De un tiempo a esta parte, los predios del Congreso han servido para encender el debate y poner, cada cierto tiempo, el tema laboral sobre el tapete. A las posiciones, a favor y en contra sobre una discutida Ley General del Trabajo (LGT), que marcaron la discusión durante el 2007 y que hoy duerme el sueño de los justos, le han seguido posibles cambios en materia laboral. Crispando de igual manera a empresarios, trabajadores y autoridades del Estado durante las últimas semanas.
¿La razón? Dos dictámenes aprobados en el seno de
Aunque por separado, los autores de estas modificaciones legislativas han defendido a capa y espada los motivos que encierran sus propuestas, lo cierto es que casi al unísono, los empresarios –con ciertas excepciones– han salido a descartar tales reformas, aduciendo que a través de estas se pone en peligro la generación de nuevos puestos de trabajo al ahuyentar la llegada de nuevas inversiones al país.
¿CÓMO ESTAMOS?
Para nadie es un secreto que en el Perú, el 80% del empleo es informal y se concentra en la micro y pequeña empresa, que genera empleo a la mitad de la fuerza laboral en el país. Tal como ha reconocido el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que en el 2006 estimaba que en dicha informalidad se encontraba alrededor del 60 por ciento de
Además, según el Servicio de Estudios Económicos del BBVA - Banco Continental, el mercado laboral peruano es excesivamente rígido, lo que inhibe la creación de empleo y desplaza hacia la informalidad a un vasto sector de
Así, mientras el índice de rigidez laboral promedio es de 32,3 en la región, el nuestro asciende a 55, lo que representa una de las regulaciones más rígidas. Aunque mejor situados que Paraguay (59), Bolivia y Venezuela (ambos con 79), pero por debajo de Chile (24), Colombia (27), Uruguay (31), así como de Argentina (41), Brasil (46) e, incluso, Ecuador (51).
En ese sentido, resulta evidente –como dice el BBVA– que el mercado laboral peruano es bastante rígido y es el reflejo de un marco legal que encarece la contratación de trabajadores, motivo por el que inhibe la generación de puestos de trabajo, incluso en fases de expansión económica, como la que vivimos en la actualidad, al presentar más de 80 meses de crecimiento continuo.
Entonces, a sabiendas de que gozamos de un marco legal que encarece la contratación de trabajadores, ¿por qué se insiste en volver más rígida nuestra legislación? Para Harry Stewart, especialista en asuntos laborales, los cambios que se debaten en el Congreso aunados a una LGT, visiblemente rígida, se basan en posiciones ideológicas trasnochadas y desfasadas en el tiempo.
"Muchos de los que se encuentran en el Congreso y en
Es más, el experto, basándose en lo dicho por el propio presidente Alan García, quien en anteriores oportunidades ha manifestado que una de las peores formas de esclavitud moderna es la informalidad en materia laboral, instó a tratar y solucionar dicho problema que se encuentra en el centro de la problemática laboral y social en el Perú.
LOS CONTRATOS TEMPORALES
De los cuatro temas que encendieron el debate en los últimos días, la eliminación de los contratos temporales de exportación no tradicional ha sido uno de los primeros en despertar el enojo de los empresarios. Estos han alzado su voz de protesta al considerar que dicha medida –ideada por el parlamentario Nacionalista Isaac Serna, presidente de
Según dijo Serna, la eliminación de esta modalidad de contratación responde a un "acto de justicia", puesto que desde que el régimen entró en vigencia –hace casi 30 años – nunca fue reglamentado ni modificado, generando la desnaturalización de una herramienta que –desde su punto de vista – ha servido para cometer ciertos atropellos contra el trabajador, como el irrespeto por las jornadas de trabajo y el incumplimiento del pago de ciertos beneficios laborales.
Ante ello, como gremio representativo de las empresas exportadoras,
"El proyecto del MTPE es un error y revela el desconocimiento del Ministerio sobre la realidad de las empresas exportadoras no tradicionales, porque la temporalidad de los contratos laborales en la modalidad de exportaciones no tradicionales tiene una naturaleza distinta a los contratos a plazo fijo generales y no está asociado al tipo de labor, sino a las condiciones del mercado", dijo categóricamente el presidente de ADEX.
Al gremio de exportadores, se han sumado el Consejo de Usuarios del Sistema de Distribución Internacional de Mercancías (Conudfi) y
¿DESENCUENTROS?
Pero no solo los empresarios han manifestado su malestar ante la voluntad de ambas instancias públicas. Enterada de la respuesta del despacho de Mario Pasco Cosmópolis, ministro de Trabajo, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Mercedes Aráoz, afirmó no estar de acuerdo con la propuesta del MTPE, por lo que le pedirá a su par ministerial que haga los ajustes respectivos, en vista de no ser la única que en el Gabinete Ministerial se opone a dichos cambios, puesto que Rafael Rey e Ismael Benavides se han sumado a la carga.
Es más, a esta desavenencia entre ambos ministros, se añade la discrepancia que ambas carteras y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantienen sobre dos proyectos de ley en debate. Por una parte,
Así, mientras el titular del MEF, Luis Carranza, ha alzado su voz para pedir que
A este desencuentro entre los miembros del Ejecutivo sobre la terciarización laboral, se añade hoy la posición que la ministra Mercedes Aráoz ha asumido frente a
Por lo que ha sido muy enfática, afirmando que en caso que el Pleno corrobore lo aprobado por el grupo en mención, el Ejecutivo se encargará de observarla. Y, debido a que no contribuye con la promoción de las exportaciones, su despacho está trabajando en coordinación con los sectores exportadores –actores importantes en el tema– en torno a las observaciones correspondientes.
Precisamente, la restitución del Régimen Legal Especial del Trabajo Portuario, ha despertado la negativa de los empresarios agrupados en el Conudfi (Asociación de Agentes de Aduana, Cámara de Comercio de Lima, Perucámaras, Sociedad Nacional de Pesquería, SNI y ADEX), debido a que no solo impone la negociación colectiva por rama de actividad, sino que también afecta la eficiencia en tiempos y los costos de las operaciones de exportación e importación por vía marítima.
Y es que según han señalado los gremios empresariales vinculados al comercio exterior, de aprobarse la modificación a
Pero no solo eso, otro punto preocupante tanto para los empresarios como para la ministra Aráoz, se centra en la pretensión de regular el nombramiento del trabajador portuario de estiba, al establecer que el empleador sólo escogerá libremente el 10 por ciento de trabajadores, mientras que el 90 por ciento de contratos restantes se hará a partir del registro que es controlado por los sindicatos. Limitando –coinciden– la libre contratación, haciendo peligrar la eficiencia del puerto comprometido.
Es más, debido a que "se pretende retornar al arcaico sistema de ?puntos y contrapuntos? que imperó negativamente en los puertos hasta
LAS OTRAS PERLAS LEGISLATIVAS
Similar situación se repite con la posible regulación de la tercerización, proyecto que aunque ha encontrado apoyo en el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y en el empresario Dionisio Romero, quienes consideran que con su aprobación se solucionaría una situación injusta para miles de trabajadores, también ha originado resquemores en más de un sector de la economía.
Así, para el abogado laboralista Jorge Toyama, si bien resulta por una parte improbable que alguien se oponga a la finalidad del proyecto, que ratifica los derechos de los trabajadores, por la otra, "establece requisitos y características extremas, determinando que, en la práctica, solo empresas sólidas podrán prestar los servicios de especialización".
De ahí, que considere que no existen razones ni proporcionalidad para establecer normas tan rígidas que terminarían perjudicando a las micro y pequeñas empresas, las que no podrán ser contratadas por no cumplir con los requisitos que establece la norma. Por lo que desde su punto de vista, se debe lograr una fórmula genérica tal como la que se encuentra vigente o tomar en cuenta a la de Chile, que al contar con la debida definición y rasgos generales, contiene requisitos que cumplir de manera obligatoria. Que es a lo que se debe apuntar.
Sobre todo porque, al tratar de controlar ciertos excesos –dice el experto– se corre el riesgo de impedir el acceso de algunas empresas al mercado, por lo que resultará preciso que tanto el Legislativo como el Ejecutivo analicen si el remedio no resultará peor que la enfermedad. Y como dice David Lemor, se debe tener en cuenta que ante una mayor rigidez laboral, "serán las micro y pequeñas empresas las que pagarán los platos rotos" y podríamos, incluso, volvernos menos competitivos frente a los demás países de la región.
En ese sentido, y ante las divergencias generadas a partir de las modificaciones legislativas que se vienen discutiendo en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, es preciso –dicen los consultados– que todos los involucrados se sienten alrededor de la mesa para que unifiquen criterios, pensando no solo en la generación de nuevos puestos de trabajo, sino también en la competitividad del país y en los compromisos asumidos a través de los acuerdos comerciales suscritos por el gobierno.