A pocos días de las últimas fiestas navideñas y de fin de año, mientras una gran mayoría corría por calles y plazuelas para hacer sus compras después de haber recibido su aguinaldo de diciembre, otros ‘apuntaban’ hacia las gratificaciones pensando en ‘exonerarlas’ de todo tipo de impuestos (tributario, pensionario y de seguridad social) y, de esta manera, se paguen íntegras a los trabajadores.
Mediante un proyecto aprobado entre gallos y medianoche –según apuntan los críticos–, el proyecto de ley que exonera de impuestos a las gratificaciones –que obtuvo luz verde el último 18 de diciembre en el Congreso–, ha originado una disputa entre dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), a quienes se han sumado los empresarios que hacen votos para que la autógrafa de ley sea promulgada cuanto antes.
Aunque las ‘argumentos’ –con dardos incluidos– para la aprobación u observación del mencionado proyecto de ley han venido de uno y otro lado, el último fin de semana, el propio titular del Ministerio de Trabajo, Jorge Villasante, ha confirmado que será el presidente Alan García quien decida si observa o no la ley sobre las gratificaciones.
LOS BEMOLES DE LA NORMA
Según han señalado desde el Ejecutivo, que se mantiene reacio ante las pretensiones del Congreso, la ley que busca exonerar de impuestos a las gratificaciones no es beneficiosa ni para la economía nacional ni para los peruanos menos favorecidos, es decir, para los más pobres.
Y es que según cálculos realizados por este poder del Estado, solamente el 3% de la Población Económicamente Activa (PEA) se beneficiaría con la norma, sin contar los perjuicios económicos que acarrearía, puesto que liberar de impuestos a las gratificaciones supondría menos ingresos para el fisco.
Tal como consta en un documento enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República (Oficio Nº 284–2008), con la decisión adoptada por la representación nacional, alrededor de 1,350 millones de nuevos soles se esfumarían del erario nacional. De ellos, 748 millones corresponden a los ingresos por Impuesto a la Renta, 450 a las contribuciones a EsSalud y 185 millones a los aportes a la Oficina Nacional Provisional (ONP) por pensiones.
VOZ PRESIDENCIAL
Ante la importancia del monto comprometido, el presidente Alan García –sobre quien recaerá la última decisión– no ha reparado al afirmar que “el 97% de la PEA no tiene nada que ver con este proyecto, no solo porque se reducen 1,350 millones de los ingresos del Estado, de la Seguridad Social y de la ONP, sino porque se pone en riesgo la construcción de hospitales, la atención de los cesantes y la pensión de los jubilados”.
Para García Pérez, lo más grave de dicho proyecto de ley no son los 450 millones de soles que las empresas dejarán de pagar, sino el peligro inflacionario que se esconde tras la decisión, puesto que de optar por aumentar los sueldos de los trabajadores mediante la reducción de impuestos, se aumentaría el consumo de la población asalariada y, por ende, se estimularía la inflación ante esa mayor demanda.
Es más, en el documento enviado al Legislativo se les ha solicitado precisar qué obras y gastos aprobados en la Ley de Presupuesto deben detenerse o recortarse, tras reducir los ingresos del Gobierno, de Essalud y de la ONP. Pedido que a la fecha no ha encontrado eco en los pasillos del Congreso.
“Considero que la autógrafa es una demostración de buena voluntad, tal vez de contribuir con el Programa Anticrisis, pero es un mal método y un camino equivocado. Si se cree que este es un camino de justicia social creo que hay un error, porque se exonera al 3% de los trabajadores, pero se recortan ingresos de obras y de infraestructura para el 50% más pobre de la población”, dijo el presidente dos días después de Navidad.
FÉRREA DEFENSA
Contrario a lo señalado desde el Ejecutivo, a cuya defensa se unieron los ministros de Trabajo, Jorge Villasante, y de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso; en los fueros del Legislativo no demoraron en responder.
Así, mientras los primeros hablan de perjuicios para la economía, los llamados padres de la patria dicen no comprender las críticas de los miembros del Ejecutivo, sobre todo porque hasta cuando se destapó el debate en torno a la norma, esta no había llegado a manos del Consejo de Ministros.
En ese sentido, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ha alzado su voz para aclarar que la autógrafa de ley aprobada por el Pleno no fue exonerada de todo tipo de trámites, como sostienen en el Ejecutivo; por lo que como máxima autoridad del Legislativo desestima que este poder del Estado haya infringido la Constitución con su venia.
Es más, aclaró que el dictamen que exonera del pago del Impuesto a la Renta y de los descuentos de EsSalud, ONP y AFP a las gratificaciones de julio y diciembre, cuenta –contrario a lo dicho por miembros del Ejecutivo– con informes previos del despacho del Jirón Junín y de la ONP.
Sostuvo que aunque tales informes eran contrarios a la autógrafa, la representación nacional no está impedida de aprobar los proyectos de ley que crea conveniente, aún cuando exista oposición de alguna entidad del Estado, como en este caso.
APOYO EMPRESARIAL
A la férrea defensa del titular del Legislativo y de sus integrantes, se han sumado los empresarios, que no han dudado en expresar su respaldo a las pretensiones del Congreso, por lo que consideran correcto que las gratificaciones de julio y diciembre sean exoneradas de impuestos y aportaciones.
Así, mientras para José Luis Silva de ADEX "la norma haría que los peruanos cuenten con mayor disponibilidad de dinero, con un consecuente mayor consumo y pago de impuestos", para el presidente de la CCL, Peter Anders, la medida no solo serviría para reducir los sobrecostos laborales que enfrentan los empresarios, sino que también jugaría a favor de la generación de más trabajo.
Argumentos a favor y en contra, todo indica –como lo ha confirmado el ministro Villasante– que será el Presidente de la República quien tome la decisión sobre el futuro de esta norma. Por lo pronto la autógrafa de ley ya se encuentra en sus manos… Esperemos a ver qué es lo que pasa...
