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Lunes 19 de octubre 2020   |   Contáctenos
REVISTA

LOS MEDIOS: ¿NEGOCIO O SERVICIO?

La defensa de la libertad de expresión
La intervención de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Sunat, en Panamericana Televisión con el objetivo de cobrar la deuda tributaria que la empresa que gestiona el Canal 5 tiene con el Estado, generó la semana pasada justificado revuelo por quienes consideraban que se estaba vulnerando la libertad de expresión.
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LOS MEDIOS: ¿NEGOCIO O SERVICIO?

No fue suficiente que se señalara claramente que los interventores designados por la recaudadora, no tenían ningún propósito de interferir en la línea periodística del medio de comunicación.

 

Más allá de las interpretaciones legales que ampararon la intervención de la autoridad tributaria que cumplía un mandato legal de cobrar la deuda de 117 millones, 38 de ellos en cobranza coactiva, el mismo titular del Ministerio de Transportes reconoció que esa intervención genera mucha "susceptibilidad" por tratarse de un medio de comunicación.

 

Pocas horas después el administrador tributario de Panamericana Televisión renunció a pesar de que el Presidente y el Consejo de Ministros habían expresado que la decisión de la Sunat era temporal y de breve alcance. Realmente fue muy breve pues el ente recaudador reconsideró casi inmediatamente su posición y atendió el reclamo de que la entidad que debía tratar la insolvencia debía ser el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi), como sucedió en el 2001 con América Televisión empresa que gestionaba el Canal 4 en ese entonces en manos de las hermanas Crousillat.

 

Indecopi precisó que aprobado el inicio del proceso concursal, el siguiente paso sería convocar a una junta de acreedores para que decida el destino de la empresa deudora, es decir, la reestructuración o liquidación. Retirada la intervención de la Sunat, que deja en manos de Indecopi las acciones administrativas, los juicios pendientes de los accionistas como Delgado Parker o Ernesto Schutz, serán resueltos por el Poder Judicial, a pesar de que ambos sectores de administración están severamente cuestionados por la ciudadanía por factores éticos más que empresariales.

 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EL NEGOCIO Y EL SERVICIO

 

La libertad de expresión es una garantía de la democracia. Los periodistas y ciudadanos en general debemos defenderla en todos los espacios posibles. No podemos ignorar, sin embargo, la complejidad de la red que se teje en los medios de comunicación cuando se tocan aspectos empresariales lo que pone en evidencia los muchos elementos  a considerar en la actividad periodística que para los dueños es empresa, para los ciudadanos servicio y para los gobernantes ambos.

 

Detrás de la misión social del periodismo y de los medios de comunicación está el interés de ser portavoces de noticias, crónicas o reportajes, el interés por ganar credibilidad en el camino hacia el rating, los índices de lectoría o las audiencias. Algo que no puede dejarse de lado porque es parte de la subsistencia de las propias empresas generadoras de productos informativos.

 

Pero también es evidente que los medios de comunicación no son un negocio cualquiera. Prestan un servicio a la sociedad pero al igual que cualquier empresa deben pensar en el lucro, pues solo en la medida en que obtengan ingresos suficientes podrán gozar de la mayor libertad para generar contenidos de buena calidad.

 

Sin embargo, no pocas veces la calidad y la imparcialidad se ven afectadas por la ganancia empresarial. Esta paradoja envuelve cotidianamente el quehacer de los medios. La relación entre lucro y libertad informativa puede también ser vista en el sentido contrario como lucro y dependencia de los grupos que lo determinan y que pueden condicionar la libertad informativa.

 

Todo esto para decir que nada, salvo la defensa de la libertad de expresión, está claro cuando establecemos procedimientos que podrían afectar a cualquier empresa que gestiona un medio de comunicación si ésta infringe o viola la Ley. La libertad de expresión no puede ser usada como parapeto para la impunidad o el manejo poco ético de los medios y de los contenidos que difunden.

 

Si el Estado, representado por los políticos, genera desconfianza en sus intervenciones, que podrían considerarse como en el caso que comentamos como amenazantes a la libertad de expresión, hay que pensar en otras vías. Siempre será necesario respaldar la autoridad sin mellar la libertad. Podríamos pensar en una entidad como el Consejo Audio Visual que, siguiendo el modelo francés, con participación de la sociedad pueda respaldar acciones administrativas o judiciales que toquen el delicado mundo de los medios de comunicación.
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