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Miércoles 21 de octubre 2020   |   Contáctenos
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ALBERTO FUJIMORI: LA SENTENCIA

La cruz de Barrios Altos y La Cantuta
Luego de 15 meses de iniciarse el histórico juicio al ex presidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori, la Sala Especial que lo juzgó, presidida por el vocal supremo César San Martín, lo halló culpable de los cargos de homicidio calificado y secuestro agravado y le impuso una pena privativa de la libertad de 25 años. Los fujimoristas aseguran que saldrán a las calles. Otra batalla ha comenzado.
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ALBERTO FUJIMORI: LA SENTENCIA

Durante la lectura de la sentencia, que se inició a las 09:06 de la mañana del martes 7 y se prolongó hasta pasado el mediodía, el acusado Fujimori no sonrió una sola vez, como en otras audiencias en que se dejaba ver distendido y con la sonrisa torcida presta a emerger para saludar a sus hijos y a sus seguidores que lo contemplaban detrás del vidrio. Esta vez no.

 

Empleó las horas de la lectura de la sentencia en hacer (o fingir que hacía) anotaciones jeroglíficas en un cuaderno que mantuvo abierto todo el rato, quizás para no revelar la incomodidad y zozobra que sentía en esos instantes decisivos.

Solo levantó los ojos al final, para escuchar el veredicto de la Sala Penal Especial, que lo condenó a 25 años de cárcel por crímenes de Estado y de lesa humanidad. Tampoco sonrió. Un rictus de angustia se dibujó en su rostro arrugado y se le quedó grabado para siempre.

 

Fotógrafos y reporteros nacionales y extranjeros, que llegaron en gran número armados con sus cámaras, grabadoras, micrófonos, lapiceros y libretas, permanecían detrás de Fujimori, a ambos lados, separados por el vidrio, como un pelotón de fusilamiento listo para ejecutar.

 

Mientras tanto, su primogénita Keiko parecía a punto de romper en llanto. Kenyi miraba y oía todo con sus ojos adormecidos como si no entendiera nada. Quizás en realidad no entendía nada. Los demás, Raffo, Cuculiza, Moyano y el resto que se atrevió a acompañar a su líder en este momento postrero, simplemente no podían creerlo. El rostro acorazado de su abogado Nakazaki expresaba el mismo gesto atónito.

 

Por su parte, los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta mostraban una serena complacencia por lo que, luego, a su salida de la sede de la Diroes, considerarían una sentencia ejemplar que dignificaba la memoria de sus familiares al señalar, entre otras cosas, que éstos no tenían ninguna vinculación con Sendero Luminoso.

 

 

¿EN QUÉ ESTABAS PENSANDO?

 

Cuando todos estábamos resignados a conocer el veredicto de la Sala solamente luego de largas y tediosas horas de lectura, el juez César San Martín sorprendió a todos. A las 09:26 a.m., como quien no quiere la cosa, declaró que la sentencia sería condenatoria de manera unánime en los cuatro cargos, por encontrarse probados más allá de cualquier duda razonable.

 

Nadie pudo saber qué pasó por la cabeza de Fujimori en ese segundo. Quizás recordara aquel día, hace ya 17 años, cuando un 05 de abril de 1992 apareciera en televisión pasadas las diez de la noche para anunciar su decisión de disolver el Congreso, mientras tanques y soldados tomaban posiciones en las calles para repeler cualquier intento de libertad.

 

Quizás retrocediera todavía más y sus pensamientos retornaran a aquel 28 de julio de 1990, cuando, con menos arrugas y canas y con la mirada menos turbia, se enfundara la banda presidencial preguntándose qué haría con un país desangrado por el terrorismo y sumido en la mayor crisis económica de su historia.

 

Quizás maldijera el instante en que decidió abandonar su querido Japón y volar inopinadamente hacia Chile, solo para ser detenido el 6 de noviembre del 2005. O recordara con amargura y cierta nostalgia el momento de su regreso al Perú tras siete años, ese 22 de septiembre del 2007, día en que fuera recluido en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, de donde no saldría más.

 

O quizás se le vinieran a la memoria sus épocas de gloria, cuando, junto a su ex asesor Vladimiro Montesinos, con un Congreso lleno de tránsfugas, un Poder Judicial putrefacto, unas Fuerzas Armadas genuflexas y buena parte del periodismo alquilado, ató y desató por 10 años en un país al que probablemente jamás llegó a entender, pero que sí supo manipular y encantar con una media sonrisa burlona que fue su marca de fábrica. Nadie logrará saber qué pasó por la cabeza de Fujimori en ese instante. Lo cierto es que no sonrió.

 

 

¿DE QUÉ SE LE ACUSÓ A FUJIMORI?

 

En primer lugar, a Fujimori se le sentenció por la matanza de Barrios Altos del 3 de noviembre de 1991, cuando el grupo Colina ingresara en una quinta ubicada en el 840 del jirón Huanta, a solo unas cuadras de Palacio de Gobierno, y asesinara a 14 adultos y un niño de ocho años.

 

En segundo lugar, por el crimen de La Cantuta, a cuyas instalaciones en Chosica ingresara el mismo grupo paramilitar la madrugada del 18 de julio de 1992, sacara de sus dormitorios a nueve estudiantes y un profesor, los condujera a un paraje lejano y los asesinara, acusándolos de estar complicados en el brutal atentado terrorista de la calle Tarata.

 

El tercer caso es el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, a quien la madrugada del 6 de abril de 1992, horas después de que Fujimori anunciara el cierre del Congreso, militares fuertemente armados sacaron de su casa y condujeron, en una camioneta de lunas polarizadas, a los sótanos del SIE, en el cuartel general del Ejército, donde lo recluyeron.

 

El cuarto caso es el del empresario Samuel Dyer Ampudia, quien fuera detenido por miembros de la Policía y del Ejército el 27 de julio de 1992 en el aeropuerto Jorge Chávez y conducido igualmente a la sede del cuartel general del Ejército.

Estos son los delitos por los que a Fujimori se le ha sentenciado a 25 años de pena privativa de la libertad. Veinticinco muertes y dos secuestros. ¿Ameritan una estancia tan larga en la prisión?

 

LA DEFENSA

 

A lo largo de estos 15 meses y tras 160 audiencias, la defensa de Alberto Fujimori, comandada por César Nakazaki, pero también ejercida por sus asistentes cuando aquél se encontraba demasiado exhausto luego de patrocinar a la conductora de televisión Magaly Medina, intentó desbaratar las acusaciones esgrimiendo que no había pruebas que demostraran que el ex presidente hubiera ordenado los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta ni los mentados secuestros, puesto que en ningún momento se aplicó una política de guerra de baja intensidad y que solo se dictó una directiva para luchar contra el terrorismo respetando los derechos humanos y fortaleciendo la labor de inteligencia.

 

Subrayó que Fujimori no tenía mando ni comando sobre las Fuerzas Armadas ni le estaba dado planear ni ordenar operaciones militares. Para demostrarlo, argüía que la política antisubversiva de Fujimori se plasmó en la directiva oficial 03 del 12 de noviembre de 1991, que consistió en combatir a los terroristas con las armas de la legalidad, y que si se produjeron las muertes de Barrios Altos y La Cantuta fue porque un grupo de militares traicionó dicha estrategia dedicándose a ejecutar terroristas por su cuenta y riesgo, sin que Fujimori se diera cuenta de nada.

 

En el último día de su alegato final, Nakazaki concluyó que no se había podido probar ni uno solo de los delitos atribuidos a Fujimori, quien jamás se enteró de los crímenes del grupo Colina ni de la propia existencia de dicho destacamento sino hasta que la prensa diera a conocer su accionar. Recalcó que una política de guerra sucia habría sido contraria a su estrategia de pacificación.

 

ALEGATO DE FUJIMORI

 

Durante el segundo día de auto defensa, el viernes 3 de abril Fujimori afirmó que le dolían "en el alma" las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero que él no tenía nada que ver con las mismas, puesto que había implantado una estrategia legal de pacificación que era opuesta a una guerra clandestina.

 

Agregó además que los argumentos de la Fiscalía y de la parte civil eran grotescos y descabellados y que lindaban con la irracionalidad. Recalcó que en casi año y medio de juicio, sus acusadores habían sido incapaces de exhibir una sola prueba contundente. "¿Dónde está la prueba de que se aplicó guerra de baja intensidad?, ¿dónde está la orden de que Fujimori creó el grupo Colina?, ¿dónde está la prueba de que el ‘chino’ es homicida?", se preguntó.

 

"Estoy sentado aquí por mi política de pacificación", llegó a decir, simulando una indignación que cualquier desprevenido habría tomado por genuina. Habría sido acertado que su abogado Nakazaki, con la misma diligencia con que le llenaba el vaso de agua, le hubiera comunicado que no estaba sentado ahí por su política de pacificación, sino por el asesinato de 25 personas y el secuestro de otras dos durante su gobierno.

 

Añadió: "Yo soy un hombre pragmático que aplicó una política de pacificación exitosa. Barrios Altos y La Cantuta fueron excepciones que lamento". También justificó el autogolpe de aquel 5 de abril, mencionando que "fue una fecha absolutamente impostergable que cambió la historia del Perú". Respecto al secuestro de Gorriti afirmó que jamás dio la orden para su captura. Acerca de Dyer solo dijo que su detención se debió a un asunto tributario.

 

Los analistas señalan que el alegato final del 3 de abril no fue sino un concierto de manotazos de ahogado de un reo que se sabía culpable y se sentía condenado, al punto que se dio tiempo para entregarles la posta a sus hijos Keiko y Kenyi en medio de una defensa que adoptó ribetes de discurso político.

 

FISCALÍA Y PARTE CIVIL

 

Por su parte, la Fiscalía, representada por el fiscal supremo José Peláez y el fiscal adjunto Avelino Guillén, adujo a lo largo de estos 15 meses, entre otras cosas, que Fujimori, paralelamente a una política legal que tenía como componente esencial la inteligencia operativa con la consiguiente detención y el encarcelamiento de terroristas, aplicó también una estrategia ilegal que consistió en ejecutar a sospechosos por terrorismo en Lima.

 

Pero también en provincias, valiéndose para este fin del lamentablemente famoso grupo Colina, al que daba órdenes a través de Vladimiro Montesinos, jefe real del SIN, y al que incluso felicitó en 1991 por intermedio del comandante general de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos.

 

La parte civil, representada por los abogados Ronald Gamarra, Gloria Cano y Carlos Rivera, afirmó que Fujimori, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ejerció un poder real sobre las mismas y ejecutó una doble estrategia antisubversiva: Una legal y abierta y otra ilegal y clandestina, y que es por esta y no por la primera por la que se le debía condenar.

 

Las pruebas que presentaron ambas partes comprendieron cientos de archivos y unas cuantas decenas de testimonios que señalaban que Fujimori, primero, intentó ocultar las matanzas de Barrios y La Cantuta y, luego, cuando advirtió que continuar haciéndolo en medio de evidencias cada vez mayores suponía daños al régimen, dispuso el enjuiciamiento de los ejecutores solo con el objetivo de acallar las protestas, para finalmente decretar una ley de amnistía que los beneficiara.

 

SENTENCIA Y VEREDICTO

 

El tribunal presidido por el presidente de la Sala, César San Martín, cuya labor esmerada y comedida en estos meses fue elogiada por unos y otros, basó su veredicto en la teoría de la autoría mediata por dominio de poder, según la cual los agentes del grupo Colina que cometieron las dos matanzas y los dos secuestros lo hicieron obedeciendo a una política de Estado concebida e implementada por Alberto Fujimori en su calidad de jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como de los aparatos de inteligencia.

 

Cabe resaltar que dicha teoría fue aplicada para sentenciar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, quien tampoco disparó jamás un tiro ni estuvo presente nunca en el campo de batalla, pero que fue el autor mediato de decenas de miles de muertes.

 

Una vez que se conoció el veredicto, el fiscal San Martín permitió a Fujimori acercarse a su abogado. Nakazaki y su defendido intercambiaron unas breves palabras. Acto seguido, el sentenciado impugnó recurso de nulidad. El fiscal supremo, César Peláez manifestó estar de acuerdo con el veredicto. San Martín dio por concluido el juicio.

 

ECOS

 

Apenas se enteraron del veredicto, los fujimoristas apostados en los alrededores de la Diroes, armados con pancartas y enfundados en polos anaranjados que clamaban por la inocencia de Fujimori y proclamaban a Keiko como presidenta, estallaron en gritos de lamento y llanto. Hubo un conato de bronca entre los fujimoristas y un grupo de la CTP (Confederación de Trabajadores del Perú), pero los más de 2,000 agentes policiales asignados para resguardar los exteriores de la Diroes lo impidieron.

 

A su salida, una vez finalizada la lectura de sentencia, Keiko Fujimori, rodeada por su séquito naranja, declaró brevemente a los periodistas nacionales y extranjeros. "El fujimorismo no se va a quedar de brazos cruzados", dijo, con la voz trémula por la indignación, agitando el índice regordete. "¡Los fujimoristas no vamos a parar hasta ver libre a Alberto Fujimori! ¡Vamos a someternos al tribunal del pueblo, no a este tribunal lleno de odios y venganzas!", manifestó.

 

Cabe resaltar que, aunque a los fujimoristas los ampara el derecho de salir a las calles a manifestarse de manera pacífica, carecen del poder para variar un fallo judicial legítimo, más allá de que lo consideren justo o injusto. La mayoría no manda en esta instancia. La democracia, felizmente, no alcanza al Poder Judicial. Eso funciona en las elecciones.

 

Por su parte, los grupos de activistas de derechos humanos lanzaron gritos de júbilo y expresaron su satisfacción por la condena, pues consideran que finalmente se ha hecho justicia. Los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta sostienen que ahora sí sus familiares descansan en paz, pues la sentencia honraba su memoria al señalar que no tenían ninguna vinculación con Sendero Luminoso.

 

Hay que dejar en claro también que este es un tema aparte. Si los muertos eran o no miembros de esa agrupación terrorista, es algo que quizás nunca llegue a saberse fehacientemente. No olvidemos que, en esos años terribles, universidades nacionales como San Marcos, la UNI y la misma Cantuta, y algunas particulares, estaban copadas por los senderistas, quienes llegaron a convencer a cientos de estudiantes y a no pocos profesores de unirse a su causa.

 

Si lo consiguieron con esos nueve jóvenes y el profesor es algo que quizás nunca se conozca a ciencia cierta. Lo indiscutible es que no se les debió dar muerte de esa manera. Si eran subversivos, lo indicado habría sido capturarlos y procesarlos como tales. No acribillarlos.
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