La autoregulación de los medios puede concretarse a través de la Defensoría del Lector aplicada exitosamente en países vecinos. Ella permite que cada medio canalice reclamos y determine posiciones entre el derecho del público a saber y el derecho a que no se viole su privacidad con fines que pueden ser santos y no tan santos. Y que en última instancia hasta podrían encubrir una acción contra el país y los intereses nacionales.
En este punto quedó nuestra reflexión sobre un debate para nada trasnochado ni insólito pues se trata de no trabar la función periodística pero tampoco de aceptar que el fin justifica los medios.
La libertad de expresión no es carta blanca para quienes creyéndose líderes de opinión pública, actúen como los dueños de la verdad desde sus columnas, frente a cámaras o delante de micrófonos.
Esta institución autorregulatoria de la actividad de la prensa nació en Suecia en 1916 bajo la forma de un Consejo de Prensa y evolucionó a partir de 1967 al formato individual del Defensor del Lector.
España la ha desarrollado en El País y en La Vanguardia. Y en Latinoamérica El Tiempo en Colombia y Folha de Sao Paulo en Brasil, diarios de México, Panamá, Ecuador y Argentina y últimamente en Bolivia el encargo de Defensor del Lector del Grupo Prensa Líder recayó en el reconocido experto en comunicaciones Luis Ramiro Beltrán en mayo del 2003.
¿Cuáles son las responsabilidades de un Defensor del Lector? El decano en Latinoamérica, el periodista colombiano Javier Darío Restrepo, anota dos misiones: Representar a los lectores en sus reclamos por la conducta periodística. Estimular y ayudar a dueños, dirigentes y redactores de los órganos de prensa a mejorar dicha conducta, por medio de la reflexión autocrítica y de la acción correctiva.
El Defensor da respuesta a las quejas de lectores sobre errores y excesos en que hubiera podido incurrir el medio. Y procesa la crítica interna mediante contactos frecuentes con los periodistas para ventilar cuestiones éticas del oficio. El catedrático canadiense John Virtue lo considera "un buen negocio", pues el éxito de un periódico depende de su profesionalismo pero también de su moralidad.
El Defensor aplicado a todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y hasta Internet, puede ser el mejor instrumento para la práctica de la rectificación justa, precisa y oportuna en actitud de franco rechazo a la socorrida presunción de infalibilidad por parte del periodista o del medio. Además reflexiona y opina en el mismo medio y comparte preocupaciones con los lectores o usuarios entre los cuales se cuentan desde el ciudadano de a pie hasta las autoridades del Estado.
Restrepo señala que la crítica de los lectores y del Defensor se levanta "como un acicate o una piedra en el zapato, perturba la autosatisfacción, reta la creatividad y el espíritu de renovación del periódico y lo mantiene despierto y activo".
El Defensor promueve la participación de lectores críticos y exigentes capaces de demandar a los medios veracidad, oportunidad y profundidad. Es un nexo de diálogo entre los medios y su público sin interferir en la responsabilidad periodística, salvo por violación de principios de la línea ética del medio.
No es un juez que condena o exculpa a los redactores pero sí un abogado comprometido con potenciar la voz del pueblo ante los medios, al tiempo que un consejero de buena voluntad para éstos.
El Defensor es el mecanismo para que las personas y la sociedad conozcan y reclamen el derecho a la información", derecho proclamado en 1978 por una Declaración de la Unesco:
"La información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de los demás derechos". Enunciado que alcanza el derecho del emisor y del receptor, el público de los medios.
La preservación de la ética es el fundamento del trabajo del Defensor del Lector puesto que la mayoría de las quejas se refieren a fallas éticas. Por eso es necesario que cada medio formule enunciados de los principios éticos que regulan su comportamiento. El Defensor escucha al público por el cumplimiento de tales postulados de orden moral, no jurídico.
El requisito para que el Defensor ejerza sus funciones es la facultad irrestricta que los medios le confieren para que actúe autónomamente, para que transmita y formule críticas, en público y en privado, con independencia e imparcialidad.
La figura laboral es sui generis: un profesional pagado por el medio sin subordinación al mismo. Le pagan por facilitar la crítica ciudadana, absteniéndose de someterlo a su autoridad, no es supervisado ni supervisa. El Defensor del Lector o usuario depende únicamente de su propia conciencia y obra con libertad. Su independencia motiva la confianza y la credibilidad de la sociedad.
Se atribuye a la prensa ser el “Cuarto Poder", hay quienes la consideran un "contrapoder". Es más que nunca un poder decisivo sobre la sociedad. No cuenta con autoridad ni recursos para gobernar pero moral e intelectualmente influye en individuos e instituciones. Los grandes cambios tecnológicos han aumentado su poder especialmente sobre la política desde las primeras planas y las pantallas televisivas.
La etapa montesinista en nuestro país ha dejado indeseables secuelas en algunos medios que privilegian el mercantilismo, que se caracterizan por la difusión casi exclusiva de situaciones de violencia con sensacionalismo y morbo. También se detecta el enfoque simplemente coyuntural, superficial y espectacular y la falta de rigor para la comprobación de hechos, así como el desinterés por los derechos humanos, por la lucha contra el subdesarrollo y por la conservación de los recursos naturales.
El poder adquirido es inmenso y debe ejercerse sin barreras ni frenos legales. Nos corresponde servir a la verdad dejando a un lado las prácticas de ser, en simultáneo, intermediarios de la noticia, jueces y verdugos. Lo deseable es que los límites vengan de los propios medios a través de la autoregulación. Si los periodistas no somos capaces de autocontrol llegará la censura aplaudida por la opinión pública.
Se requiere un Estatuto del Defensor del Lector para enmarcar su trabajo y una Declaración de Principios y Código de Etica en cada medio para sus periodistas. Así el medio brindará voluntariamente una apertura a la participación de la sociedad en una actividad de control por medio de la crítica ciudadana y un aporte a la democratización nacional.
