estado no había sido notificado. Los procuradores públicos del Ejército, Marina y FAP vienen dilatando maliciosamente el desarrollo del proceso y el órgano jurisdiccional no actúa con firmeza.
Esta violencia judicial cotidiana a veces tiene su origen en las autoridades policiales, quienes por demostrar rapidez y eficacia de sus intervenciones, se ven tentados para agregar supuestas ‘pruebas’ a los delincuentes, sin darse cuenta que, al poco tiempo, esta situación puede terminar convirtiendo al criminal en víctima de los agentes del Estado. Se sabe que en el Poder Judicial no se estudian los expedientes y que el Ministerio Público convalida barbaridades; la consecuencia es funesta en el combate frontal contra el crimen organizado.
La sociedad exige dureza a las autoridades, pero respetándose el debido proceso legal y las garantías judiciales, para evitar nulidades posteriores que podrían favorecer a los culpables. Está demostrado que las autoridades permanecen sordas, ciegas y mudas ante tanto abuso: El Poder Judicial y el Ministerio Público actúan con indiferencia y frialdad; arrollan los derechos humanos.
La población está notificada del peligro que representa la conducta irregular de algunos magistrados que se sienten endiosados por el cargo; más aún, cuando se trata de impartir justicia en zonas alejadas y olvidadas. Debemos estar en una permanente vigilia para proteger a quienes realmente necesitan ayuda o respaldo legal y en esa tarea deben comprometerse los colegios de abogados del Perú.
