Resulta necesario señalar que el escenario en el que evolucionamos está signado por el hecho evidente que la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) tiende a disminuir hacia América Latina; en particular hacia los países de renta media de nuestra región, entre los que se encuentra el Perú.
Hoy nuestro país es uno de renta media baja, camino a constituirse en uno de renta media alta como resultado del crecimiento sostenido de nuestra economía durante los últimos siete años y de la estabilidad macroeconómica del país. Y sin embargo seguimos siendo un país de profundas desigualdades sociales, con indicadores de pobreza que alcanza al 39 por ciento de los peruanos. Hecho que justifica seguir solicitando el apoyo de la cooperación técnica internacional.
De ahí que nuestro primer lineamiento busca mantener el flujo de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) hacia el Perú en los actuales niveles, que bordea los 500 millones de dólares por año. Resulta evidente que su importancia radica en lo cualitativo de su aporte, en la calidad de sus propuestas y la relevancia técnica de sus intervenciones más que en el volumen de la ayuda solidaria recibida.
La recepción de los recursos solidarios deberá estar enmarcada en la filosofía de la Declaración de París, poniendo particular énfasis en los principios de alineación, apropiación, gestión por resultados y mutua responsabilidad. Buscamos que el Perú se apropie de la CINR priorizando la demanda de cooperación de acuerdo a los intereses nacionales y que luego de una adecuada negociación con la oferta resulte alineada a nuestros objetivos estratégicos como país.
Nos comprometemos a una gestión y supervisión que garantice resultados y nos permita dar cuenta de su ejecución bajo el criterio de mutua responsabilidad. En ese sentido, hemos firmado un acuerdo con la República Federal de Alemania por 16 millones de euros hasta el 2009 y con Estados Unidos por 275 millones de dólares, para los próximos cinco años y nos aprestamos a una positiva y franca negociación con Bélgica para el verano del 2009.
Una tarea pendiente en la agenda de la Agencia es la construcción de un efectivo Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable que permita organizar la demanda de cooperación de los ámbitos sectoriales, regionales y locales reconociendo a la APCI como ente rector.
De acuerdo al mandato establecido en la Ley 28875, la APCI deberá ejercer su rol de ente rector y organizar debidamente la demanda de cooperación de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
En ese camino venimos implementando, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), un proyecto piloto en cuatro de nuestras regiones, a saber las de Loreto, Piura, Huánuco y Cusco. Esta propuesta involucrará, con la ayuda de la Unión Europea, a la totalidad de las regiones de nuestra patria durante el ejercicio del año 2009.
El Perú como país de renta media y de crecimiento sostenido va logrando altos niveles de especialización en áreas específicas del quehacer nacional, contamos con proyectos validados, experiencias exitosas, modelos de excelencia en diferentes áreas temáticas como son la investigación agraria, la tecnología pesquera, la tramitación aduanera, turística, investigación de enfermedades de altura, entre otros temas.
Estos avances sumados a las características actuales de la cooperación internacional nos obligan a replantearnos el rol del Perú en relación con la cooperación internacional, sumándonos a la cadena de solidaridad de la cooperación internacional en los próximos años, lograr que el Perú tenga un nítido perfil como país cooperante técnico en América Latina, para lo cual la Agencia deberá reorganizarse y dotarse de recursos en función de las nuevas características de la CINR, convirtiéndose también en agencia cooperante. Ese será el énfasis de nuestro tercer lineamiento de gestión.
Acerca de la fiscalización de la ejecución privada de cooperación vale la pena recordar que la APCI ya tuvo atribuciones fiscalizadoras sobre las entidades ejecutoras de CINR, vale decir ONGDS, ENIEX e IPREDAS, desde la Ley 28386 promulgada en noviembre del 2004 durante el mandato del presidente Toledo Manrique, sumándose a esas atribuciones la potestad sancionadora planteada por la Ley 28925 de diciembre del 2006, es en función de esta última norma que la APCI ha venido desarrollando un importante esfuerzo para poder cumplir este mandato legal cautelando el debido proceso para los administrados.
Así, la APCI modificó su Reglamento de Organización y Funciones ROF, creando una oficina especializada: la dirección de fiscalización y supervisión DIFIS y un organismo sancionador la comisión de infracción y sanciones CIS. Se ha desarrollado el Plan Anual de Fiscalización 2007 a ciento cinco entidades privadas de cooperación y se está finalizando la ejecución del plan anual 2008 a sesenta ejecutoras privadas.
En nuestra gestión estamos reorientando la labor fiscalizadora hacia una efectiva política de fiscalización de los proyectos de CINR ejecutados por entidades privadas, con énfasis en la verificación del uso de los recursos, la eficacia y la evaluación de resultados, lo cual deberá estar reflejado en el Plan Anual de Fiscalización 2009.
Finalmente en nuestro quinto lineamiento buscamos desarrollar una adecuada, eficiente y eficaz gestión administrativa de los recursos que el país pone a nuestra disposición para el cumplimiento de nuestra tarea, así además de tener una gestión administrativa transparente y eficaz buscamos brindar mejores servicios a nuestros administrados.
Carlos Pando Sánchez
Sociólogo por la PUCP y director ejecutivo de la APCI.
