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Domingo 29 de noviembre 2020   |   Contáctenos
REVISTA

EL APRA Y FUJIMORI

Partido de gobierno aspira a controlar tribunal que revisará sentencia
Hace pocos días, los fanáticos seguidores de Alberto Fujimori han iniciado una asquerosa y nauseabunda campaña mediática de ataques sin fundamento, para desacreditar al magistrado Duberli Rodríguez, quien preside la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que revisará la condena de 25 años de pena privativa de libertad impuesta al ex jefe de Estado, básicamente, por graves violaciones a los derechos humanos.
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EL APRA Y FUJIMORI

Aquel Tribunal Supremo está, además, integrado por cuatro magistrados provisionales, uno de los cuales, Julio Biaggi Gómez, está seriamente vinculado al APRA, no solo por haber favorecido a Agustín Mantilla con resoluciones judiciales, sino porque además de las razones familiares existentes, en el Palacio de Justicia todos conocen su filiación partidaria.

 

Nadie podría negarlo; seguramente, se trata de un militante sin carnet, ni ficha de inscripción, pero con la misma convicción aprista del actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega, ex socio profesional de Alan García y del ex personero legal del APRA, con quien compartió una oficina legal en la azotea de su casa, desde donde patrocinaban a uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos.

 

Esta Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolverá el recurso de nulidad interpuesto por el condenado Alberto Fujimori; y, debe quedar claro que para que exista una resolución firme por lo menos deben lograrse cuatro votos conformes, tal como lo estipula la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Caso contrario, deberán llamarse a vocales supremos dirimentes, la mayoría de los cuales, seguramente, serán provisionales, hasta que se logre la votación detallada en nuestro ordenamiento jurídico vigente.

 

En esta segunda instancia, teóricamente, el Poder Judicial (PJ) tiene varias opciones legales, siendo las más destacadas, la confirmación del fallo condenatorio de 25 años de prisión o la rebaja de la pena impuesta o la absolución del sentenciado o la anulación de todo el proceso penal, disponiendo que se lleve a cabo un nuevo juzgamiento; todo depende de la decisión que adopten los magistrados supremos.

 

Los fujimoristas tienen como primer objetivo político lograr que el juez supremo Duberli Rodríguez se aparte del tribunal, ya sea por inhibición o porque lo recusen; con ello, lograrían que el más antiguo de aquella Sala Suprema sea el nuevo titular y de acuerdo a los integrantes, la presidencia recaería en Julio Biaggi Gómez, hijo de un ex senador aprista.

 

Este juez provisional intentó hasta en tres oportunidades ser magistrado supremo titular; sin embargo, fue desaprobado en todos los exámenes que rindió. Ni siquiera sus propios compañeros que, mayoritariamente, controlan el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) pudieron ayudarlo.

 

De los demás magistrados provisionales conocemos que dos de ellos, Elvia Barrios y Roberto Barandiarán, han desempeñado labores jurisdiccionales en tribunales anti corrupción y el otro juez, José Neyra, fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, controlada por la Comisión Ejecutiva que dominaba Vladimiro Montesinos.

 

En caso, el apartamiento de Duberli Rodríguez fuera positivo, conforme a ley, debería llamarse al magistrado menos antiguo de la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria, el cual se incorporaría inmediatamente, pero la presidencia del tribunal seguiría controlada por el APRA y todos los integrantes serían provisionales; algo parecido a lo que sucedía en la época nefasta en que Vladimiro Montesinos digitaba el Poder Judicial desde la Comisión Ejecutiva.

 

Esta situación fortalecerá, aún más, el negado acercamiento entre Keiko Fujimori y Alan García; ambos tendrán sus naipes seguros, analizarán juntos el futuro político, la condena sufrida y buscarán alguna solución partidaria. Aquí se juntan el hambre y la necesidad.

 

La revisión estará en manos de un tribunal presidido por un juez supremo provisional aprista, quien podría trabajar un fallo benevolente para Fujimori; por su parte, el primer mandatario pretende una tranquilidad posterior a su mandato. García no quiere juicios ni pesquisas parlamentarias y mucho menos inhabilitaciones políticas.

 

Todo esta fríamente calculado por los seguidores y/o defensores de Fujimori; atacar al único magistrado supremo titular de la Sala que revisará la sentencia condenatoria y lograr que el APRA controle aquel tribunal de justicia.

 

Para ello cuentan con un diario que nunca tiene la razón; las portadas son suficientes para que la población se forme un concepto equivocado de la realidad y generara ciertas "dudas" interesadas sobre la imparcialidad del juez supremo Duberli Rodríguez.

 

Los fujimoristas no han digerido completamente la sentencia; no la aceptan. Están buscando del lobo un pelo y para ello aunque sea pedirán a sus aliados de turno, reducir el tiempo de la condena, pensando en la excarcelación y utilizar la causa judicial como campaña proselitista para intentar que la heredera del nipón llegue a Palacio de Gobierno y aplique un indulto presidencial, aún cuando jurídicamente es imposible.

 

Por Heriberto Benítez Rivas

Ex congresista de la República
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