A tan solo una semana de festejar la fiesta de paz y amor por antonomasia que es la Navidad, nuestro país, en la arena de la política, se confronta hoy ante un gran dilema. En el Congreso de la República, espera su hora, para ser debatido, el proyecto de ley que concierne al Voto Preferencial; el que de ser revocado nos pondrá frente a unas nuevas reglas de juego a nivel electoral.
Un nuevo escenario pues se avizoraría. Ya que luego de casi tres décadas de haber sido elegidos los representantes al Parlamento de la República a través del voto que expresa una preferencia individual, en este nuevo contexto el elector escogería ya no al candidato de su preferencia, sino a la lista que los partidos u organizaciones políticas le propondrían.
El debate esta abierto y, a medida que avanzan las horas y los días, los niveles de controversia y apasionamiento se elevan, enrareciendo de esa manera el clima político en nuestra sociedad. Una línea demarcatoria entre aquellos que defienden a rajatabla el voto preferencial y aquellos que no ven las horas de suprimirlo de una vez por todas se ha establecido.
Por una parte, los opositores sostienen que esta forma de votación se ha revelado con el tiempo perversa. Pues ha permitido -más allá de las buenas intenciones de quienes lo aprobaron- que solo aquellos que cuentan con los recursos financieros suficientes puedan lidiar en la arena electoral y acceder a las curules, distorsionando el espíritu de lo que es la representación nacional.
Por la otra, los que desean mantener las reglas de juego del voto preferencial, sostienen que -si bien es cierto que esta forma de votación puede acarrear este tipo y otros problemas- no es conveniente suprimirlo, ya que el nivel de madurez de la democracia interna de los partidos y las organizaciones políticas no garantiza nada, favoreciendo así la pervivencia de cúpulas.
Nos encontramos pues ante un hecho trascendental. Resulta perentorio que los congresistas, dejando de lado intereses subalternos, asuman su responsabilidad histórica ante el futuro de nuestra patria, que necesita hoy de mecanismos electorales y constitucionales que fortalezcan el régimen democrático. Única garantía de construir una sociedad justa y por siempre libre.
