El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el encargado de formar a los Agentes de Seguridad Penitenciaria y a Especialistas en Tratamiento de Inconductas Sociales, que día a día se hacen cargo de peligrosos delincuentes con sueldos que apenas alcanzan entre S/. 1,000 y S/. 1,300, a pesar del riesgoso trabajo que deben desempeñar.
Si bien desde enero del
¿Cuales son los riesgos que corre un agente penitenciario? Para el efecto, se entrevistó a tres custodios de penales -que prefirieron mantener sus nombres en reserva-, quienes se quejaron de las pésimas condiciones de trabajo en las que laboran, aunado a los bajos sueldos que perciben.
"Cuando un interno incumple una norma y nosotros queremos obligarlo a cumplirla, como, por ejemplo, que entre a su celda porque ha terminado la hora de patio, y este no obedece, y queremos hacerlo pasar a la fuerza, al final terminamos denunciados por tortura y violaciones a los derechos humanos. Viene la Defensoría del Pueblo y saca cara por los internos y nosotros somos los denunciados ante el Ministerio Público. Por eso, muchos preferimos que los internos hagan lo que les venga en gana para evitarnos problemas y acusaciones", relató uno de ellos.
Su compañero agregó que en repetidas oportunidades, los mismos internos se han infringido golpes en sus celdas y realizado profundos cortes en el cuerpo y, de esta manera, cuando llegan los representantes de la Defensoría o de la Fiscalía, ellos aluden ser víctimas de los custodios del orden, quienes resultan sancionados. Mientras que los presos obtienen, en algunos casos, los beneficios de permanecer en la enfermería.
Otro de los entrevistados, reveló que muchos agentes han sido contagiados por presos con tuberculosis debido a las deficientes medidas de salubridad. Pero lo peor de todo, es que ciertos internos que sufren de SIDA amenazan a los custodios con pincharlos con agujas contaminadas con su sangre, lo cual ha sucedido en algunos casos con consecuencias lamentables de agentes contagiados con este incurable mal.
EL LADO OSCURO
En el reverso de la moneda, se encuentran los escándalos protagonizados por trabajadores del INPE. Días atrás, salió a la luz pública la denuncia de cinco internas de un penal cusqueño que presuntamente fueron abusadas sexualmente por los trabajadores de la misma cárcel.
A esto se suma la escandalosa fuga de tres narcotraficantes y un asaltante, quienes emplearon documentación falsa para salirse con la suya y escapar de su reclusión, dos de ellos en diciembre pasado y los otros dos en febrero.
Los funcionarios del INPE no activaron los mecanismos previstos para verificar la autenticidad de los oficios de excarcelación. El resultado final fue la separación de varios trabajadores, entre ellos Isabel Guerrero Portilla, encargada de la mesa de Partes; Víctor Maguiña Rengifo, técnico del área de Libertades; y Karina Cárdenas Vilcañaupa, subdirectora de Registro Penitenciario.
¿MÁS BUROCRACIA?
Esta situación generó una aceleración de la anunciada reforma del INPE y le pasó factura al ex jefe de la institución, Leonardo Caparrós, quien se alejó del cargo. En su reemplazo, asumió funciones Jorge León Ballén, oficial del Ejército Peruano en situación de retiro.
Se dio vida a
Otra medida fue la creación de un grupo externo especializado en inspección penitenciaria con experiencia en gestión pública, bajo la conducción del Viceministerio de Justicia. Su labor es la de detectar los temas que requieran una atención especial y proponer las medidas que correspondan.