Viernes 19 de abril 2024 | Contáctenos
"Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y, por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria", pronunció el juez César San Martín, presidente de la Sala Especial de la Corte Suprema, al dar solemne cuenta de la sentencia.
El proceso que se le siguió al ex presidente Alberto Fujimori por delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad, entre otros pendientes que esperan su momento, generó la expectativa del Perú y del mundo. Su sentencia es por tanto un hito internacional en la lucha contra la impunidad.
Nuestro país ha dado una lección de ponderación, transparencia, autonomía y justicia. El vilipendiado Poder Judicial peruano se honra con la actuación de un Tribunal, que durante 16 meses se mostró digno y calificado con magistrados y fiscales que exhibieron su calidad jurídica y su pleno respeto al debido proceso, dando a quien ha sido Jefe del Estado, la calidad de inculpado digno con todas las posibilidades para su defensa.
La sentencia ha sorprendido gratamente por su laboriosidad, su inspiración doctrinaria, su base jurídica, su independencia y su valentía. La seriedad y profesionalidad demostradas constituyen ya paradigma de cómo deben ejercer la magistratura jueces y fiscales.
Nadie está por encima de la Ley ni exento de rendir cuentas a la sociedad, más allá del poco o mucho poder que hubiera concentrado durante el ejercicio del mandato que la ciudadanía le encargó. Nadie discute los éxitos que el presidente pudo tener en la lucha contra el terror o contra la inflación pero queda claro que nada justifica y menos perdona los crímenes y los abusos en que ostensiblemente incurrió.
Haber liderado y conducido personalmente la acción de las fuerzas del orden implica responsabilidad suprema no solo en los operativos que fueron considerados positivos o exitosos, sino fundamentalmente en los excesos que significaron pérdidas de vidas inocentes y secuestros cuya culpabilidad está confirmada.
El proceso judicial contra Alberto Fujimori reclamó la atención del mundo, a través de observadores locales e internacionales y de ciudadanos que constataron el hecho inédito de un proceso que enaltece la administración de justicia nacional y fortalece las instituciones en especial las encargadas de garantizar los derechos humanos y la defensa de la sociedad.
La ciudadanía y los diversos sectores políticos y sociales aprueban y reconocen la ejecutoria del Tribunal, lo consideraron impecable y ejemplar aún antes de que se conociera la sentencia. Pudo haber presiones a jueces y fiscales pero el Tribunal llegó al final de esta importante e impecable etapa con el respeto y el escrutinio favorable a su actuación de casi año y medio de procesamiento. Ninguna de las partes del proceso podría afirmar, con seriedad y sin pasiones, que el mismo no se ha desenvuelto con independencia, imparcialidad y transparencia.
La democracia, que las fuerzas políticas y sociales unidas logramos recuperar, después de una década de concentración autocrática del poder, se ve fortalecida por la aceptación de todos los sectores, con la excepción explicable del fujimorismo, de la sentencia en esta instancia.