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Viernes 27 de noviembre 2020   |   Contáctenos
REVISTA

ACUERDO NACIONAL CONTRA EL NARCOTERRORISMO

Atentado en Ayacucho
Otra vez el pueblo peruano ha sido impactado por el asesinato de 14 soldados en la selva ayacuchana de Huanta. La cruel alianza entre el narcotráfico y senderistas nuevamente está cobrando víctimas inocentes.
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ACUERDO NACIONAL CONTRA EL NARCOTERRORISMO

Lo ocurrido en Sanabamba debe dejarnos importantes lecciones para aplicar en la zona del VRAE. En primer lugar, el apoyo social en esa región es mínimo o casi nulo. Nos referimos concretamente a programas de educación y salud, cuya ausencia es el principal caldo de cultivo para que los delincuentes subversivos encuentren derechos "que reivindicar".

 

En segundo lugar está la situación de nuestras Fuerzas Armadas. Se ha dicho mucho sobre esta realidad, pero muy poco se está haciendo. Testimonios de personas allegadas a las víctimas refieren que los soldados no estaban preparados materialmente.

 

No pretendemos afirmar que existe una guerra interna, pero sí advertimos que hay condiciones sociales para que los subversivos encuentren "ingredientes" para su accionar. Lamentablemente, la extrema pobreza de nuestros pueblos siempre será la principal arma que tenga la delincuencia narcoterrorista.

 

Un tercer elemento es la participación del Estado en esa zona. En la década del 80, Ayacucho y Apurímac, zona de influencia del VRAE, fueron los dos principales departamentos donde la subversión ganó terreno, precisamente por la falta de un Estado real en los diversos ámbitos del quehacer social. Las últimas estadísticas revelan que la pobreza se mantiene igual en esa zona, e incluso, se ha incrementado en algunas provincias. Por cierto que esta situación viene de los anteriores regímenes.

 

La presencia del Estado es clave en esos departamentos. La subversión no solo se combate con armas, sino con construcción de escuelas y establecimientos de salud equipados, impulso de programas para emprendedores desde la perspectiva de las microfinanzas y desarrollo social que incluya la lucha contra la pobreza, entre otros aspectos.

 

Ya es tiempo que el problema del VRAE sea visto desde una lógica social. Tampoco se trata de destruir cocales de cientos de campesinos que viven de sus cosechas, sin ofrecerles nada a cambio. ¿Qué respuesta social hay para los peruanos que viven en el VRAE?

 

Hay que meditar en lo ocurrido y ver dónde estuvieron los errores. Cualquier cambio en el VRAE no debe partir del escritorio de algún burócrata limeño, sino del consenso social con la participación de los mismos involucrados, es decir, de los campesinos de la zona.

 

No olvidemos las lecciones del pasado. Cuando la tarde del domingo 18 de mayo de 1980, los senderistas al mando de Abimael Guzmán, atacaron la lejana comunidad ayacuchana de Chuschi, en Vilcashuamán, las autoridades limeñas decían lo mismo que ahora afirman quienes usan saco y corbata en Lima: "Son abigeos". Años después, esos "abigeos" propiciaron más de 25 mil muertes en una guerra política y fratricida, donde también participaron las Fuerzas Armadas.

 

Hoy, después del asesinato de 14 soldados en Sanabamba, hay voces que casi dicen lo mismo y hasta piden renuncias de ministros. Surgen "expertos" en lucha antisubversión que recomiendan todo tipo de medidas.

 

El gobierno haría bien en convocar a las mentes más lúcidas del país o seguir los lineamientos del Acuerdo Nacional para encontrar soluciones reales a los principales problemas del país, que en este caso, no solo es delincuencia terrorista, sino también narcotráfico.

 

Por Rosa María Venegas Mello

Congresista de la República
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