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REVISTA

SITUACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Cifras alarmantes
¿Sabía usted que el 76 por ciento de la población con discapacidad en edad de trabajar se encuentra en inactividad; el 40% de los trabajadores de las PYMES-PCD presentan algún tipo de discapacidad, de los cuales más de la mitad se encuentran involucrados en actividades productivas, mientras que cerca del 40% se dedica a actividades comerciales? Estas importantes cifras las pueden encontrar en el estudio sobre discapacidad y empleo en el Perú.
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SITUACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De acuerdo con las estadísticas, la tasa de desempleo de este sector es casi el doble de la tasa de desempleo general, llegando al 18.1% en el caso de Lima Metropolitana. Los altos niveles de desempleo de la población con discapacidad son resultados de la exclusión y marginación social.

 

Los esfuerzos emprendidos por el Estado para responder a esta problemática, dejan mucho margen para el desaliento en razón de los pocos avances logrados y por la lentitud que estos se han ido dando. Los esfuerzos que algunos funcionarios vienen realizando en el sector público a fin de revertir esta situación se estrellan contra la enorme indiferencia y la escasez de recursos.

 

En este estudio se deja constancia de la necesidad de hacer mayores esfuerzos en el futuro con el propósito de establecer con mayor precisión la forma en como operan los mecanismo de exclusión laboral que impiden el acceso de las personas con discapacidad (PCD) a mejores condiciones de vida.

 

Según el estudio, en cuanto a la situación laboral de las PCD, el 70% de las PYMES-PCD son informales, solo el 6% pertenece a gremios, el 88% tiene tecnologías artesanales y no cuentan con acceso al financiamiento (75% del total).

 

El 70% de las PYMES-PCD son empresas promociónales, el 56% se dedica a actividades productivas, y tienen una fuerza laboral conformada por PCD del orden del 40%. El 31% de ellas tiene un tiempo de operación que supera los cinco años, estando solo el 70% de ellas en actividad permanente.

 

 

El informe sostiene que el acceso al financiamiento es uno de los factores centrales, que impide el desarrollo de los emprendimientos de las PCD. Más del 40% de las PYMES-PCD considera que este es el principal problema que los afecta. Dichas necesidades de financiamiento se dirigen fundamentalmente a capital de trabajo (75% del total).

 

Según las características de la fuerza laboral de las PYMES-PCD, la mayoría de ella realiza actividades de carácter administrativo (38%), ganando (el 94% de la misma) sueldos por debajo de la remuneración mínima vital. Los niveles salariales no corresponden ni siquiera a los niveles de subsistencia.

 

En cuanto a las políticas públicas diseñadas para promover la inclusión laboral de las PCD, se sostiene que las políticas públicas formuladas con el propósito de promover las expectativas laborales de las PCD en el Perú se han basado en un conjunto limitado de prácticas que han operado en un estado de permanente desencuentro entre lo estipulado normativamente y los avances efectivamente alcanzados.

 

Con respecto a los certificados de discapacidad, solo el 0.46% es la proporción de PCD tiene acceso al documento, el cual podría utilizarlo para ejercer los derechos reconocidos por ley. Se sostiene además que las políticas orientadas a prevenir la discapacidad en el país son débiles; la constitución omite la responsabilidad sobre seguridad e higiene en el trabajo a fin de prevenir riesgos y asegurar la salud e integridad de los trabajadores.

 

En los sectores de construcción y minería, se ha detectado que las reglamentaciones existentes para el caso de labores de alto riesgo solo alcanzan a las grandes empresas de los sectores mencionados. Por ello, es cada vez mayor el número de trabajadores –los jóvenes—que adquiere una discapacidad.

 

Por otro lado, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, es un mecanismo débil para prevenir la generación de una discapacidad. La razón principal es la evasión del pago de seguro, los trabajadores no tienen protección -por el tipo de labor que realizan-. El 24% de las empresas obligadas a pagar el seguro efectivamente lo hacen.

 

Los sistemas de pensiones públicos y privados funcionan imperfectamente cuando se trata de proteger a un trabajador que ha sido victima de un shock discapacitante.

 

 

En el sistema público, el nivel de las pensiones de invalidez es bastante bajo (415 soles la pensión mínima) y además no creció desde 1996 (36% en total). Y el privado tiene una pensión promedio baja (1,168 soles). Asimismo, existe una baja proporción de mujeres dentro de los beneficiarios de las pensiones de invalidez en el sector privado (solamente 19% del total).

 

En las políticas de promoción del empleo, se ha avanzado muy poco en términos de capacitación y reconversión laboral, fundamentalmente por la escasez de los recursos asignados para ello, mientras que los incentivos de carácter tributario recién han sido reglamentados tras 5 años de promulgada la ley.

 

Asimismo, no hay garantía en el cumplimiento de lo estipulado por la ley 28164 en el sentido de incorporar una cuota de no menos de 3% de empleados con discapacidad en el sector público. El puntaje adicional de 15% en los concursos por plazas de empleo público, es limitado, ya que la mayoría de los procesos de contratación de personal en el sector público no utilizan el mecanismo de concursos, sino que predomina la contratación mediante servicios no personales.

 

Según el estudio, solo tres empresas promociónales se hallan registradas por el Ministerio de Trabajo, por lo que los beneficios reconocidos por ley solo alcanza a ellas.

 

En inversión estatal en las oportunidades de inclusión laboral de las PCD, se ha encontrado que se invierte muy poco. Del total de recursos asignados al PIO para las PCD en el tema de trabajo, más de 60% se destinan a actividades de inspección laboral. Cerca del 90% de los recursos se dedican a actividades de coordinación, control, gestión, etc., es decir a actividades de carácter eminentemente burocrático.

 

Sobre los Programas de Empleo del Ministerio de Trabajo y su relación con las necesidades de las PCD, sostiene el informe que ningún programa cumple con el porcentaje establecido en la ley 27050. Pro joven solo ha beneficiado a 11 jóvenes con discapacidad, Construyendo Perú a 280 PCD, Perú Emprendedor a 39 PCD, Mujeres Emprendedoras a 46 PCD, PRODAME a 68 PCD, y la Red CIL-Pro empleo a 60 PCD.

 

Asimismo, se ha encontrado que las mujeres con discapacidad padecen mayores desventajas en el acceso y progreso en los programas del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el caso de la Red CIL-Pro empleo solo el 7% del total de beneficiarios que accedieron al servicio de colocación eran mujeres. En el caso de Pro joven dicho porcentaje era únicamente el 27% del total de beneficiarios, mientras que en Construyendo Perú sólo el 31%.

 

Sobre las Experiencias de las Organizaciones de las Sociedad Civil y el Sector Empresarial en la promoción del Empleo de las PCD, sostiene que la debilidad institucional de las OPCD es un factor fundamental para entender la escasa voluntad de la clase política para responder de alguna forma a las demandas que en la temática laboral emergen de este sector.

 

Además, sostiene el informe que los funcionarios estatales reaccionan -en ocasiones- de mala forma cuando de apoyar iniciativas de PCD se trata. Las PCD constantemente se quejan de maltrato cuando han ido a solicitar apoyo para la realización de sus ferias artesanales, o cuando han necesitado tramitar algún permiso.

 

El estudio brinda una serie de recomendaciones, entre los más importantes destacamos lo siguiente: mejorar la calidad de la información estadística existente sobre las condiciones laboral de las PCD; mejorar en el sistema de administración de riesgos laborales; el establecimiento de un régimen especial de trabajo; fortalecer la legislación anti-discriminación y la capacidad de sanción del MTPE ante casos de discriminación contra las PCD; mejorar estrategias comunicacionales a fin de difundir de mejor manera la legislación anti-discriminación; diseñar e implementar campañas periódicas que democraticen el acceso a los certificados de discapacidad, sobretodo en el caso de las personas de escasos recursos.

 

También, mejorar las prácticas inclusivas en programas del Ministerio de Trabajo, los mecanismos de coordinación entre los programas del MTPE respecto a la atención de las personas con discapacidad.

 

Promover la implementación de un mecanismo de canje de deuda por inclusión laboral de las PCD. Establecer una bolsa de empleo para PCD orientada a las ocupaciones en donde estas personas tengan una ventaja comparativa en relación a otros trabajadores.

 

Utilizar la capacidad de compra estatal para incentivar tanto el desarrollo de las empresas promociónales de PCD como la contratación de PCD por el sector privado. Asimismo, fortalecer el capital social de las personas con discapacidad, a fin de que puedan hacer sentir su voz en las decisiones de política laboral por medio de estrategias orientadas a promover su empoderamiento, entre otros.

 

Por Alfredo Martel

Secretario general de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA)
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