¿PRIVILEGIOS, EXCLUSIÓN E INFORMALIDAD?

De un tiempo a esta parte, los pre­dios del Congreso han servido para encender el debate y poner, cada cierto tiempo, el tema laboral sobre el tapete. A las posiciones, a favor y en contra sobre una discutida Ley General del Traba­jo (LGT), que marcaron la discusión durante el 2007 y que hoy duerme el sueño de los justos, le han seguido posibles cambios en materia laboral. Crispando de igual manera a empresarios, trabajadores y autoridades del Estado durante las últimas semanas.

¿La razón? Dos dictámenes aprobados en el seno de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. El primero, pre­tende modificar la Ley del Trabajador Por­tuario (Ley N° 27866). El segundo, busca eliminar la Ley de Exportaciones Tradicio­nales (D.L. N° 22342). Ambos, aunados a la Ley que regula los Servicios de Terceriza­ción Laboral –en manos del Ejecutivo, que tiene hasta el 23 de junio para tomar una decisión– y al proyecto de ley que plantea una nueva distribución en el reparto de las utilidades mineras, han sido los causantes.

Aunque por separado, los autores de estas modificaciones legislativas han de­fendido a capa y espada los motivos que encierran sus propuestas, lo cierto es que casi al unísono, los empresarios –con cier­tas excepciones– han salido a descartar tales reformas, aduciendo que a través de estas se pone en peligro la generación de nuevos puestos de trabajo al ahuyentar la llegada de nuevas inversiones al país.

¿CÓMO ESTAMOS?

Para nadie es un secreto que en el Perú, el 80% del empleo es informal y se concentra en la micro y pequeña empresa, que genera empleo a la mitad de la fuerza laboral en el país. Tal como ha reconocido el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que en el 2006 estimaba que en dicha in­formalidad se encontraba alrededor del 60 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. Lo que a todas luces indica, que a pesar de algunos buenos re­sultados la situación ha empeorado.

Además, según el Servicio de Estudios Económicos del BBVA - Banco Continen­tal, el mercado laboral peruano es excesi­vamente rígido, lo que inhibe la creación de empleo y desplaza hacia la informali­dad a un vasto sector de la PEA. Y, cifras del Doing Business 2008 –reporte anual preparado por el Banco Mundial– revelan nuestra mala posición frente al resto de países de América del Sur en cuanto a rigidez laboral.

Así, mientras el índice de ri­gidez laboral promedio es de 32,3 en la región, el nuestro asciende a 55, lo que repre­senta una de las regulaciones más rígidas. Aunque mejor situados que Paraguay (59), Bolivia y Venezuela (ambos con 79), pero por debajo de Chile (24), Colombia (27), Uruguay (31), así como de Argentina (41), Brasil (46) e, incluso, Ecuador (51).

En ese sentido, resulta evidente –como dice el BBVA– que el mercado laboral pe­ruano es bastante rígido y es el reflejo de un marco legal que encarece la contrata­ción de trabajadores, motivo por el que in­hibe la generación de puestos de trabajo, incluso en fases de expansión económica, como la que vivimos en la actualidad, al presentar más de 80 meses de crecimien­to continuo.

Entonces, a sabiendas de que gozamos de un marco legal que encarece la contra­tación de trabajadores, ¿por qué se insiste en volver más rígida nuestra legislación? Para Harry Stewart, especialista en asun­tos laborales, los cambios que se debaten en el Congreso aunados a una LGT, visiblemente rígida, se basan en posiciones ideológicas tras­nochadas y desfasadas en el tiempo.

"Muchos de los que se encuentran en el Congreso y en la Co­misión de Trabajo, son gente que estuvo vinculada a gremios y una de sus plata­formas de lucha es la reivindicación de los derechos de los trabajadores porque con­sideran que se limita la libertad sindical. Pero, sin menoscabar ese derecho, ¿qué es más importante en el Perú?, ¿un puesto de trabajo decente o estar sindicalizado? Además, de la PEA activa que asciende a 14 millones, ¿cuántos son sindicalizados? No más de 0,7 por ciento, entonces, ¿de qué hablamos?", se pregunta.

Es más, el experto, basándose en lo di­cho por el propio presidente Alan García, quien en anteriores oportunidades ha ma­nifestado que una de las peores formas de esclavitud moderna es la informalidad en materia laboral, instó a tratar y solucionar dicho problema que se encuentra en el centro de la problemática laboral y social en el Perú.

LOS CONTRATOS TEMPORALES

De los cuatro temas que encendieron el debate en los últimos días, la elimina­ción de los contratos temporales de ex­portación no tradicional ha sido uno de los primeros en despertar el enojo de los empresarios. Estos han alzado su voz de protesta al considerar que dicha medida –ideada por el parlamentario Nacionalis­ta Isaac Serna, presidente de la Co­misión de Trabajo – perjudicará directamente el ?boom ex­portador? del país.

Según dijo Ser­na, la elimina­ción de esta modalidad de contratación responde a un "acto de justicia", puesto que desde que el régimen entró en vigencia –hace casi 30 años – nunca fue reglamentado ni mo­dificado, generando la desnaturalización de una herramienta que –desde su punto de vista – ha servido para cometer cier­tos atropellos contra el trabajador, como el irrespeto por las jornadas de trabajo y el incumplimiento del pago de ciertos bene­ficios laborales.

Ante ello, como gremio representativo de las empresas exportadoras, la Asocia­ción de Exportadores (ADEX) ha expresa­do su total rechazo a una propuesta que a todas luces –afirman – será contrapro­ducente para los intereses del país. Así, su presidente José Luis Silva ha recha­zado no solo el proyecto de la Comisión de Trabajo sino también el anteproyecto presentado por el MTPE que, en su afán por corregir los ?vicios? que contenía la an­terior propuesta, se ha convertido en otro ?craso error?.

"El proyecto del MTPE es un error y revela el desconocimiento del Ministerio sobre la realidad de las empresas expor­tadoras no tradicionales, porque la tem­poralidad de los contratos laborales en la modalidad de exportaciones no tradicio­nales tiene una naturaleza distinta a los contratos a plazo fijo generales y no está asociado al tipo de labor, sino a las condi­ciones del mercado", dijo categóricamen­te el presidente de ADEX.

Al gremio de exportadores, se han su­mado el Consejo de Usuarios del Sistema de Distribución Internacional de Mercan­cías (Conudfi) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cuyos presidentes Alber­to Ego Aguirre y Eduardo Farah respecti­vamente, han expresado con claridad su disconformidad ante las propuestas de la Comisión de Trabajo y del MTPE.

¿DESENCUENTROS?

Pero no solo los empresarios han ma­nifestado su malestar ante la voluntad de ambas instancias públicas. Enterada de la respuesta del despacho de Mario Pasco Cosmópolis, ministro de Trabajo, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Tu­rismo (Mincetur), Mercedes Aráoz, afirmó no estar de acuerdo con la propuesta del MTPE, por lo que le pedirá a su par minis­terial que haga los ajustes respectivos, en vista de no ser la única que en el Gabine­te Ministerial se opone a dichos cambios, puesto que Rafael Rey e Ismael Benavides se han sumado a la carga.

Es más, a esta desavenencia entre ambos ministros, se añade la discrepan­cia que ambas carteras y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantienen sobre dos proyectos de ley en debate. Por una parte, la Ley del Trabajador Por­tuario y, por la otra, la Ley que regula los Servicios de Tercerización Laboral, que hoy se encuentran también en el ojo de la tormenta.

Así, mientras el titular del MEF, Luis Ca­rranza, ha alzado su voz para pedir que la Ley de Tercerización -que cuenta con la venia de Pasco Cosmópolis y del premier Jorge del Castillo Gálvez- sea observada por considerarla inconstitucional, pues restringe la libertad de empresa, el vicemi­nistro de Trabajo, Jorge Villasante, sostie­ne todo lo contrario. Este ha aclarado que "el artículo 59 de la Constitución –aludido por el MEF– no está siendo transgredido en el mencionado proyecto de ley, por lo que no existe violación alguna a la Carta Magna.

A este desencuentro entre los miem­bros del Ejecutivo sobre la terciarización laboral, se añade hoy la posición que la ministra Mercedes Aráoz ha asumido fren­te a la Ley del Trabajador Portuario. Aráoz considera que lo aprobado por la Comi­sión de Trabajo del Congreso no concuer­da "con las formas modernas de desarro­llo del servicio logístico".

Por lo que ha sido muy enfática, afir­mando que en caso que el Pleno corrobo­re lo aprobado por el grupo en mención, el Ejecutivo se encargará de observarla. Y, debido a que no contribuye con la promo­ción de las exportaciones, su despacho está trabajando en coordinación con los sectores exportadores –actores importan­tes en el tema– en torno a las observacio­nes correspondientes.

Precisamente, la restitución del Régi­men Legal Especial del Trabajo Portuario, ha despertado la negativa de los empresa­rios agrupados en el Conudfi (Asociación de Agentes de Aduana, Cámara de Co­mercio de Lima, Perucámaras, Sociedad Nacional de Pesquería, SNI y ADEX), de­bido a que no solo impone la negociación colectiva por rama de actividad, sino que también afecta la eficiencia en tiempos y los costos de las operaciones de exporta­ción e importación por vía marítima.

Y es que según han señalado los gre­mios empresariales vinculados al comercio exterior, de aprobarse la modificación a la Ley del Trabajador Portuario, el puerto del Callao correría el riesgo de no obtener en el mes de octubre la Marca de Garantía que, además de garantizar altos niveles de cali­dad, imprimiría un ritmo de diferencia y mar­caría la distancia con sus competidores.

Pero no solo eso, otro punto preocupan­te tanto para los empresarios como para la ministra Aráoz, se centra en la pretensión de regular el nombramiento del trabajador portuario de estiba, al establecer que el empleador sólo escogerá libremente el 10 por ciento de trabajadores, mientras que el 90 por ciento de contratos restantes se hará a partir del registro que es controlado por los sindicatos. Limitando –coinciden– la libre contratación, haciendo peligrar la eficiencia del puerto comprometido.

Es más, debido a que "se pretende retornar al arcaico sistema de ?puntos y contrapuntos? que imperó negativamente en los puertos hasta 1990", los agrupados en Conudfi sostienen que dichas modifi­caciones "se traducen en ineficiencia y mayores costos para los exportadores e importadores y ante la firma de nuevos acuerdos comerciales, no podemos caer en leyes demagógicas que van en direc­ción opuesta a lo que el mundo exige".

LAS OTRAS PERLAS LEGISLATIVAS

Similar situación se repite con la posi­ble regulación de la tercerización, proyec­to que aunque ha encontrado apoyo en el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y en el empresario Dionisio Romero, quienes consideran que con su aprobación se solucionaría una situación injusta para miles de trabajadores, tam­bién ha originado resquemores en más de un sector de la economía.

Así, para el abogado laboralista Jorge Toyama, si bien resulta por una parte im­probable que alguien se oponga a la finali­dad del proyecto, que ratifica los derechos de los trabajadores, por la otra, "establece requisitos y características extremas, de­terminando que, en la práctica, solo em­presas sólidas podrán prestar los servicios de especialización".

De ahí, que considere que no existen razones ni proporcionalidad para esta­blecer normas tan rígidas que terminarían perjudicando a las micro y pequeñas em­presas, las que no podrán ser contrata­das por no cumplir con los requisitos que establece la norma. Por lo que desde su punto de vista, se debe lograr una fórmula genérica tal como la que se encuentra vi­gente o tomar en cuenta a la de Chile, que al contar con la debida definición y rasgos generales, contiene requisitos que cumplir de manera obligatoria. Que es a lo que se debe apuntar.

Sobre todo porque, al tratar de contro­lar ciertos excesos –dice el experto– se corre el riesgo de impedir el acceso de algunas empresas al mercado, por lo que resultará preciso que tanto el Legislativo como el Ejecutivo analicen si el remedio no resultará peor que la enfermedad. Y como dice David Lemor, se debe tener en cuenta que ante una mayor rigidez la­boral, "serán las micro y pequeñas em­presas las que pagarán los platos rotos" y podríamos, incluso, volvernos menos competitivos frente a los demás países de la región.

En ese sentido, y ante las divergencias generadas a partir de las modificaciones legislativas que se vienen discutiendo en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, es preciso –dicen los consultados– que to­dos los involucrados se sienten alrede­dor de la mesa para que unifiquen crite­rios, pensando no solo en la generación de nuevos puestos de trabajo, sino tam­bién en la competitividad del país y en los compromisos asumidos a través de los acuerdos comerciales suscritos por el gobierno.